Exjesuita fue expulsado por denunciar abusos; Iglesia pide no politizar el tema

A medida que pasan los días aparecen nuevos actores y revelaciones en el caso del sacerdote español Alfonso Pedrajas, más conocido como ‘Pica’, quien dejó un historial de abusos sexuales en su diario de 350 páginas.

El más reciente fue Pedro Lima, un ex integrante de la Compañía de Jesús, expulsado en 2001 por haber denunciado abusos sexuales a niños, adolescentes y novicios de esa congregación.

El exjesuita contó al diario español El País, carta en mano, que lo expulsaron de la orden cuando denunció los abusos. Dijo que Ramón Alaix, que en ese momento era el provincial de los jesuitas, sabía todo. Y es precisamente Alaix quien firma la carta de salida forzosa de Lima de la congregación.

Pedro Lima también nombró al catalán Marco Rolons, que en ese momento ocupaba un alto cargo de la orden en Bolivia, y que después llegaría a la cúpula de la orden en el Vaticano, como otro conocedor y encubridor de los abusos de Pedrajas.

Adicionalmente, Lima contó a El País que sus denuncias de abuso sexual no solo salpicaban a ‘Pica’, sino a dos religiosos más: Luis Tó González y Antonio Gausset Capdevila, que, de acuerdo a sus aseveraciones, se aprovecharon de decenas de menores y de los novicios de la orden.

El exjesuita sostiene que la Compañía de Jesús encubrió sistemáticamente los casos de abusos que se conocieron y que acalló a quienes los denunciaron.El País detalla que Lima estuvo en la orden entre 1992 y 2001.

Como novicio y maestro recorrió Oruro, Cochabamba y Sucre, lugares en los que afirma que fue testigo de los abusos cometidos por Pedrajas, Tó y Gausset Capdevila. De acuerdo con el relato de Lima, Gausset abusó de niños indígenas y de familias vulnerables que eran llevados para que pudieran ayudarlo, puesto que padecía de una enfermedad degenerativa, que le impedía caminar.

Sobre Tó, Lima indicó que este ya había sido denunciado en España por abuso a una menor, después de lo cual fue enviado a Bolivia.
La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones en torno a este caso, en Bolivia, y lo declaró en reserva por 10 días. 

Por su parte, la Compañía de Jesús denunció los hechos ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y sigue sus propias investigaciones desde abril de este año, como señala en su sitio web, donde también indica que inició otro proceso en agosto de 2022, que terminó este año, pero no detalla los resultados del mismo.

Foto: Marco Rolons (Crédito: Diario La Vanguardia)

El pedido de la Iglesia
En su homilía de ayer, el arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, dijo que todo error, todo delito, debe ser investigado, y que corresponde hacer justicia, pero pidió que no se politice el tema, “que no se estigmatice a la Iglesia, porque no son todos (los que cometieron el error, el delito)”. 

Llamó a que se investigue este caso, a través de las autoridades llamadas a hacerlo, e indicó que acompañarán el proceso.

Del mismo modo, Leigue expresó su solidaridad con la congregación de los jesuitas. “Sabemos que no son todos los sacerdotes; uno o algunos han cometido errores”, sostuvo, y pidió fortaleza para la Compañía de Jesús, por el trance que atraviesa.

Ámbito internacional
Los ex alumnos del Colegio Juan XXIII de Cochabamba, donde ocurrió la mayoría de los abusos narrados en el diario de ‘Pica’, desconfían de la justicia boliviana y alistan una demanda internacional.

“Es bastante desalentador en el ámbito nacional, pero lo que sí se puede es el ámbito internacional, ahí sí hay jurisprudencia. Sabemos que hay antecedentes, entre ellos, lo económico, aunque no estamos apuntando a eso; estamos apuntando a una justicia que corrija algunas cosas”, dijo al diario Los Tiempos uno de los integrantes de la Asociación de exalumnos del colegio Juan XXIII de Cochabamba.

