Es un calvario hallar justicia para niños que son víctimas de abuso sexual en Santa Cruz

“Por qué hace tanto escándalo señora, si a su hija ni siquiera la violaron, solo la hurgaron”, asegura D.Z. que le dijo la fiscal de Los Lotes hace un año, cuando denunció a un adulto mayor por abusar sexualmente de su niña de cuatro años mientras esta iba al baño y se perdió por dos horas.

El acusado ya fue sentenciado a diez años, pero D.Z. cree que fue solo gracias a su persistencia, porque el agresor era familiar de la dueña de casa donde ella alquilaba.

Desde el día que denunció, D.Z. pasó por ofertas de soborno para callar, amenazas, desalojo, cortes de agua y luz y la no devolución de una parte de su dinero, entre varios abusos de la propietaria, que además era abogada y defensora del adulto mayor.

Al hacer una retrospectiva de todo lo vivido, D.Z. cree que la peor parte la vivió por las trabas de la Fiscalía. Dice que por tres días pernoctó afuera de esa unidad policial porque no daban detención preventiva en Palmasola al agresor, que le exigían un abogado, a pesar de que el asignado por la Defensoría de la Niñez nunca apareció, y de que tardaron seis meses en derivar a la niña a la Cámara Gesell.

“Solo cuando llamé a la prensa mandaron al hombre a Palmasola, me mandaron a rehacer análisis sicológicos. “Nunca se movió, nunca estuvo presente en ninguna audiencia, las suspendía. La Defensoría siempre estuvo presente, pero la fiscal no, cuando le pedí protección me dijo que me mudara”, dijo.

Justo antes de que le den la sentencia, ya resignado, el agresor confesó, y según D.Z., en la casa vivía otra niña de ocho años, hija de una inquilina, que también dijo que el adulto mayor la había tocado.

“Pensar que cuando lo arrestaron, le dijo al policía que nada le pasaría porque era de la tercera edad”, recuerda la mamá.

El proceso judicial quedó atrás, pero ahora le toca lidiar con las secuelas, ya que su niña despierta llorando, pensando que la tocan, y siente culpa porque al señor lo llevaron preso “por su culpa”.

Como mamá joven, D.Z. está retomando sus estudios universitarios, gracias a una beca que le gestionó la trabajadora social de la Fundación Nuevos Pasos. Pocos son los esfuerzos por la ‘reinserción social y laboral’ después de pasar por la dolorosa experiencia del abuso sexual, que deja daños en toda la familia.

E.A. jamás pensó que su esposo y padre biológico de sus cinco hijos hubiera aprovechado la cuarentena para violar a una de sus hijas y abusar de la otra, de 8 y 10 años.

Ama de casa, se esforzó en la pandemia para generar ingresos extras al hogar, gracias a la venta nocturna de barbijos, conjuntamente con su suegra. Era en ese horario cuando su entonces esposo, de ocupación taxista, aprovechaba para cometer los delitos.

E.A. notó que las dos niñas eran reacias a la compañía del padre, pero lo tomó como rebeldía, hasta que se enteró de la verdad una noche, cuando la menor no pudo más, estalló en llanto y a gritos dijo que su padre estaba abusando de ella y de su hermana.

Casi de inmediato sentó la denuncia, dice que ya pasó por todas las fases, incluidas suspensiones repetidas de la Cámara Gesell, pero que después de un año no se instala la audiencia de sentencia.

Mientras aguarda ese final, E.A. que vive en la misma cuadra de la familia del agresor, tiene que soportar que los abuelos paternos ignoren a sus hijas, les quiten el saludo, igual que sus tíos. “No nos agreden, pero a mis niñas les afecta emocionalmente”, confiesa.

E.A. dice que, por lo general, las terapias sicológicas duran tres meses, pero a sus niñas, por estar muy dañadas, se les prolongaron por seis.

“Ya no hablan mucho de su padre, pero obviamente lo extrañan. Lamentablemente seguimos viviendo en casa de mis padres, donde pasó todo, en el barrio donde vive la familia de él. Por mi economía no he podido salir y es doloroso”, cuenta.

Hasta hoy, explica que las niñas son un poco agresivas, sobre todo verbalmente, se enojan con facilidad, explotan, gritan, están aburridas, nada las contenta y se ponen a llorar. “Antes no pasaba eso, y la mayor, que no fue agredida, siente mucha rabia hacia su padre”, comparte.

Como mamá, ella también lleva su cruz, pasó de ser ama de casa a inventar plata para cada actuación. “Mínimo hay que tener Bs 300·, dice. Consiguió una beca y vende bisutería para sacar adelante a su familia.

