En Guayaramerín el contrabando cuenta incluso con servicio de delivery

Observar a los “peque peque” (canoas con motores pequeños de entre seis y nueve caballos de fuerza) cruzar el imponente río Mamoré, cargados con productos de contrabando, desde Guajará-Mirim en la orilla brasileña hasta Bolivia, se ha convertido en algo tan rutinario en la ciudad de Guayaramerín como cocinar.

Y es que, la devaluación del real (un real equivalía a Bs 1,35 al momento de redactar esta nota) ha ocasionado que muchos productos brasileños (desde alimentos hasta electrodomésticos) sean muy asequibles para los consumidores y comerciantes bolivianos, que los venden en otras partes del Beni, como ser San Joaquín, Reyes e incluso Trinidad.

Por ejemplo, un paquete de 15 cervezas en lata de la marca Skoll de 219 ml cuesta máximo Bs 40 en territorio brasileño y Bs 55 en Guayaramerín, mientras que una lata de Paceña de 355 ml cuesta entre Bs 8 y 10. En tanto, el kilo de pollo brasileño tiene un precio de Bs 12, mientras que el nacional (si es que llega), se cotiza en el mejor de los casos entre Bs 16 y 18.


Contrabando en Guayaramerín. Foto. Jorge Ibáñez 

La internación de artículos desde el vecino país es tan sencilla que incluso se dispone de una especie de servicio de delivery. Los comercios brasileños ponen a disposición de sus clientes bolivianos sus catálogos digitales para que estos hagan sus pedidos. El pago y la entrega se realiza a través de los “peque peque”.

Cabe explicar que, si bien el contrabando no es una actividad reciente en Guayaramerín, debido a que por temas de logística y costos es más factible adquirir productos desde Brasil que hacerlo desde otras ciudades del país, como Santa Cruz (que está a 1.531 km de distancia), se ha convertido en un motivo de preocupación para las autoridades en el último tiempo.

¿La principal razón? es un problema social. Así lo señaló Ylonka Saucedo, presidente del Concejo Municipal de Guayaramerín, quien considera que la única manera de enfrentar el contrabando es con políticas exclusivas de parte del Gobierno central.

“En Guayaramerín no hay fuentes de empleo. La gente tiene que buscar la forma de llevar alimentos a su casa a diario. No hay industrias ni empresas, solo comercio. Los brasileños vienen y compran ropa y víveres y los bolivianos desde alimentos procesados hasta electrodomésticos”, dijo Saucedo.

Otros factores que empeoran la situación, según la concejal, es el alto costo de la energía eléctrica (a Bs 3,75 por kWh) y el bono de frontera (un adicional del 20% al salario mínimo nacional) que se paga a los trabajadores de la zona. Para cambiar esta realidad, la concejala sugiere convertir a Guayaramerín en zona de libre comercio.

Consultado sobre el reclamo del precio de la electricidad en Guayaramerin, ENDE Beni indicó que en esa ciudad se paga lo mismo que en otras urbes benianas.

Además, recordaron que desde hace más de un año rige una nueva escala tarifaria para consumo de electricidad en ocho departamentos del país, entre los que se encuentra el Beni. La nueva escala significa hasta un 55% de rebaja en la tarifa eléctrica para consumidores de más de 1.000 kWh/mes en la categoría domiciliaria.

Ardua labor

La frase: “La necesidad tiene cara de hereje”, podría aplicarse a lo que ocurre en Guayaramerín, según las personas que se dedican a la internación ilegal de productos.

El contrabando no es algo que se realiza a gran escala en Guayaramerín como quieren hacer ver, justifica Mayerli Pereyra, dirigente de una de las asociaciones de “peque pequeros” (así se denominan a las agrupaciones que los aglutinan), a tiempo de señalar que la falta de acciones por parte del Gobierno central para fomentar emprendimientos hasta a los profesionales a dedicarse a esta actividad. 

“Si alguien del Gobierno me dice venga a trabajar en esta empresa no me estaría quemando todo el día en el sol. No tenemos trabajo”, manifestó Pereyra, a tiempo de indicar que existen cinco asociaciones de “peque pequeros”; sin embargo, las autoridades señalan que existen 11, conformadas por unas 1.000 familias.

Pereyra generalmente se asienta en la orilla brasileña del río Mamoré, donde espera la carga de los clientes para subirla en el “peque peque” que opera junto con su esposo y sus hijos. En ese lugar existe una especie de toboganes (entre cuatro y cinco) que facilitan el traslado de los productos desde los camiones a las canoas. Los “peque pequeros” aseguran que fueron las empresas brasileñas las que los instalaron.

