Falta de independencia en la justicia fue detectada en 4 reportes internacionales

Cuatro informes de alcance internacional, emitidos en el curso de los últimos 11 meses, señalaron la falta de independencia en la justicia boliviana y expresaron la urgencia de una reforma integral.

La existencia de estos reportes reflotó luego una declaración que hizo el presidente Luis Arce en la sede la Organización de Naciones Unidas (ONU) de Nueva York. Allí, el mandatario negó la injerencia “política partidaria” en el sistema judicial y dijo que estos reportes fueron elaborados con información insuficiente.

“Hay muchos organismos internacionales que hacen declaraciones que no están suficientemente informados. En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia, lo que sí tenemos es una deuda pendiente de resolver que es la demora en la resolución de los casos y otro tipo de aspectos que el Gobierno boliviano va a encarar a través del Ministerio de Justicia”, dijo Luis Arce en una rueda de prensa posterior a su intervención en la 77 sesión de la Asamblea General de la ONU.

Desde la Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, hicieron notar que estos reportes señalan de manera documentada la injerencia política en la justicia, una práctica que no se limita únicamente al gobierno de Luis Arce.

César Muñoz, investigador sénior de las Américas en HRW, señaló que “hay consenso en los organismos internacionales en apuntar la debilidad del sistema de justicia y su uso por parte del gobierno de turno con intereses políticos”. Recordó, por ejemplo, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU abordó esta situación en el informe presentado al organismo en junio de este año.

A este documento se suma el balance que hizo el relator especial Diego García Sayán, quien llegó al país gracias a una invitación del Gobierno. Anotó serias deficiencias en el sistema judicial, muchas de ellas estructurales, incluida la injerencia política.

El Comité Contra la Tortura, una organización formada por expertos independientes reportó en diciembre de 2021 esta problemática, pero puso énfasis en los procedimientos que aplica la Policía en sus operativos. La Defensoría del Pueblo aún investiga, por ejemplo, la muerte de una mujer en una celda policial del barrio paceño de Chasquipampa que sucedió en octubre de 2021

También cobró notoriedad la retahíla de arrestos que ejecutó la Policía contra dirigentes de la Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca).

El cuarto reporte citado por Muñoz tiene que ver con el que hizo el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de agosto del año pasado. Este organismo fue creado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en el contexto de la crisis de 2019.

Pero más allá de esas evidencias, el GIEI “revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”.

Una tendencia que se observó, apunta el reporte, fue el uso frecuente de las figuras penales de “sedición y terrorismo” para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y de líderes de oposición. Si bien el tipo penal de “terrorismo” fue eliminado, muchos casos siguen activos.

Arce, quien habla en Bolivia solo con medios vinculados al sistema estatal, dijo la pasada semana en Nueva York: “El Ministerio de Justicia está trabajando para hacer una propuesta clara que no solamente sea una reforma, nosotros llamamos una ‘reconstrucción de la justicia’” y remarcó que “un sometimiento” de la justicia al mundo político “no existe”. Eso sí, admitió que el sistema judicial “no está funcionando para resolver las demandas de la población”.

Al respecto, César Muñoz lamentó que Arce considere que “todos los organismos internacionales estén equivocados y que mágicamente, sin que haya cumplido su promesa de promover una reforma estructural, ahora la justicia es imparcial y no se pliega a intereses externos”. “El presidente está intentando tapar el sol con un dedo”, complementó.

El portavoz presidencial Jorge Richter defendió la postura del mandatario y rechazó que exista una conexión directa entre el poder político y los operadores de la justicia. “Usted se imagina que, en el país, a simple llamada telefónica de un político se modulan los fallos judiciales, usted cree que eso ocurre en el país de forma generalizada, común y de todos los días, eso no es así”, expresó Richter en una entrevista con el programa “Influyentes” de EL DEBER Radio.

El vocero no negó que la justicia boliviana sea “un desastre”. Es más, dijo que es preferible someterse a un acuerdo antes de llegar a un juzgado; sin embargo, sí descartó que la justicia sea manejada a órdenes del oficialismo, pese a que todos los juicios que se abrieron en contra de los dirigentes y militantes del MAS fueron cerrados, archivados o desestimados; y por el contrario, se agudizaron los casos en los que están involucrados los opositores políticos.

Figura, por ejemplo, la notoria diferencia con la que la Fiscalía actúa ante las denuncias de coimas contra altos funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparaéz o la continua suspensión de la audiencia cautelar a la que debe someterse el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani (MAS), por las irregularidades que saltaron en la compra de 41 ambulancias.

“La administración de la justicia no garantiza transparencia, rapidez, no fluye y no da certidumbres de independencia o transparencia u objetividad en sus fallos, eso nadie ha dejado de reconocer, pero lo otro de que un político alce un teléfono y module un fallo, yo creo que eso tiene bastante misticismo que se instala desde la política”, aclaro Richter ante la evidencia.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció una reforma integral al llegar al gobierno, a finales de 2020. La propuesta que no prosperó incluyó la posibilidad de reformar la Constitución Política del Estado para ajustar la elección de altos magistrados. La propuesta de reforma no prosperó, pero el Gobierno apostó por ajustar la normativa para que aliviar la carga judicial y mejorar el control disciplinario de los administradores de la justicia con ajustes en la Escuela de Jueces.

Eduardo Gamarra, politólogo y profesor del departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, señaló que la elección de magistrados “exacerbó” la dependencia política de la justicia. Actualmente, el Legislativo habilita a los candidatos a las elecciones populares. El MAS, aunque no tiene dos tercios, tiene mayoría en ese poder del Estado.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, afirmó que la crisis de la justicia no se limita a la manera en la que se eligen a los magistrados. Dijo, en una entrevista con Correo del Sur, que existen problemas estructurales en varios frentes. “El concepto general es que venden estas pegas” o las negocian o tienen otros mecanismos de selección que en ningún caso es el mérito”, afirmó.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó la semana pasada cuatro preguntas para el referéndum que permitirá reformar la justicia en el marco de una iniciativa popular activada por un grupo de juristas independientes.

La primera pregunta propuesta es para saber si la población está de acuerdo con una reforma parcial de la Constitución. El proyecto de referéndum prosigue con la consulta sobre la incorporación constitucional del 3% del Presupuesto General del Estado en favor del Órgano Judicial. En la tercera pregunta se pide la anuencia del elector para garantizar que naciones indígenas sus conflictos.

El siguiente paso será recolectar 1,5 millones de firmas para que el proceso pase al Legislativo y se convoque a un referéndum.

Lima y el presidente de la Magistratura promovieron varias reformas