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La exdiputada Lidia Patty, quien instaló una demanda penal por terrorismo contra Luis Fernando Camacho y exautoridades policiales y militares, pidió al presidente Luis Arce destituir al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por no emitir una alerta migratoria contra el exlíder cívico cruceño. La exlegisladora consideró que la autoridad del Ejecutivo actúa como “pitita”, movimiento ciudadano que se levantó el año pasado contra Evo Morales.

“Es pitita (el ministro Del Castillo), por eso no está activando (la alerta migratoria) y tiene que ser destituido y solicito que sea destituido ese ministro”, exigió Patty.

La exdiputada acotó que la demanda que instaló sigue su curso y se mostró sorprendida que la Fiscalía todavía no convoque a declarar a Camacho y las exautoridades uniformadas.

“El proceso debe continuar. Se presentó con mi abogado toda la información y ahora vemos que en la Fiscalía no hay mucho avance. No vemos que llamen (a declarar) a (Luis Fernando) Camacho y a los militares y policías que apoyaron el golpe de Estado”, dijo Patty,

El Movimiento Al Socialismo (MAS) maneja el discurso de que el año pasado hubo un golpe de Estado contra Evo Morales luego de las elecciones anuladas. Además, los seguidores masistas califican de “gobierno de facto” a la administración transitoria de Jeanine Áñez.

Dichos de Copa

Ayer, la expresidenta del Senado Eva Copa dijo que el año pasado hubo una “transición constitucional forzada” para que Áñez llegue a la Presidencia del país.

“Desde mi punto de vista ha habido una transición constitucional forzosa, porque no correspondía a la segunda vicepresidencia, sino a la presidencia y primera vicepresidencia”, consideró Copa.

Sin embargo, tras recibir críticas por sus dichos, Copa luego aseguró que el año pasado hubo un “golpe de Estado” y que Áñez “con el pasar del tiempo, casi tres o cuatro meses, se hizo un ascenso por decreto y eso hace pensar que podía haber una planificación de golpe de Estado, porque nunca hubo ascenso por decreto, sino por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fue un Gobierno de transición que se tomó atribuciones que no le correspondían”.

El fiscal asignado al caso, Omar Mejillones, informó que la investigación continúa su curso y que el proceso de convocatoria a declarar de los implicados tiene que cumplir ciertos trámites. “No se puede decir que la investigación de este caso se paralizó, no. Seguimos trabajando y se están cumpliendo todos los plazos”, dijo.

Al respecto, el jefe de bancada de Creemos en Diputados, Erwin Bazán, calificó esta investigación como una “persecución política” y que Camacho no saldrá del país a pesar de las demandas que le presentaron en su contra.

“Existe una persecución judicial y política pura y dura. Este supuesto nuevo MAS ha vuelto a las mañas que tenía en los 14 años que gobernó, cuando perseguía a la oposición; sin embargo, no va a ocurrir lo mismo con la alianza Creemos, no nos va a amedrentar”, afirmó Bazán, quien consideró que el juicio contra Camacho “no avanzará, no prosperará”.


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