Las canoas de los “peque pequeros” miden aproximadamente 10 metros de largo y un ancho de entre 1,60 y 1,80 metros. Su fabricación tiene un costo que oscila entre los Bs 6.000 y 7.000. Pueden transportar hasta 5.000 kilos por viaje. La competencia es feroz, ya que además de las asociaciones de “peque pequeros”, existe transporte legalmente establecido que cobra Bs 15 para cruzar desde Bolivia a Brasil y Bs 20 para el retorno. De igual manera, permite transportar productos brasileños, aunque no en gran cantidad.

Aunque pareciera un negocio redondo, ser “peque pequero” no es sencillo. Así lo indica Dabeiba Becerra, presidenta de la Asociación 18 de Noviembre. “Cobramos Bs 1 por el transporte de cada caja de cerveza o paquete de otros productos. De esa cantidad, le pagamos 50 o 60 centavos al estibador (cargador o “canchador” como se lo denomina en Guayaramerín). Ganando 40 centavos, pero no todos los días hay carga”, dijo.

Según Becerra, en un buen día de trabajo se puede llegar a ingresar solo entre Bs 160 y 200, de los cuales hay que pagarle su parte a los estibadores. Esto, dice, sumado a la imposibilidad para realizar la póliza de mínima cuantía (límite de $us 2.000 para la internación de mercancías al país), lo que convierte su labor en poco rentable.

De igual manera, los estibadores señalan que su actividad apenas les permite subsistir. Alejandro Rojas, que realiza esa labor desde hace más de 30 años, dijo que, en el mejor de los casos, cuando la carga es fierro u otro producto pesado, cobra entre Bs 5 y 10 por descargarla del “peque peque” y subirla al vehículo que lo transportará hasta su lugar de destino.

Tanto “peque pequeros” como estibadores señalaron que sus labores se vieron afectadas el año pasado por el cierre de la frontera y que luego de la suspensión de las restricciones, el movimiento no es igual a antes de la pandemia.

Cerveza es uno de los productos que más ingresa de forma ilegal a Bolivia. Foto. Jorge Ibáñez

La importación legal, con poca supervisión

Si bien en Guayaramerín hay oficinas de la Aduana Nacional y existe personal Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) para controlar el ingreso de camiones con mercadería legal desde Brasil. Esa labor es llevada a cabo de forma esporádica.

Cerca de las 9:00 del martes, EL DEBER observó cómo un camión que retornaba de dejar carga en Bolivia subió a la barcaza que lo llevaría a Brasil, sin que ningún personal de alguna de esas entidades gubernamentales apareciera para dar el visto bueno. Una hora más tarde ocurrió exactamente lo mismo con el ingreso de un camión.

Al preguntarle al personal de la Aduana sobre la disponibilidad del encargado de la oficina para hablar sobre las labores que realiza la entidad en Guayaramerín, éste indicó que toda consulta debe hacerse a la directora nacional.

La falta de control por parte de la Aduana también se pudo evidenciar en la tranca ubicada en la carretera que conecta Guayaramerín con Riberalta, por donde transitan las mercaderías desde la primera hasta la segunda ciudad.

“El paso de las vagonetas con carne de pollo brasileño y otros productos es permitido sin problemas. Solo controlan algunas veces a los camiones”, explicó una fuente del lugar que pidió no ser identificada.

No obstante, es preciso indicar que la Aduana parece tener planes de fortalecer su trabajo en Guayaramerín, ya que está construyendo un edificio que funcionará como su nueva oficina.

“Un mal necesario”

Los productos brasileños de contrabando procedentes de Brasil son una especie de “mal necesario” en la ciudad de Riberalta. Y es que, al igual que lo que ocurre con Guayaramerín, por temas de logística y costos, a muchos pobladores les parece más conveniente adquirir artículos desde Brasil, que hacerlo desde otras urbes de Bolivia. Por ejemplo, la distancia entre Trinidad y Riberalta son 886 km.

Tanto Ciriaco Rodríguez, alcalde de Riberalta, como Cintia Miranda, presidenta del Comité Cívico de Riberalta, aceptan con pesar la dependencia que la ciudad tiene de los artículos brasileños, sobre todo de los alimentos, como el pollo.

También coinciden en señalar que la situación es producto de la falta de incentivos para establecer negocios formales en la zona.

Pese a ello, en Riberalta opera la Cámara de Exportadores del Noroeste (Cadexnor), conformada principalmente por empresas que se dedican a la comercialización de castaña.

Esta actividad es la principal fuente de ingresos de 70.000 familias, que constituyen cerca del 75% de la población económicamente activa de la región.