18 de julio de 2022, 4:00 AM
18 de julio de 2022, 4:00 AM


En los últimos tiempos surgieron en el concierto internacional los caracteres que sitúan a las naciones en la categoría de “narco-Estado”. Según Wikipedia, este término “es un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales”. A su vez, se puede definir al Estado como una “forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población de un territorio” (RAE), con órganos de gobierno propios. Es decir, los tres componentes de un Estado son los órganos del Estado, su territorio y su población.

Veamos el caso boliviano. Existen pruebas irrefutables que evidencian la penetración flagrante del narcotráfico en los poderes estatales. Algunos ejemplos como los prevaricatos, diferimiento de juicios y sentencias escandalosas, que liberan a delincuentes con las “manos en la masa”; así como de altos miembros de la Policía o servidores públicos encubridores, o la denuncia reciente sobre la contaminación con el dinero de narcotraficantes en campañas electorales, hablan por sí mismas de la influencia en los órganos del Estado y clase dirigencial política.

Al mismo tiempo, ya existen muchos espacios territoriales ocupados por cultivos de hoja de coca excedentaria -materia prima de la cocaína-, principalmente en Chapare e incluso en áreas protegidas, donde además existen pistas clandestinas, que transportan cargas encubiertas a otros países. Si bien el presidente Arce ha manifestado que no se permitirán cultivos de coca en parques nacionales ni reservas forestales, los casos siguen sumando, confirmando que existen zonas (republiquetas) en el territorio nacional donde el Estado ha perdido su soberanía.

Recientemente el ministro de Gobierno cuestionó el informe de EEUU sobre la coca y cocaína en Bolivia, considerándolo alejado de la realidad. Según este documento (2021), nuestro país registró 39.700 hectáreas de hoja de coca y una producción potencial de 317 toneladas de cocaína. Otros datos proporcionados por las Naciones Unidas (2020) refieren que los cultivos de coca subieron a 32.000 hectáreas en relación a las 25.500 que se registraron un año antes. Es bueno recordar que una ley de 2017 aumentó la extensión legal de estos cultivos de las 12.000 ha permitidas a 22.000.

¿Qué sucede en la población? Más allá del incremento de la violencia por ajustes de cuentas, está claro que en una narcoeconomía proliferan los conocidos “cuellos blancos”, testaferros y “nuevos” empresarios que blanquean sus ganancias, sin mayor censura de la gente e instituciones. Al contrario, hasta son mimados. Para colmo, citamos la reciente declaración de una joven alteña que confesó sin tapujos que el sueño de su vida era ser “narco”, seguramente ilusionada al ver los suntuosos “cholets” o las grandes farándulas amenizadas por conjuntos musicales extranjeros. Como refiere el Editorial de El Día (16/07/2022): “Ella es testigo de que la única actividad que goza de buena salud en Bolivia es el crimen.

Observan cómo hostigan a los que producen, a los que siembran…. y está segura de que estudiar no vale la pena en este país que odia el conocimiento y ensalza la ignorancia, el engaño y la trampa”.

Cualquier Estado con estas tres características solo augura un futuro velado, teñido de violencia, que coopta el sistema democrático, con mayor farmacodependencia juvenil e inseguridad ciudadana. Todo aquello conduce a un país sin rumbo, que trajina en un mundo permisivo, que vive del entrenamiento y por último mercantilista, sediento del dinero fácil, sin importar su origen. ¿Quo vadis Bolivia?

Tags