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14 de junio de 2024, 4:00 AM
14 de junio de 2024, 4:00 AM

Si bien en los tiempos actuales todo puede ser y si algo no se adecua a la norma “se le mete no más, porque para eso están los abogados” como sostiene el ex presidente fugado y permanente candidato a volver a serlo, creo que vivimos en un estado de facto, no de derecho, con tres actores principales.
Primero, los ciudadanos, hombres mujeres, que se han autoprorrogado, sin legitimidad alguna, como magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal de Justicia Plurinacional y el Tribunal Agroambiental, y los consejeros del Consejo de la Magistratura, cuyos mandatos fenecieron constitucionalmente el 31 de diciembre del pasado año.
De acuerdo al artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE), estas autoridades no podrán ser reelegidas y “su periodo de mandato es de seis años”. Además, el artículo 184 norma que cesarán en sus funciones por “cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales de ley”.
Más claro agua. Pero, como la Asamblea legislativa Plurinacional (ALP) no eligió a sus sucesores como norma la CPE, el segundo actor de esta trama, que es el gobierno, decide que no hay mejor terreno para eludir la normas que el hambre (los ciudadanos cesados) y las ganas de comer (los funcionarios de gobierno), y ambos trazaron y ejecutaron la estrategia que permita la prórroga de los vivillos magistrados y consejeros.
Luego, están el Ministro de ¿Justicia? y el Presidente del Estado (al parecer, en ese orden de jerarquía) que dispuestos a cualquier cosa para prorrogar a quienes fungen de magistrados porque eso les permite “baipasear” a la ALP, donde, a diferencia de lo que sucedía en los tiempos del fugado, no pueden conseguir la mayoría que necesitan para gozar del poder.
El tercer actor, la ALP, donde los asambleístas no atinan a actuar como el “primer poder del Estado” por las mutuas desconfianzas e intereses existentes entre sus miembros
Así está planteado el conflicto entre los Órganos Ejecutivo y Judicial, en contra del Legislativo, guerra en la que los representantes de los dos poderes aliados circunstancialmente, Judicial y Ejecutivo, van cometiendo actos que recordaron las acciones de los llamados en nuestra historia caudillos bárbaros: apagón de luces en el hemiciclo, cierre de puertas de acceso a las instalaciones, corte de micrófonos, sin dejar de lado amenazas de violencia contra los legisladores, hombres y mujeres, asistentes a las sesiones por parte de, al parecer, militantes afines al oficialismo.
Para complicar más el panorama, el ex presidente fugado exige, desde el Chapare, ser habilitado como candidato a la Presidencia del Estado en 2025, sabiendo que no lo puede ser. Y presiona al Órgano Electoral Plurinacional, cuyos integrantes, por declaraciones de varios de sus miembros, más muestran miedo que profesionalismo. Así, dando cuenta de su talante, utiliza la CPE para actuar en contra de los prorrogados e intenta violarla, una vez mas, en el caso de su candidatura.
Mientra tanto, la oposición, llamémosla formal —sin desconocer sus debilidades— recibe palos del oficialismo, sobre todo en la ALP, y de las oposiciones, llamémoslas informales, que enguerrilleradas en las redes sociales, tratan de convertirse en referentes de la resistencia en el país.
Complejo panorama que de constitucional nada tiene…

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