A.A. vive en casa de sus padres, junto a otros parientes. Como mamá a solas de dos menores, una de 12 años y otro de 11, cada día tenía que salir a buscarse la vida, situación que era aprovechada por su primo de 20 años para violar a la niña.

A pesar de que enseñó a su hija a avisar si alguien la tocaba de forma inapropiada, solo se enteró de lo que pasaba por el Programa Avisa, que detectó la situación en el colegio. De inmediato sentó la denuncia, pero también salió de su casa, ya que la familia no la apoyó. Tuvo que refugiarse con su mejor amiga, al otro lado de la ciudad, y lejos del centro educativo de sus hijos.

Hace dos meses que espera por la Cámara Gesell en la EPI 8. “Creo que atrasa todo la misma Fiscalía porque sé que no necesito ni abogado, pero cuando voy y pregunto con mis pocos recursos, porque soy mamá soltera, dejando de trabajar, me exigen que vaya con un abogado, de la Defensoría o privado, o con alguien del Programa Avisa”, lamenta.

Desde que ocurrió todo, A.A. siente mucho dolor y culpa, no pudo proteger a su hija, sabe que ella también necesita un sicólogo, pero no puede darse ese lujo porque debe concentrarse en llevar a terapia a su niña, que solo quiere estar aislada. “Está malcriada, ve un hombre adulto y se asusta, se apega a mí, dejó de usar vestidos y faldas. Encima los familiares del chico me mandan decir que ella ya tenía hombre, que está mintiendo, etc.”, se entristece.

P.N. es tía materna de una menor que hoy tiene 13 años, y que fue violada por su tío político en el hogar que habitaba, y donde vivían varias familias.

La menor perdió a su madre cuando tenía seis años, actualmente, según el Programa Avisa, se encuentra en situación de riesgo social, ya que va de casa en casa y tiene un comportamiento sexualizado.

“Hay momentos en que la niña está bien, tranquila, pero es rebelde, estoy consciente de que es por lo que le pasó”, dice P.N., quien además ha soportado la suspensión de cuatro audiencias para la sentencia y las amenazas de que cuando esto acabe será demandada para resarcir los daños.

En este caso, P.N. asegura que la fiscal se ha portado muy bien, pero que no encuentra explicación a las constantes suspensiones de la audiencia de sentencia. “En una de las audiencias no se presentó el abogado del agresor, pero yo lo vi desde temprano a vueltas por el Palacio de Justicia”, lamentó la ‘chicanería’.

Juana (nombre ficticio) es mamá de una niña de nueve años, que fue abusada cuando tenía siete. Viaja desde Cochabamba hasta Santa Cruz en busca de justicia y de atención a la menor, que hoy sufre de ataques de nervios con temblores e incontinencia fecal.

Si bien el sábado recién el agresor fue detenido de forma preventiva en Palmasola, antes la progenitora tuvo que deambular entre la Policía y las oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, buscando justicia sin tener respuestas, mientras continuaba recibiendo amenazas del agresor. Frente a esa situación decidió irse a Cochabamba para evitar una nueva agresión del sujeto.

Camino obstaculizado

Claudia Ribera, trabajadora social del Programa Avisa, reconoce que si los denunciantes no van acompañados, su búsqueda de justicia no funciona porque no hay fuerza.

“Sé que la Defensoría de la Niñez tiene hartos casos, pero por lo menos debería guiar, tendría que destinar una persona para eso. Es muy importante también el acompañamiento emocional a los tutores, me ha tocado presentar hasta informe social para solicitar becas en la universidad, y me aceptaron, la mamá lloraba de felicidad”, se emociona ella.

Ribera dice que ha tenido casos de gente que denunció, pero que se quedó “trancada” porque nadie los direccionó. “Por eso a veces salen rechazados los casos, y entonces tienen que esperar un año para solicitar nuevamente a la Fiscalía Departamental que se abran”, dijo.

Para la abogada Jéssica Echeverría, de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, el sistema de protección simplemente no funciona, y los casos tienen que salir en la prensa para que las autoridades actúen.

“De nada sirve cambiar las leyes si el sistema no cambia. Todos son llamados a asistir y proteger a los niños cuando son víctimas de un hecho de violencia. Se debe formar a fiscales, policías y funcionarios”, opina.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv Santa Cruz), coronel Carlos Oporto, reconoció que aumentaron los casos de abusos (a adultos y menores) porque el año pasado se registraron 13 mil casos y ahora, solo en cinco meses, hasta mayo, ya iban 7.190.

Oporto también cree que el aumento de las denuncias tiene que ver con que la gente se atreve más a delatar a los agresores. Informó que las violaciones sobre todo se concentran en el Norte Integrado, en cuanto a provincias, ocurren en Montero, Minero, Saavedra, Yapacaní.