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Dos expertos coinciden en que hay anomalías en lo ocurrido el 10 de marzo , fecha en que operó el aeropuerto de Chimoré sin la autorización correspondiente. Advierten que el ingreso de 36 aeronaves violó normas nacionales e internacionales.

El coronel en servicio pasivo y abogado constitucionalista Jorge Santistevan, dijo que un acto de esta naturaleza “es irregular y anormal, porque se han vulnerado una serie de procedimientos, de protocolos y reglamentos establecidos por instituciones de la aeronavegación mundial”.

Manifestó que a escala internacional la OACI es una entidad que regula todo el procedimiento aéreo internacional y, luego de ahí, a los niveles internos nacionales de cada Estado. 

En el caso de Bolivia, existe la DGAC, que también tiene sus protocolos y normas establecidas para control, regulación y funcionamiento de aeropuertos y del espacio aéreo boliviano.

Más abajo, en el orden jerárquico, está Aasana, que forma parte de esa cadena de administración aérea y aeroportuaria. Para él, en ningún caso tiene la potestad de llevar adelante una acción de este tipo sin que sepa el ministro del área.

Por su parte, el exejecutivo de BoA, Estanislao Fínfera, coincidió en que la OACI emite todas las reglamentaciones, asesora a las reglamentaciones existentes en un país. “En Bolivia es la Dirección de Aeronáutica Civil que tiene dependencia directamente de la OACI. El país hace sus reglamentaciones nacionales y de la región en base a lineamientos internacionales. Esta instancia tiene la misión de planificación y de buscar la seguridad de operaciones, sobrevuelos que cumplan las aeronaves nacionales e internacionales”.

Luego viene Aasana, que tiene una dirección nacional. Pero ofrece servicios, y la DGAC es la que reglamenta las operaciones. Aasana se aboca a la administración y al cuidado del perímetro de los aeropuertos.

Santistevan anotó que lo ocurrido es un acto irregular. Cuando se reinaugura, se reabre una operación aérea “debe haber procedimientos y lo ocurrido estuvo al margen de la ley, del conocimiento de la MAE, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, es una grave irregularidad, porque primero atentará contra la seguridad y la soberanía del Estado. Se vulnera el territorio, el espacio aéreo y se pone en peligro la seguridad nacional. Ese es el problema más importante. Más allá de que se pone en riesgo la seguridad y la protección de las personas”.

Fínfera puso en duda si el aeropuerto de Chimoré tiene realmente el rango de aeropuerto internacional, “primero porque no tiene el flujo de pasajeros para hacerlo”.

Segundo, debe tener Aduana, Interpol, Migración y todos los elementos que uno conoce, sin necesariamente ser un perito en aeronáutica, “pero si uno llega a un aeropuerto internacional debe cumplir con condiciones e infraestructura que esta terminal definitivamente nunca tuvo”.

Por lo tanto, si la terminal está denominada así, aeropuerto internacional y tiene la aprobación como tal, debe estar absolutamente controlada. “Definitivamente, eso fue lo que faltó” en lo ocurrido el 10 de marzo. Ambos expertos participaron del programa Influyentes, de El DEBER Radio.

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