Expertos advierten golpe al equilibrio ecológico con la vía Porongo - Buena Vista

El proyecto carretero Porongo- Buena Vista es visto por ambientalistas como un potencial ‘Tipnis II’ debido al daño en el equilibrio ecológico que sufriría la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Guendá–Urubó. Este espacio está protegido por una ley departamental que habitantes de Porongo y Buena Vista buscan su derogación.

El abogado y experto ambientalista Leonardo Tamburini recordó que tras conocerse el proyecto de esta carretera, en 2016, pensaron que está destinado a destruir las principales funciones que cumple el Parque Nacional Amboró, una de las reservas con mayor biodiversidad a escala mundial, ya que en sus superficie confluyen tres diferentes ecosistemas. Por eso, insistió en que cualquier tramo carretero que se está proyectando construir en la zona Guendá-Urubó, impactará de manera negativa en los acuíferos que se encuentran ubicados dentro de la UCPN.

“Para nosotros, como ambientalistas, es una especie de Tipnis II porque tiene el mismo impacto ambiental. Afecta el curso del agua, aumenta la deforestación y abre las puertas a los cultivos de coca dentro del Parque Nacional Amboró”, dijo Tamburini.

Además, prosiguió el experto, también afecta la regulación climática que tiene la zona metropolitana de Santa Cruz de Sierra.

A su vez, la activista Eliana Torrico sostuvo que hace cuatro años se vienen oponiendo a este proyecto porque tienen características similares a la que se intentó construir en el Tipnis, cuando se intentó dividir una zona rica en biodiversidad para conectar a Cochabamba y Beni.

“Principalmente porque una carretera trae consigo un impulso descontrolado para construir urbanizaciones, proliferación de negocios y asentamientos humanos, que llevan a la deforestación y la afectación del suelo”, dijo Torrico.

Asegura que todo eso va a sobrecargar, por ejemplo, el área de amortiguación del Parque Nacional Amboró y también la reserva acuífera en la zona Guendá–Urubó, “por lo que la catalogamos como un Tipnis II”, acotó.

Por su parte, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena escribió en su cuenta en Twitter que el Gobierno nacional “busca imponer un trazo carretero, habiendo mejores opciones, para destruir lo vital: el sistema de provisión y recarga de agua para Santa Cruz, en pleno proceso de la crisis climática y sequía por la deforestación regional”.

La Ley Departamental 208 prohíbe toda obra, actividad o proyecto de infraestructura que pueda modificar el cauce o flujo natural y la cuenca de los ríos ubicados en la zona Guendá-Urubó. Durante nueve días, pobladores de Porongo y Buena Vista bloquearon el ingreso a la Gobernación exigiendo la derogación de la norma, pero tras un enfrentamiento con vecinos y activistas, decidieron entrar a un cuarto intermedio en sus medidas de presión.

Cuatro planes alternativos para proteger los acuíferos

Trazos alternos

El asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, indicó que se ofrecieron soluciones a los manifestantes para que no se derogue la normativa. La principal es una ruta alterna; la Gobernación presentó cuatro propuestas (ver infografía), para que la carretera vaya por los bordes de la UCPN.

“También se les mostró que la normativa no afecta su derecho propietario, porque hay un artículo que establece que los derechos propietarios adquiridos hasta marzo de 2021, serán respetados”, complementó.

En tanto, Tamburini dijo que pareciera que las cuatro rutas propuestas por la Gobernación cruceñas no cuentan con ningún estudio que las respalde.

“Nos parece irresponsable lo que se ha hecho, y creemos que ambas partes se deben sentar a conversar técnicamente sobre los estudios que la misma Gobernación y Saguapac encargó, años atrás, sobre la cuenca del río Piraí y los acuíferos, para así poder planificar las obras de infraestructura a partir de esa realidad ambiental”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró que el proyecto de la carretera cuenta con licencia ambiental emitida y respaldada por un estudio que realizó la misma Gobernación en el año 2016.

“Este tramo no es nuevo, se lo conoce desde hace años y no es posible que ahora pongan tantas trabas cuando fue la misma Gobernación la que realizó su estudio técnico”, expresó Montaño.

Sin embargo, la secretaria (a.i) de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, María Julia Parada, acusó al ministro Montaño de mentir. “Dicho proyecto no cuenta con licencia ambiental vigente y la Gobernación no la otorgará mientras pretenda afectar los reservorios de agua”.