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Prioridad en la dotación de tierra, impuestos bajos, megaproyectos con inversiones millonarias en sus zonas y el respaldo abierto del Estado, esto han tenido varios sectores que de forma pública respaldaron la gestión del expresidente Evo Morales y cuyo legado político continúa el ahora presidente Luis Arce Catacora.

Afirmar esto puede sonar exagerado, pero revisando los datos, se evidencia que lo expresado es una realidad. Existen sectores privilegiados y otros no.

Dentro de este grupo se encuentran los mineros, campesinos e interculturales, comerciantes y cocaleros. Este último sector es la columna vertebral y constituye el ala dura del partido de Gobierno.

Poca renta y grandes ingresos

Entre los primeros sectores favorecidos por el llamado ‘proceso de cambio’ está el minero. De acuerdo a los datos del Ministerio de Minería, extraídos de su último informe de rendición pública de cuentas, durante la gestión de Morales, la actividad extractiva se vio favorecida con grandes ingresos por concepto de exportaciones.

Entre 2006 y 2019, el valor promedio de la producción minera llegó a $us 3.056 millones. No obstante, la renta promedio generada por el sector fue de $us 299 millones, lo que representa un 9,7% del valor producido.

La renta minera corresponde al pago de patentes, regalías, impuestos y la participación de la Comibol en contratos de asociación con empresas privadas.

La Ley Nº186, promulgada en 2011, establece un régimen de tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado para la venta de minerales y metales en su primera fase de comercialización.

Esta norma, según economistas consultados por Dinero, favorece a sectores como los cooperativistas mineros.

“Los cooperativistas tributan bajísimo y tienen ingresos altos. Son asociaciones de lucro, pero se constituyen en uno de los apoyos políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Es un sector privilegiado del que no se habla”, cuestionó el economista Napoleón Pacheco.

Según un estudio realizado por Fundación Jubileo se confirma que no todos los operadores pagan impuestos. Por ejemplo, las cooperativas no abonan el tributo a las utilidades, por lo que la mayoría de los ingresos tributarios corresponde a las empresas, privadas y del Estado.

Pero desde el Ministerio de Minería indicaron que las cooperativas -de acuerdo al parágrafo I del artículo 369 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014 Ley de Minería y Metalurgia-están reconocidas como actores productivos del sector.

“En su condición de cooperativas mineras, están sujetas al cumplimiento de las obligaciones tributarias que por ley les compete”, indicaron desde el ministerio.

No obstante, el economista Germán Molina, sostiene que existen 50.000 cooperativistas mineros que son favorecidos con la exportación de minerales, pero están exentos del pago de impuestos, lo que los constituye en un sector privilegiado.

Sin embargo, esa cartera de Estado aseguró que “el aporte de ese sector por regalías en 2018 fue de $us 61,6 millones, en el año 2019 fue de $us 69,87 millones y el 2020 fue de $us 47,85 millones, lo que refleja una importante contribución del sector por concepto de regalías mineras que tienen como destino al departamento productor (85%) y al municipio productor (15%)”.

Molina explica que el país centra sus exportaciones en los sectores tradicionales de la minería y los hidrocarburos; sin embargo, es este último es el que más utilidades genera al Estado por concepto de recaudación impositiva, pese que las exportaciones mineras son mayores.

En el último año de Evo Morales en el poder las exportaciones del sector llegaron a $us 4.254 millones, pero la renta que cobró el Estado fue de $us 587 millones.

El diagnóstico de Jubileo sostiene que la renta minera actual es baja. “Para incrementarla se podrían aumentar las tasas de regalías o impuestos; pero, en ese caso, se corre el riesgo de hacer no rentables a varias operaciones, más aún si el precio de los metales continúa bajando”, afirma.

El sector incluso ha sido cuestionado por los problemas medioambientales, que fue denunciado por activistas y ONG.

Desde el ministerio admitieron un alto grado de incumplimiento y vulneración de la normativa ambiental en el sector, por la informalidad, “los costos elevados en la elaboración de los instrumentos de regulación a través de los cuales se le otorgará al operador minero la licencia ambiental”.

“Se advierte la importancia de actualizar e innovar la matriz y la aplicación de los sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental y Control de la Calidad Ambiental”, expresaron desde ese despacho.

Megaobras y Bs 5 de impuestos

El sector cocalero es otro de los más favorecidos. En la zona del Chapare, y específicamente en los municipios de Chimoré, Colomi, Puerto Villarroel, Shinahota, Villa Gualberto Villarroel y Villa Tunari, se realizaron 417 proyectos por Bs 1.422 millones, según un informe del Ministerio de la Presidencia difundido en 2020. Estas obras corresponden al programa Bolivia Cambia Evo Cumple, correspondiente al periodo 2011-2019.

En la zona también se realizaron proyectos hidrocarburíferos como la planta de Bulo Bulo, que demandó una inversión de $us 955 millones y que fue emplazada en localidad de Bulo Bulo, del municipio de Entre Ríos.

