Escabrosa intromisión de Naciones Unidas y la CIDH
El Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas (NNUU) – Diego García Sayán con relación a la aprehensión del asambleísta del MAS Gustavo Torrico, en el día, expresó “Profunda preocupación por el uso de las instituciones judiciales con fines de percepción política. Podría haber sido esta una transición democrática; pero no, hay persecución política usando a la justicia. La imprevista postulación de Áñez golpeó en la médula de una transición en la que el Gobierno habría tenido que ser 100% neutral. En este contexto delicado, hay razones para concluir que la independencia judicial está bajo ataque y que el ejercicio libre de la abogacía se encuentra seriamente afectado”.
A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH recientemente incurrió en el mismo desliz jurídico, cuando afirmó que el D.S. 4078, desconocería los estándares internacionales de derechos humanos – DDHH, y por su estilo estimularía la represión violenta (siendo que tal decreto nada más estableció los institutos jurídicos de la Legítima Defensa, Ejercicio de un Derecho, Oficio o Cargo, Cumplimiento de la Ley o de un Deber, y, el Estado de Necesidad, siempre y cuando haya proporcionalidad).
Tanto la CIDH como el funcionario de NNUU, incurrieron en anticipada emisión de criterio e infundada apreciación respecto a los hechos por los que se manifestaron. La aprehensión de Gustavo Torrico se debe al hecho criminal cometido por Evo Morales y sus ministros, cuando públicamente instigaron a sus acólitos a cercar ciudades e implementando (a decir de un ministro) un Vietnam en Bolivia, donde Torrico, durante la convulsión social, a las madres bolivianas les indicó que “Cuántas estaban dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tus hijos”; seguidamente, vinieron pérdidas de vidas humanas, actos de terrorismo, operadores extranjeros, milicias formadas para el combate, desabastecimiento e incertidumbre, con el intuito de negar el estruendoso fraude electoral certificado por la OEA y a título de pretender un indebido retorno al Gobierno.
Lo reprochable de ambos casos es la indebida politización de las NNUU y la CIDH, que con pronunciamientos como los analizados, ocasionan un profundo auto desprestigio ya que, lejos de precautelar imaginarios DDHH imaginariamente conculcados, buscan criminalmente favorecer al expresidente, en franco desmedro del derecho humano a la democracia que la valiente nación boliviana, con Dios por delante y la Biblia en la mano, ha sabido hacer valer, haciendo uso de una rutilante conducta pacífica.
Extraña que ambos organismos internacionales, después de años, no se hayan pronunciado de los casos de Cusi, Bakovic, Hotel Las Américas, Chaparina, Remoción arbitraria de 89 jueces, la Reelección Indefinida de Evo Morales como DDHH, etc.
Así como la CIDH y NNUU exigen el cumplimiento de altos estándares de DDHH a sus países miembros, es menester que la selección de los jueces de tales instituciones cumplan con tales estándares; por ello, tanto los magistrados de organismos como a escala local de los Estados miembros, su reclutamiento debería ser democrático y no como hoy, que se asemeja a un club de amigos de barrio, donde únicamente obedece a intereses políticos de los eventuales administradores de Estados partes. Solo así se podrá excretar la escabrosa intromisión de las señaladas instituciones que solo desnudan indebidos intereses políticos y resaltan el creciente descrédito de la CIDH y NNUU.
