Emergencia ante la falta de soluciones
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Los sectores productivos de Santa Cruz han declarado un estado de emergencia, una decisión que involucra a entidades como la Cámara de Exportadores (Cadex), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), así como a comerciantes, transportistas y a la industria oleaginosa. Este pronunciamiento pone de manifiesto una crisis que afecta de manera significativa a la economía de Bolivia. La situación se ha visto exacerbada por el rechazo al proyecto de Presupuesto General del Estado 2025 (PGE 2025), que los empresarios consideran carente de soluciones efectivas para los problemas relacionados con el abastecimiento de alimentos y el deterioro económico.
Los empresarios manifestaron su preocupación ante las acciones “arbitrarias” del Gobierno, que ha decidido interrumpir las exportaciones de aceite y ha intervenido de manera considerada “abusiva” a los ingenios arroceros. Estas medidas no solo ponen en riesgo la seguridad alimentaria, sino que también afectan la producción y el flujo de dólares, lo que repercute negativamente en los consumidores. En un entorno donde la economía ya enfrenta serios desafíos, las restricciones y la represión no son la respuesta adecuada.
Desde hace casi dos décadas, las políticas restrictivas del Gobierno del MAS han limitado las exportaciones, estableciendo bandas de precios y cuotas que, en lugar de resolver problemas, han aumentado la dependencia de productos importados. Actualmente, Bolivia se enfrenta al incremento de los precios y la falta de dólares, en un clima de incertidumbre económica. El sector privado ve necesario implementar políticas fiscales, monetarias y cambiarias que atiendan el desequilibrio macroeconómico ocasionado por decisiones gubernamentales equivocadas que han incentivado el contrabando.
En este contexto, los sectores productivos hacen un llamado firme al Gobierno. Exigen que se rechace el proyecto de PGE 2025 en su forma actual, a menos que este contenga medidas concretas para abordar la crisis económica que afecta a la población. Entre sus solicitudes, destaca la eliminación inmediata de la cláusula transitoria séptima, que consideran dañina. También demandan un marco de seguridad jurídica que permita reactivar la inversión y fortalecer las cadenas productivas, eliminando decisiones arbitrarias como la prohibición de exportaciones y la confiscación de productos. El decomiso del Gobierno no se resuelve pagando ‘precio justo’ al agricultor sin tomar en cuenta sus costos.
Un aspecto crítico es la necesidad de solucionar el desabastecimiento de diésel, un insumo esencial para el funcionamiento de la producción agrícola y ganadera. Sin ello, la capacidad de producción del país se ve severamente comprometida, afectando tanto a los productores como a los consumidores.
La declaración de emergencia refleja un compromiso decidido por la defensa de la seguridad alimentaria y los derechos de las familias bolivianas, así como por la estabilidad económica del país. Deja en evidencia que las decisiones políticas deben ser diseñadas con cuidado para no debilitar aún más los cimientos productivos de Bolivia.
Por último, las instituciones involucradas han instado al Gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa a priorizar soluciones que favorezcan a todos los bolivianos. A través de la generación de empleos y al fortalecimiento del aparato productivo, estas organizaciones del sector privado buscan construir un país más equitativo y próspero. La situación actual requiere decisiones y un cambio en las políticas económicas; de lo contrario, el futuro de la economía boliviana podría enfrentar desafíos más urgentes.