Por años, la actividad de los productores de coca en esa zona ha sido cuestionada. Recientemente parlamentarios opositores exigieron que el sector pague impuestos después de que el Gobierno lanzara una norma para cobrar el impuesto a las grandes fortunas.

Para los cocaleros haremos un proyecto de ley, para que tributen, hay que cuantificar los montos; es un impuesto especial para la coca. En el proyecto se planteará un tributo de acuerdo con la producción de coca, al precio y otros factores”, anticipó el parlamentario opositor José Carlos Gutiérrez.

La respuesta a este cuestionamiento no se hizo esperar. El senador y productor de coca, Leonardo Loza, sostuvo en noviembre del año pasado que los cocaleros pagan Bs 5 por 50 libras (lbs) de coca y la unidad de la misma se vende entre 12 y 15 bolivianos en el mercado de Sacaba (Cochabamba). Es decir, tienen una ganancia de Bs 600 a 750, de la cual descuentan el 0,83%.

Loza informó que en esta región hay 7.200 hectáreas de coca y 48.000 productores y “todo en base a la Ley General de la Coca, promulgada en 2017.

El senador sostuvo que incluso su sector está abierto a pagar más impuestos previo debate dentro de la Cámara Alta.

No nos corremos, si en algún momento hay que debatir vamos a debatir. A veces la derecha, que tanto daño ha hecho al Trópico de Cochabamba, cree que nos estamos enriqueciendo con el tema del cato de coca, por supuesto que no; eso es totalmente falso”, dijo.

Según las normas nacionales, las empresas, pequeñas y medianas compañías, además de otros negocios formales, pagan el 13 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA). A esto se suma el Impuesto a las Transacciones (IT) del 3% y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del 25%.

Otros sectores beneficiados en la gestión de Morales fueron los campesinos e interculturales, que abiertamente manifiestan su afinidad al MAS. Entre ambos tienen la mayor cantidad de tierra titulada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Según el último reporte de rendición de cuentas de la institución ambos sectores poseen el 28% de la tierra saneada.

Esto equivale a 24,8 millones de hectáreas tituladas en todo el país. Por otro lado, el sector empresarial, tiene el 15% de la tenencia (13,6 millones de hectáreas).

Gustavo Terrazas Moscoso, como viceministro de Tierra, dijo que durante el Gobierno de transición (2020) se verificó que las carpetas priorizadas para la distribución de tierras pertenecían a los interculturales.

“Se intentó cambiar el lineamiento de acuerdo a lo que dice la Constitución y las normas”, justificó la exautoridad.

Para consultar sobre este tema se envió un cuestionario al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pero hasta el cierre de edición no contestaron las consultas.

Un experto en gestión pública, que pidió la reserva de su nombre, sostuvo que Morales alentó el desarrollo de estos sectores con el objetivo de tener una clase media que respalde a su partido.

Estos sectores, antes eran empobrecidos, pero ahora tienen recursos. Son la clase media que sostiene al MAS, que lograron beneficios y ahora no quieren perderlos”, sostuvo el experto.

A su vez, Molina sostiene que es necesario “ampliar la base tributaria incluyendo a sectores como los cooperativistas mineros, los productores de hoja de coca y el sector informal”.

Además, precisó que es necesario incorporar al departamento de Pando al sistema tributario, que lleva 20 años libre de pago de impuestos de diferente índole.

También se hicieron gestiones para tener la versión del Ministerio de Economía y Finanzas, pero desde esa cartera de Estado indicaron que no podían contestar el requerimiento de EL DEBER.


El sector comercial es el que más aporta al SIN
Según el informe de ingresos tributarios del Ministerio de Economía y Finanzas, la actividad con mayor participación en la recaudación tributaria de mercado interno durante 2019, fue el sector comercial con un monto de Bs 5.592 millones.

En segundo lugar, se ubica los servicios financieros que alcanzó a Bs 3.116 millones; en tercer lugar, se destacan los servicios a las empresas con un monto de Bs 2.664 millones y, en cuarto lugar, bebidas con Bs 2.453 millones. Estas cuatro actividades representan el 46,1% de la recaudación tributaria de mercado interno, según la estadística oficial del Gobierno.

Por otro lado, la recaudación de mercado interno, sin considerar las actividades de petróleo crudo, gas natural y productos de refinación, denota una variación positiva del 1,3% con relación a la obtenida en la gestión 2018.

Es importante destacar que en la gestión 2019 la recaudación en efectivo de la actividad de minerales metálicos y no metálicos reflejó un resultado positivo del 79,4%, pasando de Bs 1.105 millones en 2018 hasta los Bs 1.983 millones en 2019.

“Sin embargo, la recaudación habría alcanzado mayores niveles de no haberse visto afectada por la conflictiva situación de interrupción del proceso democrático y la paralización forzada de actividades que sufrió el país”, indicaron desde el ministerio.

Los departamentos del eje central de Bolivia (Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) representan el 86,7% del total recaudado en 2019.


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