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Por:  Juan Carlos Fortún V.

La denuncia por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, presentada por la Gobernación cruceña contra el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, Adalberto Rojas, fue desestimada por el Ministerio Público.

El pasado 23 de julio, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, acudió a la Fiscalía Departamental en Santa Cruz para sentar la denuncia contra Rojas, debido a su inasistencia a la reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), convocada a principios del presente mes.

Rojas se presentó ayer por la mañana a la Fiscalía acompañado por el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, para conocer el estado de la demanda interpuesta por el gobierno departamental y ahí fue informado sobre el rechazo de la misma. “Esto confirma que son hechos netamente políticos, a los que la dirección nacional y departamental (del INRA) no se va a prestar porque nosotros somos un ente netamente técnico. Queremos que nos dejen trabajar y que la Gobernación trabaje y haga gestión para Santa Cruz”, declaró Rojas a los medios.

Por su parte, Núñez fue enfático en afirmar que la CAD es un movimiento político y que ha retrasado el saneamiento de tierras en los últimos 15 años. “Lo que quiere la Gobernación es crear una narrativa para atacar al INRA, confrontar a las organizaciones y al Gobierno a través de supuestos incendios y avasallamientos en la Chiquitania”, señaló la autoridad.

Sin embargo, representantes de los pueblos indígenas denunciaron que están siendo expulsados de sus tierras por sectores afines al MAS, con el apoyo del INRA.

CAD sigue adelante

La convocatoria de la CAD para el próximo 2 de agosto seguirá adelante, pese a la negativa del INRA en participar del evento, porque la Ley 1715, que define las competencias de esta comisión, establece que la misma debe ser presidida por el gobernador, por lo que la inasistencia del INRA continúa siendo una falta a la norma.

El secretario departamental de Desarrollo Económico, Luis Fernando Menacho, señaló que la norma es clara y mientras siga vigente, se aplicará. “No entraremos en careos ni en discusión con nadie, simplemente nos dedicaremos a cumplir lo que dice la ley”.

Por otro lado, el ejecutivo de los campesinos de Santa Cruz, Marco Miranda (MAS), insistió en que la CAD es inconstitucional. “No han tomado en cuenta a los interculturales, campesinos y bartolinas”.


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