Entre el ideal, lo justo y lo que nos resta
El domingo 18 de octubre próximo, los bolivianos estamos convocados y obligados a ir a votar otra vez por las autoridades de gobierno y los representantes nacionales que debían ya estar en ejercicio de sus mandatos.
No lo están, porque hubo fraude antes, durante y después del 20 de octubre del año pasado, aunque todavía hay millones de bolivianos que lo ignoran. En serio, muchos no lo saben, no por voluntad propia, sino porque a pesar de lo mucho que se argumente en contra, hay una tremenda carencia de información al respecto. Tanto sobre lo ocurrido el 20 de octubre pasado, como sobre lo actuado por los políticos oficialistas y no pocos opositores a lo largo de los últimos años.
Recurro a la palabra fraude en su primera acepción, según la Real Academia Española: acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Porque eso fue lo que ocurrió desde el mismísimo 2006, primer año de gobierno del MAS a la cabeza de Evo Morales. Desde entonces, la cúpula del MAS no desperdició una sola oportunidad para ir socavando los cimientos de la endeble democracia boliviana. Lo vimos en el proceso constituyente, en la aprobación de la nueva Constitución, en los forzados procesos que le siguieron, entre otros el referéndum revocatorio y el convocado para modificar el freno constitucional a la reelección indefinida.
Hay que incluir en esta lista la Ley 421, que define la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional por departamento, aprobada en 2013. Una ley que fue central para que el MAS asegurara una presencia mayoritaria en la Asamblea Legislativa, especialmente al crear los siete escaños de las llamadas circunscripciones especiales, una por departamento, excepto en Potosí y Chuquisaca. Estas, y el cambio en la composición del Senado contemplado en la nueva CPE, son parte de la trama tejida por el MAS con la ayuda de muchos de los declarados opositores y contrarios al ejercicio de poder masista. Tanto la abrupta aprobación de la nueva CPE en la Constituyente, como su posterior promulgación, y la de los referendos ya citados, contaron en su momento con el aval de alguna de las bancadas opositoras.
Todos ellos deben ser incluidos en la lista de responsables del éxito logrado por el MAS en la consolidación de un proyecto de poder abusivo y fraudulento. Algunos, aun fuera de la estructura formal del Estado, también cómplices del avance del MAS al haber contribuido a la construcción del personaje “indio presidente”, halagando no solo a Morales, sino a su gestión de gobierno, incluidas alabanzas al “excelente” manejo de la economía a cargo del hoy candidato presidencial del MAS. Es importante tener esto en claro, para ayudar en la comprensión de la realidad que vivimos hoy: que el MAS aparezca aun, a esta altura del partido, con un significativo porcentaje en la intención de votos para el 18, es mérito no apenas del uso y abuso de su poder en el gobierno, sino también de la complacencia, oportunismo e incoherencia de muchos de los que hoy reniegan de sus actos pasados.
Algunos de esos actos, ni tan lejanos. Ya en el proceso electoral vivido el año pasado para las elecciones del 20 de octubre, todos esos actores -unos más que otros- dieron muestra de incoherencia al imponer intereses sectoriales y caprichos personales al dispersar el voto contrario al MAS en más de media docena de frentes. Tras la denuncia de fraude, más de uno de éstos evitó ser parte de la pelea feroz a la que se volcó la población civil, alentada por los dirigentes cívicos, como fue el caso particular de Santa Cruz, o por el Conade, en el caso de La Paz. Ni siquiera el que reclamó ser el principal afectado por el fraude se la jugó en las calles. Solo después de la huida de Evo Morales y de la caída de su gobierno, estos comenzaron a asomar con alguna fuerza, llegando incluso a atreverse a denunciar ante el Ministerio Público a la cúpula del MAS, como autores intelectuales del fraude.
Pero luego vino una nueva seguidilla de desaciertos entre quienes celebraron la caída del gobierno de Morales. Tanto entre quienes asumieron la difícil tarea de gobernar con dos tareas centrales, asegurar nuevas y justas elecciones generales e iniciar un proceso de desmantelamiento del criminal aparato de poder del MAS, como entre los que habían liderado la movilización ciudadana entre octubre y noviembre del año pasado. Incluso, entre las eventuales autoridades a las que se les encomendó tareas en esos dos ámbitos. Incluyo aquí a los vocales del nuevo TSE, por no haber sido capaces de ofrecer a Bolivia la oportunidad de un nuevo proceso electoral, en el que al menos se corrigiera una enorme injusticia: la de permitir que vuelva al juego de la democracia el partido que gestó, fue parte y pretendió beneficiarse con un proceso electoral fraudulento.
En fin, que las cartas ya están echadas. No es lo ideal, ni lo justo, pero es lo que tenemos. Y a los bolivianos no nos quedará otra opción, como tantas veces, de ir a las urnas el 18, venciendo todos nuestros temores por el Covid-19, con el otro temor a un virus tan o más letal que éste.
