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El Ministerio Público admitió ayer un nuevo caso en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, que se encuentra recluida en el penal de Miraflores desde marzo de este año, acusada de terrorismo, sedición y conspiración. La causa fue abierta por el titular del Senado y segundo en el mando en el sindicato de cocaleros del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez (MAS), por la presunta comisión del delito de prolongación de funciones de la exmandataria.

El coordinador de la Fiscalía en La Paz, Sergio Bustillo, detalló que se abrió la investigación “porque la señora Áñez prolongó sus funciones, tanto como presidenta del Senado, como asumiendo la Presidencia del Estado”.

Según Rodríguez, Áñez no debía asumir la presidencia del Senado en noviembre de 2019 y el cargo le correspondía a otra persona del bloque político mayoritario del MAS, en ese entonces.

En contrapartida, el abogado Luis Guillén, defensor de la expresidenta del Gobierno transitorio, protestó porque “una persona no puede ser juzgada dentro de este país por un mismo hecho y la demanda presentada por Andrónico Rodríguez relata los mismos hechos que se están ya dilucidando en el marco de la investigación por terrorismo, sedición y conspiración e incluso incluye ilícitos penales que se repiten dentro de esta demanda”.

El jurista espera que las acusaciones del nuevo proceso contra Añez demuestren que se repiten las mismas acusaciones que figuran en la causa por la cual es procesada junto a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.

A finales de abril, el legislador del MAS y dirigente cocalero planteó la acusación bajo las figuras penales de sedición, conspiración, atribución de los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes; anticipación o prolongación de funciones, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes.

Áñez actualmente cumple detención preventiva por seis meses en la cárcel para mujeres de Miraflores en La Paz, dentro del proceso abierto por la exdiputada del MAS Lidia Patty, por los supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración en contra del Gobierno del entonces presidente Evo Morales que renunció a su cargo en noviembre de 2019 y se refugió en México, después de que la OEA denunciara un fraude en las elecciones generales de ese año.

En la demanda presentada por la exdiputada masista, que también prorrogó su mandato en la Asamblea Legislativa, figuran Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, su padre, José Luis Camacho, y algunos exjefes militares y policiales.

El Parlamento Europeo en su sesión plenaria celebrada el 29 de abril denunció y condenó la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, así como de los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, pidió a las autoridades su liberación inmediata y que se les retiren los cargos en su contra.

En la misma audiencia, la Eurocámara pidió “un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas, e insta a las autoridades a que presten a la ex-mandataria toda la asistencia médica necesaria para garantizar su bienestar”.


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