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La exministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, negó que su país haya enviado “munición de guerra” a Bolivia, tal como señaló el ministro Eduardo del Castillo el 10 de junio.

“De ninguna manera se trata de material militar o de guerra, porque la Policía no posee material de ese tipo”, afirmó la exautoridad de la administración de Lenin Moreno, quien fue demandado por un legislador, Fausto Jarrín, afín al expresidente Rafael Correa, por un “irregular” préstamo de municiones no letales a Bolivia, en noviembre de 2019. “Se trata de un procedimiento habitual de cooperación entre policías y en esta demanda hay mala fe”, afirmó Romo a los periodistas de su país.

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo el martes que el gobierno está recibiendo información “preocupante” sobre este préstamo y llegó a sugerir la posibilidad de un delito de “lesa humanidad” de orden internacional, porque, según dijo, esa munición pudo ser empleada en la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas que se produjo el 15 de noviembre de 2019 en el puente Huayllani de Sacaba, en Cochabamba.

Jorge Santistevan, militar del servicio pasivo y abogado constitucionalista afirmó que las acusaciones del gobierno “están poniendo en tela de juicio la honorabilidad de un Estado amigo”.

La investigación del préstamo de estas municiones data de 2020. El Legislativo pidió informes a la embajada de Ecuador en Bolivia.

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