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25 de junio de 2024, 4:00 AM
25 de junio de 2024, 4:00 AM

La tenencia de tierras de los pueblos indígenas originarios ha sido, en teoría, una prioridad para el Estado boliviano desde mucho antes de que el MAS se instalara en el poder. La Ley INRA de 1996 ya reconocía la titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Con la llegada del MAS al poder, se esperaba que su política indigenista fortaleciera lo anterior, especialmente porque la Constitución de 2009 reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales.

A pesar de este impulso político y jurídico, numerosos pueblos indígenas de tierras bajas aún no tienen territorio. Este es el pecado mortal del Estado Plurinacional, que se ha jactado de favorecer a los habitantes ancestrales del suelo americano.

EL DEBER, en un reportaje reciente, revela que parte de los pueblos tsimanes, esse ejja, ayoreos, yuquis y sirionós están en una situación de alta vulnerabilidad, ya que no cuentan con un territorio legalmente reconocido. No se han beneficiado de la titulación de sus tierras y tampoco tienen servicios básicos.

Además, los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial “han sufrido persecución y han ido recorriendo hasta darse cuenta de que no tenían dónde más ir, quedando en sectores dispersos”, explicó una abogada de la Fundación Tierra.

Se ha evidenciado que integrantes de estos grupos vulnerables han muerto o desaparecido a manos de avasalladores e interculturales, quienes invaden sus territorios y hasta les prenden fuego a sus casas. En estos territorios, supuestamente destinados para pueblos indígenas originarios, hay que pedir permiso y pagar “peaje” para acceder.

La misma especialista cuestionó al INRA por haber declarado esas zonas como tierras fiscales, con tsimanes incluidos. Es decir, han otorgado resoluciones de asentamientos a grupos como los interculturales con los originarios adentro. Para ella, esta es una forma de esclavismo.

El espíritu de la normativa que creaba y protegía los ahora llamados Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) era que las comunidades originarias vivieran en armonía en su hábitat natural, preservando su cultura y tradiciones y garantizando su sostenibilidad. Sin embargo, la realidad es que los nuevos colonizadores arrasan con el bosque, desplazan con violencia a los originarios y contaminan los ríos. Esta lógica agraria y extractivista destruye el sueño de pueblos originarios, que son nómadas por esencia y viven de la recolección, caza y pesca.

Según el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), la demanda histórica de los pueblos indígenas era de 36 millones de hectáreas, que debían titularse desde 1996. Hoy, casi 30 años después, solo se han logrado titular 24 millones de hectáreas. Faltan 12 millones, pero el país solo tiene 7 millones disponibles. Y se teme que esta extensión reducida termine favoreciendo a los interculturales y a intereses agroindustriales y mineros. La deuda con los pueblos indígenas de tierras bajas está lejos de ser saldada.

Bolivia ha avanzado significativamente en el reconocimiento legal y constitucional de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, pero la implementación y protección efectiva de estos derechos se han quedado cortos, principalmente debido a los avasallamientos y los conflictos de uso de la tierra por intereses políticos y económicos. La lucha por la protección de tierras y la autonomía indígena continúa siendo una quimera para numerosos pueblos de tierras bajas. Urge corregir el rumbo.

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