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30 de mayo de 2024, 4:00 AM
30 de mayo de 2024, 4:00 AM

Que haya 35 feminicidios y 18 infanticidios en lo que va del año debería ser una noticia que pare los pelos de hombres y mujeres en Bolivia. Significa que la vida no vale nada, que estamos en una sociedad carente de principios y que no hay amparo a las víctimas de la extrema violencia que se ejerce en los hogares.
Los crímenes son espeluznantes. Mujeres ahorcadas, mujeres con golpes mortales en la cabeza, mujeres asesinadas con crueldad extrema. La saña es demostración de un afán de dominación y sometimiento, como el caso de una señora de 61 años en Villa Charcas, que fue golpeada hasta morir por haberse atrevido a asistir a un agasajo por el Día de la Madre. No fue la única víctima en esta fecha en la que se honra a quienes dan vida.

El problema es muy complejo y Bolivia lo arrastra sin solución. Que las autoridades digan que la mayoría de los victimadores están presos no lo resuelve. Si nuestro país está en el podio de los feminicidios a escala continental es porque no hay políticas públicas que busquen reducir las cifras.
Hace una década está en vigencia la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (348), pero es una norma que no garantiza nada, no porque esté mal en sí misma, sino porque los diferentes niveles del Estado no han hecho nada para que aplique plenamente. Esta norma habla de prevención, de protección a la denunciante, prohíbe la revictimización de las mujeres agredidas, etc. Para ello establece que los gobiernos municipales, por ejemplo, prevean presupuestos para esta causa, los cuales o son bajísimos o directamente no existen.
Esta falta de interés en la aplicación plena de la Ley 348 pretende ahora interpretarse como que la norma está mal y no faltan los interesados en proponer su modificación, esgrimiendo argumentos injustos y falaces. Por ejemplo, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dice que la ley viola la Constitución Política del Estado porque no presume la inocencia y sugiere que hay denuncias falsas de mujeres maltratadas, lo cual -a su entender- es argumento para hacer cambios.
La senadora Patricia Arce también ha planteado modificaciones con las que se busca limitar la protección a las mujeres que denuncian, cuando se cuentan por decenas los casos de feminicidio después de que las victimas pusieron los hechos de violencia en conocimiento de las autoridades competentes. Demás está abundar en las veces que policías, fiscales y jueces revictimizan a quienes denuncian y hasta sugieren que son culpables de que se las agreda.
¿Qué dirán estos representantes cuando ven las cifras espeluznantes? 35 feminicidios en lo que va de 2024, a razón de siete por cada mes del año. ¿Será que se conmueven o seguirán pensando que las víctimas se inventan la violencia y mienten ante las autoridades?
La violencia por razones de género es un grave problema en Bolivia. Es un imperativo reflexionar y accionar sobre el asunto. La educación es fundamental y requiere presupuesto, porque debe involucrar a niños y adultos, a civiles y a funcionarios públicos. No se puede seguir perdiendo valiosas vidas. ¡No son simples estadísticas! Es tiempo de demostrar un verdadero interés sobre el tema.

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