Opinión

Enseñar impuestos con megáfono

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23 de marzo de 2020, 3:00 AM
23 de marzo de 2020, 3:00 AM

Por: Rosa Talavera Simoni

En el primer semestre de 1997, último año del primer gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada, dicha autoridad encargó la elaboración de un proyecto de ley especial para aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al sector minero. A fin de asegurar que el proyecto tuviera un buen respaldo técnico y legal, el ex presidente convocó a un renombrado especialista argentino para que emitiera una opinión. El viceministro encargado del sector presentó su proyecto y, después de escucharlo atentamente, el consultor le dijo: ¿Ese es el proyecto que le vas a presentar al presidente? Pues, entonces búscate un buen abogado porque es totalmente ilegal”. Comentando la situación con el consultor, vinculado a la firma Pricewaterhouse, en la que yo trabajaba en esa época como responsable del departamento de impuestos, el buen señor hizo esta reflexión: “Es que yo vendría a Bolivia a enseñar impuestos… pero con megáfono”.

Esta rememoración viene a colación a propósito de los recientes anuncios del ministro de Economía y Finanzas sobre el paquete de medidas económicas para paliar los efectos del coronavirus y, específicamente a la que permitiría que, transitoriamente, los profesionales independientes computen el crédito fiscal contenido en facturas por compras de bienes y servicios de educación, salud y alimentación para compensar el IVA que deben pagar por los servicios que prestan. Esta compensación, al no ser permitida a los profesionales independientes sometería, en una percepción muy extendida en nuestro medio y aparentemente compartida por el ministro, a una presión insoportable.

El problema en relación con la disposición divulgada por el ministro, es que la Ley 843 establece que “solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal, las compras (…) en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen” (art 8º, Ley 843). Y esta norma no puede ser modificada, ni siquiera con otra ley, mucho menos mediante un decreto, porque hace a la naturaleza intrínseca del tributo.

Para entender mejor este asunto, conviene partir diciendo que el IVA lleva ese nombre porque alude a una manera particular de gravar las ventas de bienes y servicios, y esa particularidad marca la naturaleza esencial del impuesto. En efecto, el IVA es una especie de los impuestos a las ventas, que no recae sobre el valor total de aquellas, sino únicamente sobre el valor que “se agrega” en cada etapa del proceso de producción y circulación de los bienes y servicios. Un ejemplo clásico para explicar esto es el de un panadero. Supongamos que el panadero compra 20 kilos de harina del molino, que le emite una factura por Bs160 y, haciendo abstracción de los otros insumos que requiere para elaborar el pan, veamos cómo le afecta el IVA, que en Bolivia tiene una tasa del 13%.

Al comprar la harina, el panadero obtiene un crédito fiscal de Bs 21, que servirá como descuento cuando le toque pagar el IVA sobre la venta del pan. Supongamos que el precio de venta de todos los panes producidos es Bs 200; entonces, el IVA incluido en las facturas emitidas por el panadero será de Bs 26. En la declaración jurada mensual, el panadero pondrá el total de sus ingresos, restará el valor de la harina utilizada, y obtendrá el “valor agregado” por él, al convertir la harina en pan. Este valor es Bs 40, y será ese monto sobre el cual el panadero liquidará el impuesto y pagará Bs 5 en concepto de IVA (exactamente la diferencia entre el débito fiscal de sus ventas Bs 26, y el crédito fiscal de sus compras, Bs 21). Para terminar de ilustrar este asunto, supongamos que el par de zapatos que el panadero hubiera comprado a su hijo en el mes de la declaración, no entra en la liquidación y pago del IVA, porque los zapatos no agregan valor alguno a la harina con la que se elaboró el pan.

Es por esta característica del IVA que, por ejemplo, un/a profesional de salud, puede deducir, contra el IVA que debe pagar por los servicios que presta, el monto del alquiler y los servicios de agua y energía eléctrica de su consultorio, las facturas por compra de su ropa de trabajo, o por la adquisición de los instrumentos que usa para diagnosticar a sus pacientes u otros conceptos similares, pero no puede “descargar” el costo de los pasajes para irse de vacaciones a Punta Cana, pues estas compras no están vinculadas con la actividad gravada (prestación de servicios de salud), condición prevista en la ley del IVA.

Pero no es que las facturas de los pasajes a Punta Cana no le sirvan a nuestro profesional, sí que le sirven, pues la ley le permite deducir el crédito fiscal vinculado a ellas, al liquidar el IUE que es anual. Para estos contribuyentes el IUE tiene una tasa especial equivalente a la mitad de la tasa general que se aplica, no sobre la utilidad, sino sobre el total de los ingresos facturados en el año. Una vez liquidado y declarado el IUE, los profesionales independientes pagan el 50% del impuesto en efectivo y compensan el otro 50% con el crédito fiscal contenido en las facturas obtenidas a su nombre por cualquier compra de bienes o servicios realizada en el periodo fiscal a declarar. Más aún: el 50% del IUE pagado en efectivo sirve como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones (IT). Visto así, en Bolivia los profesionales independientes no están tan apretados por el Servicio de Impuestos Internos como parecen sentirse, sin advertir que los impuestos a las ventas son transferidos al consumidor final.

Cierro reconociendo que, de 1997 a esta fecha, los conocimientos promedio sobre tributación han aumentado sustancialmente en Bolivia; pero parece que todavía pueden ser útiles los servicios de aquel consultor argentino que deseaba venir a difundir, entre nosotros, la doctrina tributaria.

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