Exponen planes ‘pobres’; no hablan de presupuesto ni autonomía del Defensor

Los siete candidatos a defensor del pueblo presentaron propuestas “débiles y poco novedosas” ante los miembros de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La mayoría coincidió en promover los derechos humanos desde las escuelas, capacitar al personal y luchar contra la violencia. Sin embargo, ninguno habló de cómo recuperar la independencia e institucionalidad de la Defensoría del Pueblo, cuyo aspecto preocupa desde la designación de David Tezanos y Nadia Cruz, ambos vinculados al partido de Gobierno.

“Los planteamientos de los postulantes no tienen solidez y no aportan nuevos elementos para mejorar las deficiencias actuales de la institución que está manchada por la política”, aseguró a EL DEBER el analista político José Velasco.

Mientras tanto, la veedora de la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), Sandra Verduguez, señaló que no basta informar a la población sobre el ejercicio de sus derechos o mejorar la capacitación de los funcionarios, porque si la Defensoría carece de independencia política, “no se obtendrán los resultados que se esperan”.

Los postulantes Evelín Cossío y Ramiro Iquise solo hicieron referencia a la imagen “dañada” de la institución. Mientras tanto, Francisco Callisaya y Luisa Chipana hablaron de rescatar la confianza y recuperar el rol de la Defensoría.

Las propuestas que se destacan son la creación de un observatorio de derechos humanos y el despliegue de defensorías itinerantes en las provincias y comunidades alejadas del país.

El representante de la Asamblea de Derechos Humanos (APDH-El Alto), David Inca, lamentó que ningún postulante haya desglosado el presupuesto de la Defensoría y los recursos que se destinarán para cada tarea.

Los entrevistados iniciaron sus exposiciones con antecedentes jurídicos y tardaron en aterrizar en las acciones que ejecutarán si llegan a ocupar el cargo. La mayoría no distribuyó su tiempo para explicar sus planes de trabajo.

La abogada Evelin Cossío, que figura entre los siete candidatos que avanzaron a la siguiente fase afirmó que en caso de resultar elegida defensora del pueblo su mayor reto consistirá en contar con presencia en las provincias.

Luisa Chipana, abogada cochabambina de 45 años, propuso elaborar un diagnóstico en la Defensoría del Pueblo para identificar los principales problemas y quejas de los ciudadanos. Asimismo, presentó un proyecto de defensa de los derechos humanos para los privados de libertad.

Otro de los candidatos, el paceño Pedro Callisaya dijo que busca recuperar la confianza de la población hacia la Defensoría.

La candidata chuquisaqueña Claudia Calvo, de 40 años, centró su propuesta en contar con una Defensoría del Pueblo de “puertas abiertas” y la creación de un observatorio para poblaciones vulnerables.

Por su parte, el abogado paceño Rubén Estrada mencionó como su principal propuesta de trabajo “cambiar el paradigma de la Defensoría”.

“Impulsar el trabajo y la presencia en las provincias” de la Defensoría fue la propuesta mencionada por Ramiro Iquise ante los parlamentarios que conforman la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Por su lado, Porfirio Machado apuntó como su principal proyecto, en caso de llegar a la Defensoría, impulsar un encuentro de concertación nacional para superar los conflictos en el país.

Especulaciones

Las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos informaron a este medio que esperarán a la sesión del martes para tomar una postura e identificar si el MAS se inclina por algún candidato.

Por el momento señalaron que solo tienen conocimiento de postulantes que fueron exfuncionarios y emitir pronunciamientos sobre ellos sería “especular”.

“No todos los que tiene y han demostrado méritos están en la etapa final”, lamentó el diputado Enrique Urquidi.

Estos son los candidatos a Defensor del Pueblo que pasaron la etapa de designación:

Luisa Chipana U., abogada

Es originaria de Cochabamba y se autoidentifica como mestiza. Es abogada y tiene una maestría en Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz. Fue directora de Régimen Penitenciario en Pando. Trabajó en la Defensoría del Pueblo y en la Unodc. Tiene 45 años.

Evelín Cossío M., abogado

Nació en la provincia Sud Yungas de La Paz. Es abogada titulada en la Universidad Salesiana. No trabajó en el Estado. Fue asesora de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), y asumió la defensa de dirigentes como Franclín Gutiérrez.

Pedro Callisaya A., abogado

Nació en la ciudad de La Paz, se identifica como aimara. Tiene 56 años de edad. Es abogado de profesión. Fue director nacional de Derechos Reales hasta febrero de este año; antes se desempeñó como Vocal de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Porfirio Machado, abogado

Es de la ciudad de La Paz, tiene 63 años y se identifica como aimara. Es abogado. Desde 2021 es el jefe nacional de asuntos jurídicos del Senasag, oficina que depende del Ministerio de Desarrollo Rural. Escribió 13 libros, trabajó en instituciones alteñas, como la UPEA.

Ramiro Iquise P., abogado

Es oriundo de la ciudad de Potosí. Se identifica como quechua y vive en la ciudad de El Alto. Es abogado y se vinculó con el Estado desde 2009 cuando ingresó a trabajar a la Alcaldía de El Alto como jefe de unidad de protección a la persona con discapacidad.

Claudia Calvo C., administradora

Es oriunda de Chuquisaca, tiene 40 años y se autoidentifica como mestiza. Es administradora de empresas, titulada de la Universidad Mayor de San Simón. Fue directora de relaciones internacionales en el municipio de Sucre hasta 2021 y asesora legal en Cofadena.

Rubén Estrada C., abogado

Nació en La Paz y tiene 48 años. Desde 2007 está vinculado al Gobierno, trabajó en cuatro ministerios: Trabajo, Gobierno, Presidencia y Salud. Su postulación fue impugnada.

Obtuvo una calificación de “bueno” en su entrevista. Habla, lee y escribe aimara.

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