¿Es el fin del debate “un ciudadano un voto”?
Juan Pablo Marca (*)
El 10 de agosto el Tribunal Constitucional como instancia máxima que vela la constitucionalidad de las leyes en el país rechazó el recurso presentado el 7 de mayo contra la ley de distribución de escaños por la senadora Carmen E. Gonzales, recurso que abrió el debate sobre “un ciudadano un voto” que sostiene que el 30% de la población rural tiene el 70% de los escaños del Parlamento, idea reproducida inicialmente en las redes sociales por los simpatizantes de Creemos y Juntos.
Una revisión de las columnas de opinión sobre el tema en cuestión, permiten percibir una disputa en torno a la explicación de la relación del voto urbano y el voto rural en el sistema electoral boliviano. En dicha disputa participaron abogados, politólogos, sociólogos, economistas, catedráticos, investigadores, columnistas, periodistas, hasta un candidato a diputado, un presidente de la Corte Suprema de Justicia y un ex ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Entre los columnistas que consideraban que, si había una desproporción entre el voto rural y el voto urbano en la representación del Parlamento, se encuentran Ronald Torres con “Ilógico y discriminatorio sistema electoral” (La Jornada 16/02/20), “Una persona un voto, un mismo «valor» para lo rural y urbano” (La Jornada 10/05/20), y “Justa rectificación” (Los Tiempos 10/05/20). Julio Ortiz con “El Órgano Electoral puede realizar una nueva distribución de escaños para los 9 departamentos del país” (Correo del Sur, 29/05/20). Iván Finot con “En Bolivia cada voto no vale igual” (Pagina Siete 18/01/20). Juan Manuel Arias con “Un ciudadano un voto” (El Deber 22/05/20). Y Guido Añez Moscoso con “Fraude sistémico y adulteración electoral” (Eju.tv. 14/06/20).
Entre los columnistas que consideraban que no había una desproporción entre el voto rural y el voto urbano en la representación del Parlamento, se encuentran Gonzalo Rojas O., con el “Informe sumario sobre la desproporción de curules en la Asamblea Legislativa” (El Deber 13/05/20). José Antonio Rivera con “¿Desigual valoración del voto para elegir diputados?” (Los Tiempos 02/03/20). Marcelo Aruquipa A., con “La política del sistema electoral boliviano” (los Tiempos 13/05/20). Marco Antonio Rivadineira con “¿Voto rural sobrevalorado?” (El Potosí 21/05/20). Juan Carlos Pinto con “Mapa electoral Plurinacional” (La Razón 27/05/20). Jorge Richter R. con “Un ciudadano – un voto” (La Razón 20/05/20). Luciana Molina B. con “Desmitificando la desigualdad del voto rural frente al urbano” (El Deber 11/06/20) y, Raúl Peñaranda U., con “La sobrerrepresentación rural en el Legislativo es mínima, cualquier reforma generaría escasos cambios políticos” (Brújula Digital 11/06/20).
En este contexto el 19 de julio el Órgano Electoral Plurinacional público un Boletín informativo aclarando que la distribución de escaños en el Parlamento respetaba la premisa de un ciudadano un voto; asimismo que el 62 % de los escaños de la Asamblea Legislativa representaban el área urbana y que el 38 % de los escaños representaba el área rural. Además, aclaró que la redistribución de los escaños en el sistema electoral se realiza tomando en cuenta los criterios de igualdad territorial, la equidad departamental, la proporcionalidad y la plurinacionalidad (tomando en cuenta la representación de los pueblos indígenas y la democracia comunitaria).
Entonces, tanto el fallo del Tribunal Constitucional y la aclaración del Órgano Electoral Plurinacional deberían poner fin al debate de un ciudadano un voto. Sin embargo, esto parece que no sucederá porque los partidarios de Creemos siguen sosteniendo en las redes sociales de que el área rural tiene más escaños que el área urbana en el Parlamento. Para concluir se debe mencionar que la consigna un ciudadano un voto en el fondo es un atentado contra la representación política de los pueblos indígenas en el parlamento boliviano.
(*) El autor es politólogo e investigador del CEJIS
