Farmacias y laboratorios farmacéuticos
Las guerras entre dos naciones comparten con las epidemias el atributo de la “emergencia”, ambas son situaciones en las que el Estado y la sociedad afrontan situaciones anómalas y eventualmente inéditas, que reclaman la declaratoria de un “Estado de Emergencia Nacional”, mediante el cual se intenta hacer más expeditos aquellos procesos orientados a solucionar o paliar algún efecto adverso y/o altamente peligroso para la sociedad y el Estado.
La epidemia que azota nuestro país y el planeta es sin duda un momento en que la amenaza de un virus mortal, y las consecuencias a nivel económico, social y político, fácilmente adquirirían un nivel de peligrosidad sin precedentes. Para muchos, más allá de las vidas perdidas y el dolor que supone sobrevivir una pandemia, la reducción drástica del empleo, la pérdida de la productividad y la paralización del comercio en todas sus escalas, serán, quizá, peores que la pandemia misma. Se trata de un estado de emergencia pocas veces visto en Bolivia después de la Guerra del Chaco.
En estas situaciones se aplica con absoluta propiedad aquello de que “en rio revuelto, ganancia de pescadores”. Esta máxima que es como un principio rector del latrocinio, hoy está siendo explotado en sus expresiones mas devastadoras por las farmacias que comercializan los productos fabricados por las farmacéuticas; ambas instituciones se han transformado en la sombra maligna del virus, su cómplice y el oscuro sepulturero de las víctimas del codavirus.
Es sabido que la solidaridad y el patriotismo, para una buena parte del sector privado, es una variable directamente proporcional a la tasa de beneficio: allá donde pueden exaccionar o chantajear al Estado y gozar de grandes beneficios o saciar sus espamos lucrativos, encontramos siempre empresarios patrióticos, caritativos y solidarios. Cuando el Estado decide poner fin a su angurria, encontramos empresarios subvertores. Esto es parte de la lógica del capitalismo salvaje, pero no por ello soportable. El Estado, en nombre de la sociedad a la que se debe, tiene la obligación de imponer los límites, sin que esto suponga atentar contra el legítimo derecho a la ganancia. Sucede, sin embargo, que cuando ésta se multiplica por centenares, pasa a ser un acto que atenta contra la sociedad en su conjunto. Los abogados llaman a esto “delitos de lesa humanidad” y se castigan con la ejecución de los autores.
El gobierno tiene que poner fin a este estado de cosas en el sector farmacéutico si quiere dar verdaderas señas de su vocación en favor de los mas pobres. En una sociedad en que más del 80% de sus ciudadanos en edad de trabajar pertenecen al sector informal y sobreviven en la mayoría de los casos ganando apenas para reponer sus fuerzas, a lo que se suman meses de paralización forzada por la cuarentena, es inadmisible el silencio cómplice de las autoridades. Lo único que cabe es intervenir o expropiar farmacéuticas y farmacias, encarcelar a los chantajistas que las dirigen, y transferir esos recursos farmacéuticos a las instituciones públicas de salud, que son, a no dudar, las que llevan hoy por hoy el peso enorme de una epidemia incontrolable, un sistema de salud devastado, y una población abandonada a su propia suerte, presa inocente de la angurria desmedida de los que manejan el comercio de medicamentos.
