Las autoridades nacionales niegan rotundamente la presencia de cárteles de narcotráfico en territorio nacional. Sin embargo, una revisión de los informes policiales y de medios nacionales dan cuenta que en el país estarían presentes miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico, sobre todo en el oriente donde se reportaron nueve acribillamientos este año. La preocupación crece en Santa Cruz y piden al Gobierno dar certeza, además de redoblar esfuerzos para combatir este ilícito internacional.

En junio de 2019 fueron revelados informes de la Policía Boliviana sobre un plan de seguimiento a integrantes del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), ambos de Brasil, a miembros de los cárteles colombianos de Medellín y del Norte del Valle

Además, fue detectada la presencia de los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Tijuana. A estas organizaciones se sumó la Ndrangheta calabresa, una de las mafias italianas más sanguinarias.

El entonces viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, y ex zar antidroga Maximiliano Dávila, este último ahora detenido, negaron tales afirmaciones.

Pero tres años más tarde, en enero pasado, luego de la detención de Dávila, el entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco, develó disputas del Comando Vermelho y el PCC en el municipio fronterizo de San Matías.

“Ciudadanos brasileños dedicados al ilícito de sustancias controladas ingresan a territorio boliviano, la disputa es entre el Comando Vermelho y el PCC para tomar control de nuestra amplia frontera”, alertó la autoridad policial que fue destituida en abril.

Recientemente, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que organizaciones criminales de Brasil intentan asentarse en Bolivia. Aunque no especificó los delitos que cometen.

Como una de las zonas más vulnerables se detecta el municipio cruceño de San Matías, donde se registraron 10 asesinatos entre enero y diciembre de este año. Las dos últimas personas acribilladas fueron un empresario y su ayudante que se encontraban cerca a la plaza principal, al interior de un inmueble.

Hasta octubre de este año, en Bolivia se registró una serie de personas acribilladas, en su mayoría por ajustes de cuentas relacionadas con el narcotráfico. Un común denominador es que al menos ocho víctimas estuvieron relacionadas con el PCC, que es una de las principales organizaciones criminales de Brasil dedicada al tráfico de drogas y de armas.

En mayo, el periodista Josmar Jozino, del portal UOL, reportó que uno de los líderes de PCC, Marco Roberto de Almeida, alias Tuta, había ingresado a Bolivia para operar, pero había sido secuestrado. Sin embargo, esa información fue descartada por el Gobierno.

Sobre el cártel de Cali y de Medellín, según un informe de la Policía al que accedió EL DEBER estas organizaciones operan en Bolivia desde la llegada del emisario Célimo Andrade, quien se involucró con la familia beniana Lima Lobo en los años 80. Tras la captura de Andrade en 1992, los Lima Lobo habían conformado la banda Mariposa, que fue desbaratada en 1995.

Sin embargo, el nombre del clan cobró notoriedad en 2017, cuando la Justicia de Brasil solicitó la extradición de Einar Lima Lobo, con sello rojo por el delito de tráfico internacional de drogas.

La preocupación por la posible presencia de cárteles en Bolivia se incrementó por los indicios hallados en el Parque Noe Kempff, donde murió un policía en un operativo antidroga. El fiscal Fernando Mejía informó que encontraron escrito en la tierra la palabra “FARC” haciendo referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Posteriormente, las autoridades desmintieron este hecho.

Para el diputado Saúl Lara, de CC, el Gobierno no admite que la presencia de estos grupos armados responde a los “cárteles del narcotráfico que operan en Bolivia”.

“El Gobierno no dice que la presencia de ciudadanos mexicanos, brasileños y colombianos en el país es la constatación de la presencia de carteles de narcotráfico en Bolivia”, sostuvo Lara.

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