Fiscalía investiga gastos de la hija de Jeanine para poder acusarla

El caso apunta a una posible legitimación de ganancias ilícitas. Desde julio de 2022, la Fiscalía mantiene una investigación reservada contra Carolina Ribera Áñez, la hija de la expresidenta Jeanine Áñez.

Dentro de este mismo caso, el Ministerio Público también apunta a Natalia Ibáñez Vaca, prima del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En ambos casos, los investigadores solicitaron 30 informes sobre todos sus gastos, incluyendo servicios.

Ribera viajó al exterior en los que denunció las irregularidades contra su madre. Según Ribera, es por esa razón que la Fiscalía la investiga y desafió a que encuentren algún delito pudo cometer en este tiempo.

“Esta es una lucha en contra del aparato estatal, un aparato estatal abusivo; contra una dictadura cada vez más consolidada y una justicia totalmente secuestrada por el MAS, con jueces y fiscales que se prestan para estos abusos. Investiguen, que no tengo nada que esconder, desafió la hija de Áñez.

“Los motivos de esta investigación no nos han sido informados hasta hoy. Sorprende que esté en curso una investigación sobre la existencia de un presunto hecho delictivo; vale decir que se está abriendo una investigación solo por el hecho se ser hija de la expresidenta”, dijo su abogado Luis Guillen.

Existen 32 solicitudes del Ministerio Público a diferentes entidades, al extremo de que quieren saber si Carolina Ribera ha cargado gasolina en el sistema nacional y cuántas veces lo hizo. Esto a efectos de querer hacer cuadrar estos gastos con un presunto enriquecimiento ilícito o el hecho de que ella no pueda justificar de dónde vino ese dinero”, puntualizó.

Según las “sugerencias investigativas” enviadas al fiscal Carmelo Laura, se debe pedir informes desde servicios de electricidad, agua y gas de uso domiciliario, hasta las cuentas bancarias de Ribera en el sistema financiero.

“Están pensando que son una casta privilegiada que por ser hijo de alguien no tiene por qué ser investigado. Eso no es admisible en una democracia”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.

En 2021, Lima promovió una ley que tuvo el rótulo de 218. La propuesta, vinculada con la lucha del lavado de dinero, planteó modificar el tipo penal de Terrorismo, incorporando “el intento por subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente”. La norma generó protestas y fue retirada.