Empresarios dicen que ley de ganancias ilícitas causa incertidumbre al sector

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) se sumó a las observaciones contra el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales. Ese sector empresarial puso en la mesa cinco objeciones a esta iniciativa. Dentro de esas inquietudes están la intención de control total del Gobierno, que generan incertidumbre al sector empresarial.

Hasta el martes había una decena de sectores que estaban en contra de esta iniciativa. Ayer se sumaron los empresarios de Cochabamba, que no solo observan el proyecto de ley de ganancias ilícitas, sino también otras dos leyes: la de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción y la de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Además, objetaron el proyecto de ley de Registro de Comercio.

Sobre el proyecto de ley de ganancias ilícitas, el presidente de la FEPC, Luis Laredo, dijo que están “preocupados porque las normas y proyectos de ley que impulsa el Gobierno contienen preceptos que vulneran, limitan y restringen derechos de los ciudadanos. Además, causa preocupación porque están enfocadas en fortalecer el poder y el aparato estatal generando incertidumbre en el sector formalmente establecido. También generará cierre de empresas, afectando la inversión”.

Los privados cuestionan que el Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales (Conal) -que según la norma es la máxima instancia para implementar la estrategia de lucha contra los delitos contemplados- está compuesto por seis instancias del Gobierno: los ministerios de Economía, de Gobierno, de Defensa, de Justicia y de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado. La Fiscalía General del Estado también es parte de este Consejo y la vinculan como un brazo del Ejecutivo.

“Esto incrementará sustancialmente sus facultades de acción y control en el país por parte del Gobierno”, afirmó Laredo en una conferencia de prensa.

El martes, representantes del sector gremial anunciaron que iniciarán movilizaciones en todo el país, a partir del 11 de octubre en contra del proyecto de ley, mientras que los mineros adelantaron que rechazan la ley porque se prestará como instrumento de persecución política.

Los empresarios cochabambinos también observan que se incrementan las facultades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). “(Se amplían sus atribuciones) pudiendo no solo investigar, sino también requerir información sin necesidad de orden judicial, lo que vulnera el artículo 25 de la Constitución”.

Tercera objeción

“Se levanta el secreto de confidencialidad profesional y el de algunos profesionales independientes -abogados, contadores, prensa y otros- calificados por esta norma como sujetos obligados a dar información, lo que vulnera el artículo 25 de la Constitución”, es la tercera observación de los empresarios de Cochabamba.

También cuestionan a los “sujetos obligados” a dar información sobre presuntos hechos ilícitos dependan de una entidad vinculada al Gobierno, ya que estas personas serán las que establezcan las sanciones.

Por último, los empresarios observan el pago económico a personas que serán informantes. “Esta figura genera preocupación ante un sistema judicial observado donde no existe confianza de la población a instancias judiciales, motivo por el que esta norma está siendo cuestionada”, termina el comunicado de los empresarios.

Además, Laredo afirmó que están en observación las leyes de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción y la de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Además del proyecto de Ley de Registro de Comercio.

“No existe un justificativo lógico que respalde esta decisión, siendo la concesión administrativa una figura jurídica valiosa para trabajar con el Estado desde el sector privado, impulsando relaciones estratégicas en beneficio de la población. Proponemos que el registro de comercio esté administrado por un directorio público-privado”, dijo Laredo sobre el proyecto de ley de Registro de Comercio, que tiene como fin que Fundempresa pase a control del Gobierno.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que la oposición infunde miedo en la población sobre el proyecto de ley de ganancias ilícitas con base a “mentiras y sofismas”. “De hecho, los bancos, las entidades financieras, que son los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, ya lo vienen haciendo hace muchos años; jamás un oficial de crédito dice ‘dónde están tus facturas’”, dijo la autoridad.

El expresidente Carlos Mesa consideró que esta iniciativa es un “instrumento de chantaje”.