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19 de enero de 2024, 3:00 AM
19 de enero de 2024, 3:00 AM

La expresión “Estado de no Derecho” es, en esencia, un oxímoron; es decir, dos palabras o expresiones contradictorias entre sí que, a la vez, generan un nuevo sentido. El Estado, en su definición más elemental, es la sociedad política y jurídicamente organizada. En materia política supone una forma de ejercicio del poder político y en el aspecto jurídico implica una estructura legal que, precisamente, fija límites al poder y determina derechos y deberes de gobernantes y gobernados.​

Sobre esos paradigmas muy sencillos se han escrito siglos de historia, conocimiento y doctrina en ámbitos específicos como son la Ciencia Política, la Teoría del Estado o el Derecho Constitucional, entre otros.

Una expresión fundamental de toda esa evolución es la Constitución de cada país porque supone la consolidación del pacto social de un conglomerado de personas con una historia, un territorio y una vida en común. Cada Constitución es fruto de largas luchas y reivindicaciones, muchas veces alcanzadas con sacrificios individuales y colectivos. Por eso las Constituciones son valiosas y deben ser normas supremas que prevalecen sobre cualquier régimen transitorio, interés sectario y azar del destino.

Pero, en los últimos tiempos, en diferentes latitudes del mundo han surgido gobiernos que, amparados en una momentánea popularidad, han recurrido a persecuciones y maniobras oscuras para ponerse por encima de la Constitución, manipularla o interpretarla de un modo muy caprichoso hasta finalmente imponer su propia ley, utilizando la fuerza por encima de la razón.  Y donde priman la fuerza y la impostura se agota la Constitución y reina la arbitrariedad.

Eugenio Zaffaroni, connotado abogado de Evo Morales, utilizó la expresión “Estado de no Derecho” para referirse a la presidencia transitoria de Jeanine Áñez, aunque por insana afinidad con su defendido, desconoció verdades indiscutibles sobre el escaso apego de Evo a la Constitución, a las leyes y a la voluntad popular. Con todo, el oxímoron acuñado por Zaffaroni sirve para describir en cuatro palabras la peor coyuntura política y democrática que se vive en nuestro país.

Es inaceptable que se mantengan en funciones un grupo de altas autoridades judiciales cuyo mandato venció el 31 de diciembre de 2023 y que se amparen en una sentencia del Tribunal Constitucional. Mucho más si se considera que los magistrados fueron lapidariamente derrotados por los votos nulos. Claramente sus acciones son ilegales e ilegítimas, aunque gocen del apoyo firme y decidido del actual gobierno.

También es inaceptable que, desde 2020, 130 diputados y 36 senadores no hayan tenido la capacidad, inteligencia y desprendimiento mínimos para garantizar unas elecciones judiciales oportunas y transparentes, habiendo dado pie al oxímoron de la “prórroga constitucional”.

Es llamativo, cuando menos, que el Gobierno de turno anuncie millonarios contratos para la explotación de litio sin tomar en cuenta a la Asamblea Legislativa, tal como manda la Constitución de forma inequívoca, y así se pueden enumerar una serie de acciones que tienen mucho de autoritarismo y muy poco de democracia.

Pero descendamos al plano local. Resulta hasta anecdótico el juego político/jurídico que tiene a la Gobernación de Santa Cruz, sumida en una crisis que los grandes líderes de la cruceñidad no imaginaron ni en el peor de sus sueños.

Todo se puede hacer o deshacer en nombre de la ley, la Constitución o el Estatuto Autonómico. Todo, menos honrar el juramento de cumplir y hacer cumplir las normas. Y con esa perspectiva, es triste pero inevitable decirlo: estamos en un Estado de no Derecho.

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