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En tres meses y diez días se dio luz verde en la comisión mixta de Justicia Plural a 20 juicios de responsabilidades contra exdignatarios de Estado, entre ellos Carlos Mesa y exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS). Estas aprobaciones avanzaron para analizar la proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Áñez, que por ahora es manejada bajo dos estrategias en el oficialismo.

El 20 de mayo de este año se aprobó en la comisión mixta el primer informe de proposición acusatoria contra una exautoridad. El denunciante es Sacha Llorenti, quien en su calidad de dirigente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), el año 2004, demandó al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a sus exministros Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Kukoc, Javier Torres Goitia, entre otros, por los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conducta antieconómica y delitos contra la libertad de prensa por los conflictos de 2003, durante la denominada guerra del gas.

Ese mismo 20 de mayo se aprobaron otros dos informes de autorización de juicio de responsabilidades: uno contra Felipe Arana Ostria, exprefecto de Chuquisaca en 2001; y Félix Patzi, exministro de Educación en la primera gestión de Evo Morales.

EL DEBER accedió al listado de los 20 informes de la comisión mixta de Justicia Plural. En el documento se detalla por qué fueron denunciados y quiénes son la parte denunciante.

La siguiente aprobación de un proceso fue el 2 de junio de este año. La comisión autorizó un juicio contra Alicia Muñoz Alá, quien fue la primera ministra de Gobierno de Evo Morales. El denunciante es Arturo Murillo, quien en 2007 demandó a Muñoz por la muerte de mineros en Huanuni, que ocurrió en 2006.

En este caso se incluye también al exprefecto de Oruro Luis Aguilar Calle y al ministro de Minería Walter Villarroel. Ambos fueron parte del MAS en la primera gestión de Evo Morales.

El 2 de junio también se aprobó el juicio contra Carlos Nicanor Cortez Aparicio, quien en 2005 era prefecto de Chuquisaca. El informe establece que el proceso se debe porque la exautoridad habría autorizado la prohibición del ingreso de mineros cooperativistas a Sucre para la vigilia de la sesión de Congreso que debía elegir a un nuevo presidente, tras la renuncia de Carlos Mesa. En ese enfrentamiento con militares hubo un minero fallecido.

El 16 de junio se aprueba el juicio contra Silvio Javier Comboni Salinas y Javier Gonzalo Cuevas Argote, exministros de Hacienda, y Jorge Berindoague Alcócer, exministro de Hidrocarburos.

Ese mismo día la comisión aprobó el juicio contra Hugo Salvatierra, exministro de Desarrollo Rural y Tierras de Evo Morales y padre de la exsenadora Adriana Salvatierra (MAS). Se lo denuncia porque no habría entregado tractores a comunidades campesinas. Esta denuncia fue interpuesta por Susana Rivero, quien fue ministra y diputada por el MAS.

El 16 de junio también se aprobó el juicio contra Sergio Medinaceli Soza, quien fue prefecto del departamento de Potosí, y contra Leopoldo Fernández, que era prefecto del departamento de Pando.

El 23 de junio se aprueba otro juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete. Esta vez por la firma de contratos petroleros con empresas extranjeras. El denunciante fue el exministro Andrés Soliz Rada. En este caso también se incluye al exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.

Contra exprefectos

Ese mismo día se aprueban otros tres informes de autorización de juicios contra los exprefectos José Luis Paredes, de La Paz; Mario Cossío, de Tarija; y David Sánchez, de Chuquisaca. Este último de filas del MAS.

El 14 de julio se aprueba otro informe contra la exministra Alicia Muñoz y otras autorizaciones contra los exprefectos Mario Cossío, David Sánchez, Ariel Iriarte y Sabina Cuéllar.

Ayer culminó la tarea de la comisión y aprobó los últimos tres informes de aprobación de juicios de responsabilidades. Se avalaron procesos contra el exministro de Gobierno Alfredo Rada, por el caso La Calancha; contra el expresidente Carlos Mesa, por el caso Quiborax, y otro contra el expresidente Sánchez de Lozada, esta vez por el caso Fondesif.

