25 de julio de 2023, 4:00 AM
25 de julio de 2023, 4:00 AM


El país está enfrentando la cruda realidad de la declinación de la producción de hidrocarburos, con las consecuencias que representa por la disminución de las exportaciones que ingresaban por este concepto, y al mismo tiempo, el incremento de la salida de divisas para la importación de energéticos, con un déficit energético creciente y un doble efecto negativo que se multiplica por sí mismo en su impacto sobre la economía nacional.

Es el resultado de años en los cuales se concentraron los recursos en explotar sin explorar, lo que equivaldría a pretender cosechar sin sembrar. En el caso de los recursos extractivos como los hidrocarburos y los minerales se presenta la situación agravante de que la siembra, es decir la exploración, demora años y mucha veces puede ser infructuosa, puesto que encontrar una veta de minerales o un reservorio de gas, por ejemplo, en la inmensidad del subsuelo, equivale efectivamente a encontrar una aguja en un pajar, por lo que es necesario un proceso de exploración continua, con una alta inversión de recursos económicos y un uso intensivo de tecnología e información por parte de equipos humanos altamente capacitados y con una gran experiencia profesional.

De más está decir que en Bolivia no se cumplieron estas condiciones. Mientras que en los años noventa se inició un proceso de atracción de inversiones que permitió el descubrimiento de los grandes campos de Tarija y posteriormente de Incahuasi, en Santa Cruz, a partir del año 2006, con la nacionalización, se priorizó y concentró la inversión en el desarrollo de la infraestructura para la explotación, es decir la extracción del gas y su monetización a la mayor velocidad posible.

Paradójicamente, en estas circunstancias confluyeron los intereses de nacionalizados y de nacionalizadores, es decir del Gobierno y de las empresas transnacionales que operaban los campos de hidrocarburos. Ambos coincidieron en la intensificación de la explotación. El Gobierno en su interés de lograr la mayor cantidad de recursos económicos para financiar su modelo estatista y sus intereses electorales mediante políticas basadas en los subsidios y la distribución de recursos, y las empresas internacionales por su interés en recuperar su inversión y repatriar sus utilidades, de un país que no sostenía las reglas de juego con las que habían invertido.

Todo esto fue posible gracias al increíble aumento de los precios internacionales de las materias primas, que produjo una multiplicación del precio del barril del petróleo desde los $us 10, al inicio de los años 2000, hasta $us 140, alrededor de una década después. Esta circunstancia permitió que los ingresos alcanzaran para todos, para el Gobierno que promovía la nacionalización como la solución mágica para el subdesarrollo boliviano, y para las empresas, que, aun quedándose como prestadoras de servicios, ganaban más dinero que antes.

El problema de toda bonanza basada en gastarse la herencia recibida es que todas las fiestas se acaban y las resacas son siempre tristes y dolorosas. Si bien, después de iniciarse la caída de los precios internacionales de las materias primas, en el año 2014, el Gobierno intentó desarrollar algunas exploraciones, las mismas fueron muy reducidas, y, particularmente, las desarrolladas por YPFB y sus filiales, apresuradas, sin los estudios previos necesarios, por lo que el riesgo de fracaso exploratorio se multiplicaba sustancialmente, como finalmente sucedió. Al final, el reducido número de proyectos exploratorios y, en su mayoría, la mala ejecución de éstos dio como resultado lo que era lógico esperar, el fracaso en el desarrollo de nuevas reservas.

El gran cuestionamiento que debiéramos hacernos los bolivianos es si aprendemos algo de estos procesos fallidos en la búsqueda de nuestro desarrollo en los que nuevamente malgastamos los ingresos extraordinarios de la explotación de nuestros recursos naturales sin desarrollar una economía sostenible que invierta los excedentes de los recursos extractivos hacia la consolidación de sectores de ingresos renovables que aseguren la sostenibilidad en el largo plazo del desarrollo nacional.

El desafío para todo ello es que ese desarrollo sostenible requiere institucionalidad y visión de largo plazo, sin lo cual viviremos de ciclo en ciclo, esperando que algún recurso natural nos mantenga y nos haga vivir por algún tiempo la ilusión de una nueva bonanza.

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