Falta de institucionalidad
En menos de 10 meses de gobierno transitorio conformado por una suma de partidos, agrupaciones y delegados del movimiento cívico, profundizaron la desinstitucionalización en Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, convirtiendo ambas entidades en desdeñable escenario de entrada y salida de personal sin formación ni experiencia en puestos de dirección en las administraciones de mayor recaudación t00ributaria en el eje troncal del país, las Aduanas de los Aeropuertos de Viru Viru y El Alto, y las Administraciones de Aduanas interiores de Santa Cruz, La Paz y Oruro.
En los últimos 10 meses han cambiado cuatro presidentes interinos de la Aduana Nacional y dos presidentes en Impuestos Nacionales, esto es casi la misma cantidad de cambios que los sucedidos en los 14 años del masismo que mantuvo los interinatos más largos en las presidencias en ambas entidades recaudadoras.
La improvisación y las ansias de ostentar el poder por la sola ambición personal o corporativa nos ha sometido a un flujo de contrabando y evasión fiscal no visto desde la época de los gobiernos de facto a pesar de las restricciones a la actividad económica.
Hasta el mes de agosto de 2020 según Boletín del INE las importaciones se redujeron en un 35% de 6500 a 4200 millones de dólares comparado con similar periodo del año 2019, mientras que las recaudaciones aduaneras a mayo de 2020 se habían reducido en el mismo porcentaje de 857 a 557 millones de dólares comparados con el año 2019 según información del sitio web de la Aduana Nacional.
En el caso de las recaudaciones de impuestos Internos la caída se estima cercana al 40% a finales del primer semestre de 2020.
El resultado en la caída de las recaudaciones tributarias no solo obedece al confinamiento obligado por la pandemia, que sin duda es la mayor causa, sino que además es causal la inestabilidad e improvisación permanente en las entidades recaudadoras, que lejos de transmitir seguridad y dar mayores facilidades para la administración de las exenciones y el mismo pago de tributos, las han convertido en habitad de cazadores de oportunidades de los allegados familiares y amigos de las autoridades del gobierno transitorio, a la vieja usanza de convertir a impuestos y aduana en el botín de guerra de la batalla por el poder.
Es lamentable que después del costoso proceso de institucionalización llevado a cabo a fines de los años 90 que concluyó con la aprobación de la Ley de 843 de Impuestos y La Ley 1990 de Aduanas, y la conformación de Directorios Nacionales nombrados por el Congreso de la República, y un Presidente Ejecutivo de la Aduana e Impuestos nombrado por el Presidente de Bolivia de una terna propuesta por el mismo Congreso, hoy tengamos que ver instituciones tomadas por el poder en función de sus apetencias.
Un retroceso de más de 20 años. En el anterior gobierno, los primeros siete años fueron de igual descalabro, con la Aduana al mando de militares en servicio pasivo muy cercanos a los Ministros más allegados al Ex Presidente, época en la que creció de manera abrumadora el contrabando de ropa y vehículos usados, así como el contrabando de bebidas alcohólicas y alimentos provenientes de Brasil y Argentina.
No obstante se debe reconocer que los últimos siete años del Gobierno anterior, se reencauzo la institucionalización en los mandos medios y se mejoró los procedimientos y la facilitación de las importaciones en una importante coordinación público-privada, sin que se hubiera podido hacer mucho con el persistente problema del contrabando que al final tuvo que ser encargado a las Fuerzas Armadas.
Reiteramos una vez más lo ya expresado desde las instituciones privadas, la base de un gobierno transparente y eficiente es la institucionalización, especialmente de las entidades recaudadoras de aduana e impuestos y las de control gubernamental como la Contraloría y la Procuraduría, y de forma transversal los órganos del poder judicial, incluyendo la Fiscalía.
El proceso de re-institucionalización de Impuestos y Aduana debe encararse desde tres ejes esenciales: i) el respeto a la autarquía institucional y reconociendo que estas responden al Estado y no al Partido que lo gobierna; ii) la preminencia de la meritocracia e idoneidad en los cargos jerárquicos, que deben ser elegidas en la Asamblea en base convocatorias y procesos de evaluación y selección a cargo de empresas especializadas independientes; y III) la implementación de procedimientos operativos íntegramente digitales abiertos y transparentes con adecuado control tecnológico del comercio transfronterizo y un buen soporte de análisis de riesgo de los contribuyentes.
