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Las muertes que se produjeron en Senkata, Ovejuyo y Chasquipampa, en La Paz, no fueron olvidadas y los familiares de los fallecidos esperarán el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para activar el proceso en el Parlamento y en los tribunales ordinarios en contra de las actuales autoridades de Gobierno.

El informe corresponde al presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, David Inca, quien ayer llegó hasta las instalaciones del Parlamento para presenciar las interpelaciones a los ministros de Defensa y de Gobierno, que al final no se realizaron.

Los familiares explicaron que hasta el momento existe una intención del Gobierno de olvidar estos hechos porque no existe ninguna investigación sobre las 11 muertes de El Alto y las tres muertes de la zona sur de La Paz. Por esa razón no solo esperan procesar a la presidenta Jeanine Áñez y sus ministros, sino a los fiscales que incumplan con sus deberes.

El procurador general, José María Cabrera, anteriormente dijo que el Gobierno pedirá que la comisión de la CIDH llegue a Bolivia después de las elecciones.



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