20 de mayo de 2024, 4:00 AM
20 de mayo de 2024, 4:00 AM

Santa Cruz es el departamento más poblado del país, pero también es el más desatendido por el Estado unitario y aún centralista. Es la región con mayor déficit de personal de salud, de maestros y, por supuesto, también de policías. Esta realidad, tan repetida que parece una letanía, no ha conmovido al Gobierno nacional desde hace muchos años. No ha existido voluntad para equilibrar la provisión de servicios fundamentales y los recursos humanos necesarios.

El Atlas de Bolivia en seguridad ciudadana, presentado recientemente por el Ministerio de Gobierno, refleja que en el departamento de Santa Cruz había 4.872 policías hasta el año 2022 (último registro hecho público) para una población estimada de 3.425.399, de acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para esa gestión. Eso significa un policía por cada 703 habitantes cuando la media nacional es de un uniformado por cada 324 ciudadanos, según estadísticas de la Policía el año 2022.

El panorama se hace más complejo, porque se está hablando no solo del departamento más poblado del país, sino el que tiene la mayor extensión territorial a escala nacional con más de 370.000 kilómetros cuadrados. Así se entiende que en esta región hay abundantes invasiones de tierras sin control y que, cuando envían policías, estos se mantienen distantes por temor a los avasalladores armados, que toman posesión de grandes extensiones territoriales en las que no hay presencia del Estado.

Y no se trata de pensar que, a mayor cantidad de policías, mayor seguridad o tranquilidad ciudadana. Ideal sería no necesitar a los uniformados, porque impera la institucionalidad y todos respetan las normas sin necesidad de que se los obligue. Empero, lamentablemente no es así en Bolivia. En este país abundan las normas, pero falta el cumplimiento de las mismas. Los escasos uniformados se concentran mayoritariamente en la ciudad capital donde también son escasos.

Al centralismo no le ha importado la inseguridad que puede haber en este departamento, pues la única vez que sintió la falta de uniformados fue cuando necesitó reprimir las protestas ciudadanas que reivindicaban causas democráticas. Entonces no importaba el gasto que significaba el traslado de policías de otras regiones para lanzar gases y atacar a la población civil, sobre todo durante las movilizaciones que clamaban por la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho y durante el paro en demanda de censo de población y vivienda.

Enhorabuena que se ha publicado el Atlas en seguridad ciudadana, porque pone en evidencia la falta de uniformados en Santa Cruz. Si este departamento tuviera un número adecuado de policías, no habría carreteras inseguras y cargadas de accidentes; no habría áreas protegidas avasalladas ni organizaciones criminales que han hecho un negocio con las invasiones de predios. Si hubiera la seguridad que se necesita, la frontera no estaría tan abandonada y con tanto ajuste de cuentas, especialmente en San Matías. Quizás con más efectivos, los colonizadores no habrían convertido lugares como San Julián o Yapacaní en feudos impenetrables para el uniforme verde olivo.

El contraste es abrumador. La ciudad de La Paz tiene menos habitantes que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; sin embargo, tiene el doble de uniformados.
La falta de policías en Santa Cruz lleva una carga de desprecio y castigo a esta región, históricamente contestataria al poder central y esencialmente libre.

Aunque no se quiera admitir, este departamento es el que elige la mayoría de los bolivianos migrantes para vivir. Y, cuando llegan, adoptan esa impronta de autodeterminación que ha caracterizado siempre a los cruceños. Por tanto, ahora que se conocen las cifras, corresponde hacer las correcciones necesarias y dotar a esta región de lo que le corresponde.

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