Si bien el Ministerio Público abrió un caso y conformó una comisión especial de fiscales para investigar, los exalumnos creen que “el desenlace que se prevé es nefasto y no va a llegar lejos”.

Dos denuncias
Osvaldo Chirveches, delegado para la Creación de Ambientes Sanos y Seguros en Comunidades e Instituciones Jesuitas en Bolivia de la Compañía de Jesús, confirmó que dos personas acudieron hasta esa institución para denunciar que fueron víctimas de violencia sexual por parte de Pedrajas.

Señaló que comunicó a las víctimas que podían acudir a la Fiscalía o Policía para presentar una denuncia, pero se negaron para resguardar su identidad, considerando que se trata de personas que ya conformaron una familia y que son de edad avanzada.

“Una de las investigaciones ya está concluida, toca ser enviada a Roma a la Curia General, y la segunda la estábamos procesando, pero ahora tenemos que evaluar y hacer las consultas si vamos a continuar o no con esta segunda investigación, ya que salió a la luz el diario”, agregó a Los Tiempos. 

Una docena de casos
En los recientes cuatro años, según datos entregados por asesoría legal de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) al diario Página Siete, la Iglesia conoció al menos diez casos de pederastia.

En cuatro de estos quedaron al menos 172 víctimas de abusos de sacerdotes contra niños, adolescentes y seminaristas.

A pesar de la alarmante cifra, Susana Inch, asesora jurídica de la CEB, reconoció que no se trata de un dato consolidado, ya que estos registros no incluyen los casos de Pedrajas, ni del ‘padre Coco’, acusado de acoso sexual en la Universidad Católica de Tarija.

En su visita a Bolivia en marzo de 2023, para hablar de los abusos dentro de la Iglesia, y en entrevista con EL DEBER, el padre Daniel Portillo aseguró que el papa Francisco dio lineamientos que no se pueden poner por encima de la víctima el cuidado de la imagen de la institución.

Reconoció que “lamentablemente no es tan fácil acceder a las cifras de abuso sexual cometidos por sacerdotes. “Es de los delitos que menos se denuncian y siempre se los maneja como cifras negras, es decir, que no son parte la estadística”. 

Los riesgos
Varios juristas coincidieron en que el silencio de las víctimas, más la muerte del cura ‘Pica’, pueden debilitar el caso. Uno de ellos es Francisco Borenstein, ex fiscal de Santa Cruz e impulsor de las reformas judiciales.

“Si las víctimas no aparecen se complica tremendamente la situación, por más voluntad que tenga la Fiscalía, porque la investigación va destinada a esclarecer el daño que se ha cometido contra una persona”, dijo. Asimismo, enfatizó que, de presentarse las víctimas, corresponde el resarcimiento por los daños ocasionados.

El abogado Juan Marcelo Aliaga Zamorano aclaró que es evidente que se extingue la acción por muerte con relación al autor principal, pero no contra los cómplices, encubridores. 

“Hay que ver el grado de participación. Cómplice es el que coadyuva, y encubridor es el que, a sabiendas de un hecho ilícito, no denuncia”, dijo.

La abogada de Mujeres Creando, Lety Tordoya, explicó que el caso podría debilitarse porque en todos los delitos de la Ley 348, incluidos los de violencia sexual, física o todo tipo de abuso, se necesita instancia de partes, es decir que los afectados denuncien y se hagan por lo menos los informes sicológicos y sociales, porque los físicos serán extemporáneos. Recomendó sí o sí ubicar a los encubridores para que el caso no pierda fuerza.

Según ella, otros puntos en contra son que la sanción por encubrimiento es muy leve, de dos años, “acceden a perdón judicial, nunca entrarían a la cárcel. A eso hay que agregar que los delitos de orden sexual en Bolivia prescriben cinco años después de que la víctima cumple mayoría de edad”. 

Sobre la denuncia internacional, dijo que primero les pedirán agotar la vía judicial en Bolivia, que “igual será un camino doloroso, como el caso La manada. Puede tomar diez años”, advirtió.