Sobre la aprobación de la acusación aprobatoria contra Carlos Mesa en la comisión legislativa, el expresidente calificó de “canallas” a los legisladores del MAS. “Una de las peores infamias del MAS, protagonizada por ministros que arrodillaron al país ante una empresa chilena y la premiaron con 42 millones (de dólares) por explotar ilegalmente el Salar, se usa de nuevo para reactivar un juicio y doblegar mi conciencia. ¡Canallas!, se equivocan de nuevo”, publicó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Mientras, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Carlos Alarcón, recordó que el propio Evo Morales emitió un decreto de amnistía en favor de dos expresidentes: Carlos Mesa y Jorge Quiroga. Ahora, dijo, el oficialismo utiliza este caso para chantajear a CC y aprobar de ese modo los juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez. “Esto es una moneda de cambio”, cuestionó.

Ahora, será el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional quien autorice o no estos 20 juicios de responsabilidades. Ahora, la comisión mixta de Justicia Plural se abocará solamente al caso de Jeanine Áñez. Sobre la proposición acusatoria contra la exmandataria, el MAS maneja dos estrategias para autorizar un juicio de responsabilidades.

La primera es aprobar el proceso con solo los dos tercios “presentes” de una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y una segunda opción es “conquistar” a 15 legisladores opositores para respaldar el proceso contra la exmandataria.

El MAS puede cambiar el orden del día de cualquier sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional con simple mayoría e introducir en agenda la proposición acusatoria de un juicio de responsabilidades contra Áñez. En esa posible sesión, el oficialismo solo necesita los dos tercios de los legisladores presentes para autorizar el proceso contra la exmandataria, según lo establece la Constitución y la Ley 044.

En este caso se puede dar que legisladores de oposición estén suspendidos o que no asistan a una Asamblea. En la pasada legislatura, el MAS cambió los reglamentos de ambas cámaras legislativas. Con esta movida se permite ahora modificar el orden del día de una sesión legislativa solo con el voto de la mayoría absoluta, que es la mitad más uno, en vez de los dos tercios que antes se necesitaban.

Según reglamento, se necesitan 85 legisladores -19 senadores y 66 diputados- para que haya quórum en una sesión. Ahora, el MAS cuenta con 75 diputados y 21 senadores, lo que le permitiría aprobar el juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez si es que solo estuvieran los legisladores oficialistas presentes en la sesión.

En caso de que el MAS logre reunir los votos necesarios, el Legislativo permitirá el juzgamiento contra la expresidenta Áñez remitiendo todo el material colectado en su investigación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Si en una primera elección no se cuenta con el número suficiente de votos para llegar a los dos tercios, se va a una segunda votación “dentro del mismo periodo legislativo”.

Al respecto, el diputado Héctor Arce (MAS) negó que el oficialismo priorice el juicio de responsabilidades contra Áñez y descartó negociaciones con la oposición, como denunciaron en CC. “Ahí se verán a los asambleístas patriotas y a los que permiten que haya masacres en nuestro pueblo”, dijo.

La otra opción

La otra opción es que el MAS conquiste al menos a 15 legisladores de la oposición -12 diputados y tres senadores- para autorizar el juicio contra Áñez. Según asambleístas opositores el oficialismo está en ese camino. José Carlos Gutiérrez, de Creemos, denunció que el MAS “ya compró” a cuatro diputados de esa alianza. Se refirió a Omar Rueda, Sandra Paz, Tito Caero y Runny Callaú, todos de Unidad Cívica Solidaridad (UCS). 
“El MAS ya se los compró hace rato a estos tipos. Están con cargos en la directiva (de Diputados) y en la comisión de Ética”, acusó Gutiérrez, quien es presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña.

Caero, a nombre de los mencionados, lamentó que Gutiérrez se refiera así a legisladores y negó que el MAS los haya contactado para lograr el voto aprobatorio de un juicio contra Áñez. “Nosotros somos diputados electos por Creemos. El juicio de responsabilidades ni siquiera se lo ha tocado en la Asamblea, no podemos tomar una posición antes de que el tema se trate en la Asamblea, porque sería adelantarse a los hechos”, afirmó Caero.

Otro de los involucrados es Omar Rueda, disidente de la alianza Creemos. El legislador lamentó las acusaciones de Gutiérrez y estuvo en la misma línea que su colega Caero: dijo que todavía no se abordó el tema del juicio de responsabilidades contra Áñez; sin embargo, recalcó que también se debe incluir a Evo Morales en la investigación.

Mientras, en la alianza CC todavía se debate una posición. El panorama cambió tras el intento de iniciar un juicio contra su líder, el expresidente Carlos Mesa.

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