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El empresario Philip Lichtenfeld, que es investigado en Estados Unidos junto al exministro Arturo Murillo por presuntos delitos de lavado de dinero y soborno relacionado con la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal, fue excluido de la firma World Trade Center (WTC) Santa Cruz (ubicado en la zona del Urubó), según informó a través de un comunicado.

El documento señala que la compañía no ha participado de ninguna actividad ajena a su rubro y, de ninguna forma, ha consentido, encubierto o participado directa o indirectamente en actividades ilícitas.

Por lo tanto, hemos activado los mecanismos empresariales adecuados para excluir a Philip Lichtenfeld de nuestro paquete accionario y del desarrollo del negocio. Además hemos instruido una auditoría a los aportes cuestionados, los cuales serán devueltos al Estado boliviano por los canales pertinentes”, agrega el comunicado.

También señala que todos los aportes de los accionistas han seguido los procedimientos legales y fueron invertidos únicamente en el proyecto, que se viene construyendo en la zona del Urubó.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a través de su cuenta de Twitter ponderó la actitud de la firma por la acción, además de agregar que el objetivo del Gobierno nacional es poder recuperar el total del monto que habría sido desfalcado por los supuestos involucrados en el caso.

En días pasados, esta misma autoridad informó que una gran parte de los 2,3 millones de dólares de sobreprecio en esta compra, habría sido invertido en el proyecto WTC y la inmobiliaria El Doral, de Cochabamba.

La empresa desarrolladora del WTC se comprometió a coadyuvar con la búsqueda de la verdad, el cumplimiento del derecho y la transparencia institucional, a fin de cuidar las inversiones de ciudadanos bolivianos y extranjeros que confiaron en esa firma, para la construcción de WTC Santa Cruz de la Sierra, el cual próximamente será inaugurado.

El Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos se querelló contra el exministro Arturo Murillo, bajo la sospecha de ser parte de una conspiración para recibir sobornos y lavar dinero, dos delitos federales de “alta gravedad”, del grupo de leyes que persiguen la corrupción.

La demanda está basada en los resultados de una investigación que se desarrolló durante 17 meses, entre noviembre de 2019 y abril de este año, e identificó la captación de $us 1,2 millones en efectivo o a través de transferencias electrónicas en Estados Unidos y Bolivia.

Este monto representa el 50% del sobreprecio que pudo pagar el país por un lote de gases lacrimógenos y armamento no letal. La coima fue “pagada” por la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) que cobró $us 5,6 millones al Estado boliviano por esas municiones luego de haberlas adquirido a una compañía en Brasil, pero por solo $us 3,3 millones. La exautoridad boliviana está incomunicada en un centro penitenciario esperando su audiencia, que se realizará el 10 de junio en el estado de Florida (EEUU).

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