19 de agosto de 2022, 4:00 AM
19 de agosto de 2022, 4:00 AM

El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ha vuelto a aplicar la estrategia de asfixiar económicamente a los medios de comunicación independientes, igual que lo hacía Evo Morales en sus 14 años de gestión, a través del mecanismo de favorecer con la publicidad del Estado a unos medios afines al partido y castigar al resto privándoles de ingresos.

Sin importar si tienen o no audiencias significativas, un puñado de pocos medios de comunicación alineados con la gestión de Luis Arce se llevan prácticamente toda la inversión publicitaria del Estado. Un reciente informe periodístico basado en datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) demostró que dos redes de televisión, ATB y Abya Yala, recibieron el 40 por ciento de Bs 140 millones que el Ministerio de la Presidencia destinó a propaganda estatal en televisión y medios digitales. Eso sin contar a otras carteras o instituciones del Estado, sino únicamente al Viceministerio de Comunicación dependiente de la Presidencia.

Los grandes medios de comunicación con mayor audiencia, tanto en impresos, medios digitales y televisión, reciben migajas o simplemente no reciben ninguna inversión del Estado boliviano, ‘castigados’ por ser independientes o críticos con la gestión gubernamental, condición que tiene todo medio que no responde a intereses políticos aquí y en cualquier país democrático del mundo.

Los medios de comunicación, se sabe, atraviesan por la crisis económica más grande de toda la historia porque fueron sucesivamente golpeados por la disrupción tecnológica tras la aparición de redes sociales, la caída de la circulación de los impresos y del ’encendido’ de la televisión, a lo que se sumó la pandemia que llevó a cero los ingresos, aunque las casas periodísticas nunca dejaron de trabajar y, por el contrario, tuvieron la responsabilidad de informar mucho más por la emergencia sanitaria, en una tarea de invalorable servicio social.

La arbitrariedad en la disposición de los recursos destinados a medios de comunicación es tal, que una empresa unipersonal del periodista Freddy Morales, corresponsal de la cadena venezolana Telesur, recibió Bs 7 millones entre marzo de 2021 y julio de 2022, mientras grandes medios del país no recibieron un centavo en ese mismo tiempo.

Telesur es una cadena del régimen venezolano de Nicolás Maduro, no tiene una emisión local, pero recibe una millonaria inversión publicitaria que el Gobierno le asigna todos los meses por el mecanismo de contratación directa.

Conocedores de ese trato discriminatorio por razones políticas, parlamentarios de Comunidad Ciudadana presentaron un proyecto de ley para determinar parámetros destinados a garantizar que todos los medios de comunicación legales tengan acceso a la pauta publicitaria del Estado boliviano.

El diputado Carlos Alarcón, proyectista de esa ley, explicó que todos los medios de comunicación privados deben tener acceso a la publicidad en alguna proporción, en una distribución equitativa según criterios de circulación o audiencia, para que continúen siendo transmisores de la información, la opinión o las necesidades de los ciudadanos.

El acceso a la información es un derecho de los ciudadanos; el periodismo con libertad de expresión es condición indispensable de una democracia; y esos derechos están consagrados en las leyes bolivianas y de todo el mundo. El Gobierno es un administrador del Estado, no su dueño, y como tal debe tener con los medios de comunicación una política de inversión equitativa de los presupuestos estatales. Lo contrario es violar principios universales que no pasarán inadvertidos ni aquí ni en la comunidad internacional.

Tags