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Es definitivo. La Fiscalía de La Paz rechazó todas las impugnaciones presentadas por distintos sectores respecto del caso fraude electoral de 2019 y ratificó el sobreseimiento que presentaron los fiscales el pasado 27 de julio. Ahora, los exvocales que están procesados pueden tramitar la nulidad del proceso ante el Tribunal Departamental de Justicia, pero surgen críticas respecto a la independencia de ese órgano estatal.

El documento, firmado el 11 de octubre por el fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, dispone la conclusión del proceso, el cese de medidas cautelares y la cancelación de antecedentes penales de los imputados en este caso, a casi dos años de las fallidas elecciones que precipitaron la renuncia de Evo Morales y el estallido de una crisis política. La decisión se sustenta en el cuestionado estudio elaborado por una fundación vinculada a la Universidad de Salamanca, España, y que fue pagado por la Fiscalía General.

El 11 de noviembre de 2019, los exvocales del Tribunal Supremo Electoral fueron aprehendidos y junto con ellos otros 34 vocales de los tribunales departamentales, acusados de haber operado un fraude para favorecer al MAS. La acusación tuvo como base un informe preliminar de la misión de observación de la OEA, que halló “manipulación dolosa” en la transmisión de datos electorales, así como la alternación de actas y validación de una parte del recuento preliminar de votos de los resultados finales. El MAS que controlaba el Legislativo aceptó anular el proceso y convocar a nuevas elecciones generales.

Los beneficiados por la resolución fiscal son María Eugenia Choque, expresidenta del TSE; Antonio Costas Sitic, ex vicepresidente del ente electoral y los vocales Édgar Gonzales, Lucy Cruz, Idelfonso Mamami y Lidia Iriarte. También se benefician Windsor Saire Quipildor, José Antonio Pardo, Wilson Rodríguez Vinaya, Abimael Machicao y Sergio Martínez Beltrán, quienes deben recurrir al tribunal para una audiencia que anule plenamente este proceso.

Los exvocales estaban acusados de delitos electorales, falsificación de documentos y uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo. Los tipos penales eran de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

El exvocal Idelfonso Mamani destacó la decisión y aseguró que ninguna pericia nacional o extranjera llegó a probar las irregularidades endilgadas en el informe de la OEA. “Es definitivo, se impuso la verdad de estos hechos”.

“El sometimiento de la justicia al poder político se agravó y parece no tocar fondo con el archivo del caso fraude. La construcción de una sociedad justa debe ser inequívocamente producto del ejercicio responsable y democrático de la voluntad popular. Si no entendemos aquello, nuestro país esta camino a ser inviable y la confrontación será la regla y no la excepción”, señaló el diputado opositor Óscar Balderas (CC).

Por su lado, el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, desarrolla la verificación de actas. El TSE aclaró que eso ya no tiene valor.

Caso

INFORME
La OEA, tanto en su informe preliminar como definitivo, ratificó la existencia de una “manipulación dolosa” de datos.

REACCIÓN
La Fiscalía encargó una pericia informática al laboratorio español Bisite. El resultado negó manipulación, pero detectó errores “imperdonables” para un proceso electoral.

ACTA POR ACTA
La Procuraduría revisa las actas de los comicios anulados para demostrar que no hubo fraude en 2019. El TSE advirtió que ese acto no tiene valor.

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