9 de julio de 2023, 4:00 AM
9 de julio de 2023, 4:00 AM


El poder político liquidó al periódico Página Siete, y unos 70 trabajadores quedan desocupados. La dirección denunció que “una combinación de circunstancias adversas creó lo que podríamos calificar como una tormenta perfecta, que nos llevó a esta situación”. El Gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. La Asociación Nacional de la Prensa y los gremios de los periodistas y trabajadores afines coincidieron que el cierre es un golpe muy duro a la democracia y la libertad de expresión.

El silenciamiento de un periódico no solo afecta al medio, y a los periodistas, sino también a la sociedad porque se priva del necesario pluralismo informativo. La libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege no sólo el derecho a la libertad de expresar sus propias ideas y pensamientos, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole. De ahí por qué cuando se cierra un periódico no sólo es el medio el que resulta afectado, sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones y compartir ideas en general.

Los derechos a expresarse y a difundir lo expresado están intrínsecamente unidos, de manera que toda limitación o restricción a las posibilidades de transmitir a terceros opiniones o informaciones, constituye una afectación del derecho a la libertad de expresión. Esta figura es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, y cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el desarrollo efectivo del proceso democrático. Las presiones, directas o indirectas, dirigidas a silenciar cualquier medio obstruyen el intercambio libre de ideas, información y opiniones entre las personas.

La libertad de expresión exige, igualmente, transparencia de los actos del Gobierno y afianza las instituciones democráticas. La fiscalización al Estado y al Gobierno sólo es posible en la medida en que haya libertad de expresión e información. El Estado tiene que dejar de ser una suerte de “caja negra” por la sencilla razón que todos contribuimos con nuestros impuestos a su sostenimiento y en esa dimensión el ciudadano tiene el legítimo derecho de conocer cómo se definen y cómo ejecutan las políticas públicas.

Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación.

Para la Corte IDH, dentro de una sociedad democrática se garantizan las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto (Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004). Está clarísimo que, sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.

El tribunal interamericano reitera que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública, así como para los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente, y a la hora de ejercer sus opciones estén lo suficientemente informadas. Una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. ¡Viva la libertad de expresión y el periodismo independiente!

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