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Natural del municipio de Puerto Acosta, ubicado a orillas del Lago Titicaca en el departamento de La Paz, a sus 18 años decidió marcharse de ese lugar. Su destino no era quedarse en las tierras del lago sagrado. Migró a Brasil y después a Argentina donde se hizo confeccionista, luego regresó al país. Hace 20 años que radica en Santa Cruz.

Félix Huaycho es claro y frontal a la hora de hablar sobre la realidad que enfrenta. El dirigente asegura que a más de un año de la pandemia y después de un proceso electoral, la situación del sector es crítica. Indica que solo en Santa Cruz uno 200 talleres han cerrado. Además, sostiene que el auge del contrabando y la venta de ropa usada han puesto contra las cuerdas a los microempresarios.

  ¿Cómo está el sector mype?

Después de salir de una crisis profunda por la cuarentena rígida y las elecciones pasadas, casi poco o nada se está haciendo a favor del sector. Hay buenas intenciones con algunos programas que quieren implementar, pero no está llegando apoyo para la micro y pequeña empresa, pareciera que el Gobierno, y en especial sus técnicos, no tienen la voluntad política o no conocen al sector. Eso es lo que está pasando hasta la fecha.

  ¿Qué medidas considera que necesita el sector?

Enviamos varias notas, incluso hemos tenido reuniones. Pero creo que (desde el Gobierno) están haciendo política partidaria. No están gobernando como quisiéramos. No toman en cuenta que entramos en una crisis profunda por problemas sociales y políticos. Y luego nos remató la pandemia.

Planteamos varias propuestas como el diferimiento de créditos, luego la reactivación con préstamos blandos. Si bien (el Gobierno) lanzó el programa de créditos SíBolivia, apenas llega al 6% de nuestros afiliados. Hay una traba profunda que son las garantías personales. El 90% de los productores trabajamos con la banca privada.

El Gobierno nacional decía en su discurso, antes y después de las elecciones que se va a renovar, con producto acabado que se fabrica en Bolivia, todas las importaciones, y ese debería ser un programa de largo alcance, pero solo tienen un plan de sobrevivencia.

Pareciera que los contrabandistas trabajaran en el Gobierno nacional. Ahora estamos gestionando con los municipios (el control del contrabando) y ojalá no tengamos los mismos problemas que con el Gobierno nacional. Ojalá no sea así, porque no se está controlando absolutamente nada; persiste la venta de prendería usada.

  ¿Qué pasará si no son escuchados por el Estado?

Estamos agotando todos los conductos regulares. Se han enviado las notas a los ministerios, se han realizado reuniones. Luego de eso, a través de la calle no haremos escuchar, porque el sector de la micro y pequeña empresa está a punto de explotar y el Gobierno no está cumpliendo lo prometido.

Tenemos como un 20% de las unidades productivas que ya cerraron. Otros persisten porque lo único que saben hacer es producir y vender, en especial en el sector textil y calzado, que hemos sido afectados. Pero también el sector alimento es uno de los más dañados por la invasión de productos de Argentina, Brasil y Perú.

  ¿Cuál es el mayor problema ahora para el sector?

El mercado es el problema. La gente está saliendo a comprar, pero el mercado está lleno de prendería usada y la gente trata de comprar lo más barato, porque no hay una circulación de la moneda. Todavía hay crisis. Los funcionarios públicos, que son el 14% de la población podrían impulsar la reactivación, pero ellos mismos están trayendo productos acabados de afuera y la prendería usada.

  ¿No perciben una lucha efectiva al contrabando?

No hay una lucha frontal contra el contrabando, hoy nos indicaron que hay una reunión de análisis, pero tampoco nos convocaron. Esas reuniones las hacen a puertas cerradas y al final salen mal las cosas, sería ideal que nosotros como sector afectado participemos de ese trabajo, para realizar una lucha conjunta. Pero lo que pasa es que existe un mal en nuestro Estado, que es la corrupción y el contrabando que está dentro del mismo Estado, en los tres niveles.

  ¿Cómo ven el futuro?

Consideramos que habrá problemas en el tema de los créditos, ahora un 60% de los microempresarios se acogió al periodo de gracia. Hay un 40% que estamos haciendo lo posible para pagar. En Santa Cruz, unas 200 unidades productivas han cambiado de actividad para sobrevivir; venden alimentos, verduras, o recogen fierros de la calle. Así está la cosa. Hay algunos compañeros que compran al por mayor y revenden, se han convertido en comerciantes.

  ¿Cree que las autoridades entienden al sector?

No, ni lo van a entender porque no son productores. Hay algunos compañeros del campo, pero no son personas que tomen decisiones. Son un puñado de profesionales que no conocen al sector, en el tiempo de Jeanine ha pasado lo mismo. Necesitamos que la Alcaldía, el Gobierno y la Gobernación visiten las unidades productivas para que sepan cuántos empleos genera el sector. Solo una microempresa genera 10 empleos; son 10 familias que viven de esto.

Estamos hablando de una cadena productiva muy amplia. Cuando hubo cambio de Gobierno había voluntad, pero en los últimos tres meses todo se enfrió, y comenzó a ingresar mucha mercadería de contrabando; por eso no hay reactivación económica.

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