Un sector del transporte pesado anunció para el viernes la realización de una “cumbre social” por el diésel. Los surtidores privados tendrán la opción de ofrecer diferentes tipos de gasolina, diésel subvencionado y diésel importado

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19 de noviembre de 2024, 7:47 AM
19 de noviembre de 2024, 7:47 AM

A pesar de que la escasez de gasolina se soluciona a cuentagotas, la crisis del diésel todavía mantiene en emergencia a varios sectores. Los conductores son los más perjudicados, algunos llevan más de dos semanas haciendo fila en los surtidores, mientras Gobierno y empresarios se comprometieron -hasta el miércoles- definir cómo se establecerá el precio referencial que regirá para la comercialización de los combustibles importados por el sector privado.

El Ministerio de Hidrocarburos y los empresarios acordaron ayer fijar una tarifa referencial -aún por definir-, para la importación de combustibles sin subvención por parte de sectores privados. Además, se acordó establecer una ventanilla única para agilizar el trámite para las compras que realizarán los inversionistas.

En conferencia de prensa, el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, manifestó que la reglamentación del decreto de libre importación de combustible, será publicada hasta este miércoles.

“Las gestiones para la importación de hidrocarburos ya pueden hacerlas los privados, nosotros la reglamentación de acuerdo al plazo que tenemos según el decreto, tenemos hasta el día miércoles pero la reglamentación del Ministerio de Hhidrocarburos ya está casi lista, lo mismo de Sustancias Controladas, entonces, entre hoy y mañana, a más tardar el miércoles ya lo vamos a publicar”, señaló Hurtado.

Aparte del precio referencial, el encuentro, también se centró en otros dos puntos que son la implementación de una ventanilla única y la flexibilidad para surtidores privados.

El primer acuerdo establece un precio referencial para la importación de combustibles. Este precio será determinado mediante una metodología definida por el Gobierno, que incluirá costos del producto y de logística.

Mientras que el segundo punto, establece la creación de una Ventanilla Única para Trámites. Con el objetivo de agilizar los procesos de importación de combustible, se acordó establecer una ventanilla única en la distrital de YPFB en Santa Cruz. Esta ventanilla, ya operativa, facilitará el proceso a las empresas interesadas, reduciendo el tiempo y las trabas burocráticas.

Y el tercer acuerdo, establece la flexibilidad para el sector privado. De esta forma, los surtidores privados tendrán la opción de ofrecer diferentes tipos de combustibles, como gasolina, diésel subvencionado, y diésel importado.

En la reunión participaron representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc).

Para los empresarios, el Decreto 5271 “se trata de una medida de emergencia, parcial, temporal y voluntaria que busca paliar los efectos de un problema muy grave en la compra y distribución oportuna de carburantes, que ocasiona serias dificultades a los sectores productivos y de transporte”.

El Gobierno nacional reiteró su compromiso de mantener la provisión oportuna, eficiente y suficiente de carburantes subvencionados a todos los sectores que así lo demanden, especialmente al transporte público de carga y pasajeros.

La CEPB socializará los acuerdos alcanzados con el Gobierno con sus sectores, “planteando los ajustes que sean necesarios” y espera que el reglamento que se elabore sea publicado a la brevedad posible, señaló el sector.

“Nosotros, desde el empresariado en Santa Cruz, hemos visto claramente que la predisposición ha estado permanentemente sobre la mesa, tanto del sector público como del sector privado, para lo cual creemos que esa es la forma en cómo se arriba a los grandes acuerdos, los cuales benefician a toda la población”, explicó Óscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.

El sábado, luego del encuentro entre el Gobierno y sectores afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en Santa Cruz, el sector estatal se comprometió a entregar, desde ayer, 2,7 millones de litros de diésel diaria a los sectores productivos de Santa Cruz.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aclaró que, en coordinación con cisternas y estaciones de servicio, se trabajará en un cronograma de distribución, mediante estaciones de servicio móviles.


Bloqueos del transporte

El miércoles también se cumplen los 10 días de plazo que se fijó el Gobierno para solucionar la escasez del diésel, pero a pesar de la promesa, los transportistas volvieron a presionar al iniciar, nuevamente desde este lunes, bloqueos en Montero y Buena Vista, en la ruta a Cochabamba. También en algunas zonas de la ciudad se cortaron avenidas en torno a los surtidores, donde el tráfico vehicular se vio afectado.

El presidente de la Asociación del Transporte Internacional (Asociatrin), Marcelo Cruz, manifestó que el Gobierno “no tiene la más mínima intención de solucionar” y más bien pide que la población ajuste sus bolsillos.

“Es por eso que este fin de semana sectores del transporte urbano, pesado, pasajeros, mototaxistas, la sociedad civil, han determinado realizar una cumbre social para el día viernes (...). Me preocupa porque el discurso del Gobierno, desde febrero del 2023 en vez de mejorar, ha empeorado”, dijo Cruz en una entrevista con Radio Panamericana.

Cruz señaló que algunas estaciones están recibiendo apenas 10.000 litros de combustible al día, suficiente para abastecer únicamente entre 20 y 25 camiones. El dirigente denunció una distribución desigual, en comparación con las estaciones estatales, que reciben entre 40.000 y 60.000 litros. Esta falta de criterio en la asignación, según el dirigente, está provocando largas filas y paralización de actividades en muchos puntos del país.

Entre las posibles soluciones planteadas, Cruz mencionó la libre importación de combustible como una alternativa para resolver el problema. Sin embargo, advirtió que el Gobierno debería tomar decisiones más estructurales, como ajustar las políticas económicas y revisar los precios regulados.