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Antes de la llegada al poder del Gobierno de transición (2019-2020) la planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo ya arrastraba problemas. Los hechos, demuestran que, más allá de la cuestionada administración de Jeanine Áñez, el complejo petroquímico pasó por dificultades operativas, que generaron pérdidas económicas e incluso problemas ambientales.

Justamente estas dificultades fueron usadas por la presidencia de Áñez para paralizar el proyecto en noviembre de 2019, al considerar que arrojaba pérdidas.

Pero, tras el cambio de Gobierno, la administración de Luis Arce ordenó a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizar un informe sobre los efectos generados por la paralización de casi un año.

El resultado, una pérdida de $us 291,19 millones. El monto está relacionado al lucro cesante, los costos de paralización, reparación de equipos, entre otros problemas detectados en este estudio.

Paros

Si bien expertos consultados por EL DEBER indicaron que el Gobierno de transición realizó una pésima gestión del complejo, culparlo de todo “lo malo” sería faltar a la verdad y querer ocultar los problemas anteriores.

Inaugurado en septiembre de 2017, con una inversión de $us 953 millones el proyecto fue la punta de lanza del plan industrialización del gas del Gobierno del expresidente Evo Morales. Enclavado en Bulo Bulo, Chapare, uno de los bastiones políticos del exjefe de Estado su apertura fue pomposa.

Igual de pretenciosas fueron las metas establecidas. El complejo, junto con la planta de gran Chaco, debía generar en dos años $us 1.000 millones.

Las proyecciones iniciales aseguraban que la producción de fertilizantes sería de 2.100 toneladas diarias. Además, se preveía el abastecimiento interno y recursos por Sus 233 millones.

Las metas nunca se cumplieron. De hecho, un reporte de la consultora Gas Energy Latinoamérica (Gela) determinó que en 2018-2019 la Planta tuvo pérdidas de $us 34,4 millones.

Entre 2017 y 2019, la planta urea fue parada en cinco ocasiones. La primera ocurrió a los pocos meses de ser inaugurada.

El 11 de diciembre de 2017, el senador Óscar Ortiz, denunció que la producción de urea fue paralizada a días de ser inaugurada.

Unos días después, el entonces presidente de YPFB, Óscar Barriga, reconoció que la planta paró por problemas en un dispositivo electrónico provisto por General Electric. Luego del incidente la planta volvió a operar en enero.

Pero los problemas continuaron. El 6 marzo de 2018, Ortiz denunció una segunda paralización. Esta vez la estatal dijo que la industria se paró por mantenimiento.

En abril de ese año, ante la Asamblea Legislativa el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, reconoció que la planta estaba parada desde el 1 de marzo.

Incluso reconoció que la producción de urea no comenzó de forma inmediata debido a que se tenían que hacer pruebas.

La tercera paralización fue denunciada el 30 mayo de 2018. Esta vez, según la denuncia de Ortiz, la planta dejó de operar por una fuga de productos y aseguró que incluso existían daños estructurales. Esto fue negado inicialmente por Sánchez, pero luego desde YPFB admitieron que una fuga de amoniaco obligó a apagar los equipos.

Meses después el sitio de noticias Money, reveló una cuarta paralización. El reporte señala la hora y la fecha: las 22:40 del 18 de noviembre 2018. El motivo: fallas del compresor tipo turbina de aire de la planta de amoniaco.

En marzo de 2019, este mismo sitio web informó de una quinta paralización. El medio citó un problema grave en la turbina de compresión de aire que obligó a la petrolera a realizar un paro programado por 17 días.

En mayo de ese año, una vez subsanados estos problemas YPFB programó ingresos por más de $us 120 millones por la venta de urea al mercado interno y externo.

La sexta paralización llegó en noviembre en un comunicado de prensa, la nueva administración de YPFB, informó que el 12 de ese mes, el suministro de gas natural a la planta se cortó debido a un atentado contra el ducto por donde la petroquímica se provee del recurso, extraído desde el campo Carrasco (Cochabamba).

“Pero luego de esto la administración del Gobierno de transición fue nefasta”, asegura el especialista, Hugo del Granado.

El experto sostiene que el anterior Gobierno no supo reorientar el rumbo del complejo. No obstante, asegura que es faltar a la verdad culparlo de todos los problemas que acumuló la industria.

Para el especialista es necesario recordar que, durante el Gobierno de Morales, el complejo sufrió pérdidas y muchos problemas.

Es más, señaló que “los estados financieros de 2018 ya reflejaban pérdidas por $us 54 millones”.

“Arrojaba pérdidas porque no pudieron hacerla operar más allá del 30% de su capacidad; por problemas técnicos, falta de mercado y el elevado costo de transporte”, dijo.

A estos problemas se sumaron los daños ambientales. Pues en 2018, varios pobladores de Bulo Bulo denunciaron que la fábrica contaminó un río y generó la mortandad de peces y ganado.

Ese año EL DEBER recogió el testimonio de varias personas del lugar que incluso denunciaron el encubrimiento de autoridades locales. Luego un reporte de Los Tiempos reveló que el municipio ocultó estudios de laboratorios que confirmaban la contaminación.

No obstante, YPFB aseguró que no se produjo ningún daño ambiental en la zona.

Hay que mirar al futuro

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, señaló que existe una responsabilidad compartida entre el Gobierno de Áñez y el de Morales. Recordó que entre 2018 y 2019, el complejo no pudo operar más allá de un 40% de su capacidad instalada “lo cual no es normal” porque debió trabajar a un 80%.

“La operación ya comenzó irregular durante 2018-2019 porque funcionaba parcialmente, no había control”, aseguró.

Después de la renuncia de Morales, según Ríos, “llegó el Gobierno de transición que no hizo las cosas nada bien, despidieron gente. Realmente fue un manejo muy deficiente de lo que es la planta de urea porque no hicieron un diagnóstico completo”.

La exautoridad sostiene que es necesario “dejar de mirar al pasado y ver cuánto va a costar la refacción de la planta y hacer contratos de urea para tener mercado”.

En este contexto, dijo que se deben firmar precontratos “para suministros continuos y se tiene que ver si con esos costos YPFB puede ganar plata, sino hay que cerrar la planta”.


 


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