Escuchar y gobernar para todos
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Santa Cruz y el país viven 12 días de zozobra, entre fines de 2022 y la primera semana de 2023. Lejos de comenzar una gestión con esperanzas, los bolivianos están en angustia permanente que, lamentablemente, es atizada por discursos y acciones de confrontación. En medio de este escenario, cabe hacer notar que, mientras el foco está centrado en la crisis política nacional, en el país permanecen y se profundizan otros problemas de fondo que tienen que ver con la economía, con la lucha contra el narcotráfico, con la proyección de planes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
En Santa Cruz se produjo la captura violenta del gobernador, la primera autoridad política del departamento, cuya figura representó casi el 56 por ciento de los votos en las últimas elecciones subnacionales. Para el Gobierno nacional y para el Movimiento Al Socialismo, el político Luis Fernando Camacho fue considerado el enemigo principal desde que lideró el paro de 21 días contra el fraude electoral. Al verlo de esa manera, ni las autoridades nacionales ni el partido político en función de Gobierno han sabido interpretar cuál es el sentimiento de la gente que salió a las calles a defender la figura del gobernador.
En cambio, la respuesta al malestar por la forma en que fue detenido ha sido la represión, con muchas señales de brutalidad policial, que el ministro de Gobierno insiste en ignorar o minimizar. Las protestas continúan y se amplían a otras regiones del país. Pero el presidente no las escucha. Se mantiene encapsulado en la Casa Grande del Pueblo, desde donde sigue echando leña al fuego.
El Gobierno no logra comprender que también son bolivianos y valen las voces de quienes piensan diferente. Solo se rodea de los dirigentes de las organizaciones sindicales afines al MAS, que se aglutinan en el llamado Pacto de Unidad. Hay que preguntarle ¿qué pretende: que el problema se va a resolver sacando gente a la calle o correteando con chicote a los que son críticos a su Gobierno? Hasta el momento no da muestras de que es capaz de gobernar para todos, lo que debería implicar que tenga la capacidad de escuchar a todos.
El problema político actual deja bajo la alfombra temas cruciales y hay quienes piensan que al Gobierno le conviene mantener la tensión social, porque no tiene respuestas para explicar la sostenida caída de las Reservas Internacionales Netas y el impacto que esto puede tener en el sistema cambiario. Quizás también porque no sabe cómo explicar que YPFB no está produciendo el gas que se necesita para abastecer a los mercados de Brasil y Argentina, y que este último país quiere acortar el contrato. Sin los ingresos que genera el gas, ¿cómo se sostiene la economía nacional?
Entretanto, el contrabando sigue expandiéndose a sus anchas, la inseguridad de la tierra es mayor por los avasalladores y por las amenazas de reversión que se lanzan desde el Ministerio de Desarrollo Rural.
El narcotráfico también se expande, mientras arden los documentos de los juicios contra sus protagonistas en la Fiscalía.
Son muchos los problemas, son como incendios por apagar. Si la conflictividad social no se resuelve, el Gobierno seguirá gastando energías y recursos en reprimir, en lugar de escuchar, y las acciones estarán distantes de hacer gestión. Es momento de reflexionar, pacificar el país y darle un giro a la conducción del destino de todos los bolivianos.
