Envían a la cárcel a ‘guerrero digital’ y Agetic encara auditorías internas

El Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz dispuso ayer la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de Orestes S. y la detención domiciliaria de María Alejandra S., que formaban parte de los denominados ‘guerreros digitales’ y que atacaban al Gobierno transitorio desde instalaciones de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

Ambos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios públicos y sedición, por emitir mensajes contra la presidenta transitoria Jeanine Áñez y distorsionar información para provocar convulsión social, de acuerdo con el fiscal Edwin Enríquez.

Los datos recabados por la División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucra Contra el Crimen (Felcc) detallan que ambas personas comenzaron a operar desde el 19 de noviembre, utilizando equipos y ambientes del Estado, desde perfiles bajo el denominativo de ‘La Resistencia’.

El investigador asignado al caso anticipó que otras personas, entre ellas funcionarios públicos de otras instituciones y de la misma Agetic, serán convocados en calidad de testigos y que podrían pasar a ser sindicados en caso de comprobarse que también formaban parte de ese grupo.

Los llamados ‘guerreros digitales’ fueron creados para contrarrestar la información difundida en redes sociales contra el Gobierno de Evo Morales.

Otras irregularidades

El nuevo director de esa instancia, Carlos Olivera, instruyó el inicio de auditorías internas ante la sospecha de malos manejos, sobre todo en contratos de publicidad para redes sociales, como por ejemplo, un pago de Bs 45.000 para publicaciones en Facebook.

También reveló que se identificó una unidad destinada al análisis y la investigación política que no justificaba su existencia y que realizaba tareas a favor del MAS, misma que fue desarticulada, despidiéndose a sus integrantes.

Cides rechaza detención

Desde el posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a través de un comunicado público, se denunció la detención de su estudiante María Alejandra S. y se exigió el respeto de los derechos jurídicos.

Hace cinco días la joven hizo conocer a través de las redes sociales que había tomado la decisión de cerrar su cuenta denominada Suchel, crítica al Gobierno de turno, porque, a su criterio, no existían las condiciones de seguridad.

“Debido a la falta de garantías he decidido hoy cerrar ‘Suchel’ en Facebook, por lo menos hasta que tenga la seguridad de que mi vida y la de mi familia no corre ningún riesgo”, posteó en Facebook, denunciando persecución y acoso.

Respeto al fraude electoral

Olivera enfatizó que si hubo alguna participación del exdirector de Agetic Nicolás Laguna en el fraude a favor del MAS en los comicios del 20 de octubre, fue a nivel “personal” y no involucró a esa institución.

“Desde acá, vía nuestras conexiones y nuestra fibra óptica, no fue posible”, aseguró, respecto a la acusación que existe contra el exfuncionario, sobre quien pesa una orden de aprehensión y que permanece al interior de la residencia de la embajada de México en La Paz.

El actual titular de la Agencia de Gobierno Electrónico informó que se apersonaron a la Fiscalía para expresar su predisposición de apoyar en esa investigación, señalando que, hasta el momento, no existe ningún requerimiento de información al respecto.

Laguna es una de las nueve exautoridades del MAS que permanecen en el espacio diplomático mexicano en la urbe paceña, a la espera de salvoconductos para poder beneficiarse de asilo.

Él se desempeñaba como director de Agetic desde su creación en 2015, cuando comenzó a operar como una institución descentralizada que depende del Ministerio de la Presidencia y que tenía coordinación estrecha con el Servicio de Registro Cívico (Sereci).

En abril de 2019, el Legislativo aprobó un proyecto normativo que modificó la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), permitiendo que el Servicio General de Identificación Personal (Segip) otorgue acceso a datos personales al Sereci y a Agetic. Esa iniciativa legislativa fue reprochada, ya que le daba poder para acceder al padrón electoral y datos de los ciudadanos. Sin embargo, su actual titular negó que exista un convenio vigente con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).