16 de septiembre de 2022, 4:00 AM
16 de septiembre de 2022, 4:00 AM

El discurso de Evo Morales, que hablaba permanentemente contra el Estado que favorecía a unos cuantos, contra el nepotismo y sus varias formas disimuladas, contra las familias que se beneficiaban de los dineros públicos de una u otra manera, se cae a pedazos con la constatación de que su hijo Álvaro Morales Peredo trabaja en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Figura con el cargo de técnico II y coordinador con los movimientos sociales en la regional de Cochabamba. Fue designado por memorándum firmado por el mismo presidente de esa entidad estatal, Henry Nina, ahora en el centro de la tormenta por el caso de corrupción por Bs 18,6 millones para favorecer a la empresa china Harbour Engineering Company en la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.

De manera llamativa, el hijo de Morales ingresó a la ABC el 9 de septiembre reciente, es decir, en pleno cuestionamiento de los ejecutivos de esa entidad por la millonaria coima de la adjudicación.

Para evitar dudas o desmentidos posteriores, la prueba de la condición de empleado público de Álvaro Morales Peredo es la declaración jurada que él mismo presentó ante la Controlaría General del Estado el 8 de septiembre, es decir un día antes de su contratación, en la que dice que tiene Bs 28.500 en bienes y ninguna deuda.

En el medio, también se cruza el intercambio de adjetivos que se dijeron entre Evo Morales.

 Henry Nina y el diputado Héctor Arce, el denunciante cercano a la corriente del jefe del MAS en ese partido. Morales dijo que Nina era corrupto; Nina le respondió que era mentiroso; Arce inició una demanda penal contra el presidente de ABC.

Álvaro no es el único hijo con cargo en la administración pública. También su hija Eva Liz trabaja en la Procuraduría General del Estado que encabeza Wilfredo Chávez, exministro, exabogado de Morales y hombre de su absoluta confianza.

No son los únicos casos. También la hija del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, trabaja en la ABC, que a este paso bien podría cambiar su significado a Agencia Boliviana de Contrataciones, y continuaría conservando la sigla.

Vania Lanchipa, abogada de profesión, figura en las planillas de ABC desde hace 11 meses, como consultora, según confirmó ella misma, quien, sin embargo, no ve conflicto de intereses ni nada malo en prestar sus servicios en una entidad que ahora está siendo investigada por los hechos de corrupción.

Habría que replantearse aquello del conflicto de intereses, porque no resulta fácil de digerir la idea de que el fiscal Lanchipa -además muy identificado con el partido de Gobierno- vaya a investigar y procesar con firmeza nada menos que al jefe de su hija en ABC.

Otra de las respuestas que suelen darse en casos como este es que las personas ‘tienen derecho al trabajo’. El jefe de comunicación de la Fiscalía, José Luis Tarquino, utilizó ese argumento.

Hay que recordar, sin embargo, que el derecho al trabajo es una cosa, sobre la cual nadie podría poner objeciones.

 Pero otra cosa, y muy grave, es el favorecimiento particular por razones políticas y las contrataciones de personas muy cercanas a políticos con poder, como Morales, o autoridades con poder, como Lanchipa, que cuando menos colisionan con un detalle no poco importante en el ejercicio de la función pública: la ética.

¿Cómo se puede determinar que un hijo de poderoso obtiene un puesto en la administración pública por méritos propios y no porque el jefe de esa institución quiere congraciarse con su padre al hacer esa contratación? Si son profesionales muy capaces y meritorios, seguro no le faltarían ofertas laborales fuera de la administración pública.

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