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El exprocurador Pablo Menacho admitió que tiene una sociedad con el exministro y actual embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, y que hace algunos meses su firma, Alliance Abogados Asociados S.C, se adjudicó el proceso por Mutún.

Según el Sicoes, la Empresa Siderúrgica del Mutún es la contratante, el objeto de contratación es brindar servicios jurídicos para defensa en proceso arbitral ESM- Jindal Steel. La adjudicada es Alliance Abogados Asociados S.C, por un monto de Bs 2.505.600. La modalidad de contratación es “por excepción”.

Desde su refugio Yerko Núñez, el exministro de la Presidencia en la gestión de Jeanine Áñez, denunció este hecho. “¿Qué experiencia profesional tienen Arce (abogado de Evo Morales) y Menacho (exprocurador de Evo Morales) en la administración del Estado? Ninguna, ambos solo lograron pérdidas económicas para el país”, criticó a través de un post de Facebook.

El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que es un tema del Ministerio de Minería y se excusó de ofrecer mayores comentarios.

Este medio se comunicó con el ministro de Minería, Ramiro Félix Villavicencio, quien tras contestar su celular y escuchar la consulta señaló que no podía hablar porque en ese momento salía de su oficina. Solicitó abordar el tema en otro momento.

Héctor Arce explicó que el bufete se hizo cargo de la defensa de Mutún desde hace algún tiempo, pero aclaró que es una sociedad de varios juristas en el eje central del país, y que él no conocía más detalles.

El exprocurador Menacho admitió que Héctor Arce “es parte de la sociedad y participó con nosotros. La oficina que tenemos en Santa Cruz presentó el dossier, allá está radicado el proceso, y el doctor Arce está en La Paz”, aseveró.

Desde la oposición, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Carlos Alarcón, comentó que primero, tanto Arce como Menacho fueron exprocuradores del Estado. “Legalmente no hay una prohibición expresa, pero creo que estas dos exautoridades, por ética, no debieron participar. Queda claro que tienen una vinculación directa con el MAS, con el Gobierno para ser favorecidos”. Además, con el agravante de que hubo una invitación directa y no una licitación para un caso tan importante.

Menacho manifestó que en ese último punto hay una confusión, y descartó que hubiera sido una contratación directa.

“Lo que hubo, en realidad, fue una convocatoria pública nacional e internacional que la lanzaron el 19 de marzo. El 29 de marzo se amplió por el feriado de Semana Santa y el 5 de abril fueron presentadas las propuestas”.

Menacho advirtió que además de Alliance Abogados Asociados S.C. se presentaron otros estudios de abogados, no solamente nacionales, sino también internacionales. “Finalmente, el 12 de abril, nos notificaron que nos habían adjudicado con una resolución que si no me equivoco era del 10 de abril”. Carlos Alarcón replicó que  debió ser una licitación completamente abierta, pública, para que todos los bufetes se presenten “y no haya posibilidad de orientar la licitación”.

Además, manifestó que la adjudicación se hizo “justamente en base a la experiencia que tenemos nosotros en el arbitraje internacional y por el hecho de que como abogados del Estado tuvimos resultados concretos”.

Se refirió al hecho de que el Estado boliviano y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) fueron excluidos del arbitraje internacional que la filial de la empresa india Jindal Steel & Power Ltd., Jindal Steel Bolivia S.A. (JSB), interpuso en 2014, por lo que ahora la demanda se reduce a la firma india y a la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún.

“Tenemos el conocimiento del caso, y eso fue lo que nos animó a presentarnos.

Críticas

Yerko Núñez y Carlos Alarcón sostuvieron, por separado, que Arce y Menacho tuvieron una “pésima participación”en el hecho de que la CIADI falló a favor de Quiborax, y Bolivia perdió $us 48,6 millones”.

Menacho respondió que ambos tienen una confusión de fechas. “Ni Héctor Arce ni yo vimos el caso de Quiborax. El procurador era Hugo Montero. Ese proceso se llevó entre 2010 y 2013. Nosotros no estábamos en ningún cargo que tenga que ver con defensa legal del Estado”, aseguró.

Alarcón insistió en que esta “pésima actuación del Estado por supuesto que tuvo como protagonista al menos a Arce”.

Núñez mencionó que luego, en marzo de 2018, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, resolvió que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico, los abogados que participaron en este proceso también eran Arce y Menacho.

Menacho replicó que “está claro cuáles son las intenciones del exministro Núñez. Y por supuesto que son políticas”, dijo.

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