Fiscalía interrogará a Áñez como expresidenta por Sacaba y Senkata
La “citación” se cumplirá en el penal de Miraflores. Un activista ve contradicción. En un caso Jeanine Áñez figura como exsenadora, en otro está como expresidenta
Una comisión del Ministerio Público interrogará a la expresidenta Jeanine Áñez en el penal femenino de Miraflores, según una citación emitida por el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. Se trata de un acto procesal con miras a un juicio de responsabilidades por las intervenciones de las Fuerzas Armadas y la Policía de noviembre de 2019 en el municipio cochabambino de Sacaba y el barrio de Senkata, en El Alto.
La convocatoria dirigida a Áñez es “en calidad de expresidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia” y se desarrollará a las 10:00 de este viernes 9 de julio, pero al interior del reclusorio.
“El informe de inicio de investigación fue comunicado a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la etapa de acumulación de antecedentes, a cuya conclusión, si corresponde, se remitirá el requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa para la autorización de juicio de responsabilidades”, dijo Lanchipa.
En este caso, se investiga a la exmandataria por genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte, en el marco de la Ley 044, de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado, una norma que no fue empleada en el caso de terrorismo, sedición y conspiración, promovido por la exdiputada Lidia Patty (MAS).
La “citación”, firmada por Lanchipa, señala que la exautoridad deberá formular una declaración informativa en calidad de investigada. En caso de desobediencia, el escrito advierte con “aprehensión”. No obstante, Áñez está detenida desde marzo tras ser acusada, en un primer momento y de forma “preliminar”, de sedición, conspiración y terrorismo, por la manera en la que llegó al poder. Luego, el caso fue “reconducido” a raíz de una denuncia del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a ley, una tipificación a la que sumó Patty cuando pidió al fiscal del caso Omar Mejillones una ampliación de la imputación.
Sobre el juicio por Sacaba y Senkata, Lanchipa explicó que la proposición acusatoria tiene como base las actuaciones cumplidas por Añez, “así como las responsabilidades emergentes en su condición de mandataria”.
David Inca, un activista que promueve la defensa de los derechos humanos en El Alto, observó una falta de coherencia en los procesos. “En un caso, ella es senadora y en el otro fue presidenta. Si se le reconoce que fue presidenta, entonces no hay golpe de Estado”, dijo. Lamentó que en el caso Senkata no se tomaron en cuenta a todas las víctimas de los fallecidos “ni de torturados”.
El activista adelanto que el Grupo Interdisciplinario de Investigadores Independientes (GIEI), contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), entregará un informe sobre la violencia que estalló en 2019, tras las fallidas elecciones de 2019. “El grupo de expertos presentará un plan de reparación integral a las víctimas y es lo que más nos interesa, sean víctimas de izquierda o de derecha”, complementó. Señaló que ese reporte también arrojará luces por la violencia ejercida por sectores afines al MAS y que, en este momento, no están siendo sometidos a ningún proceso judicial.
