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Un informe de la Fiscalía de La Paz revela que el contrato original de adquisición de equipos antimotines en 2019 alcanzaba los Bs 2 millones y estaban destinados a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en el lapso de dos meses, con la intervención del ex ministro de Gobierno Arturo Murillo, esa compra subió a Bs 39,3 millones que fueron pagados desde las cuentas del Banco Central de Bolivia (BCB).

Ese contrato fue firmado el 2 de octubre de 2019 entre el representante de la empresa Cóndor SA, Industria Química, Horacio Rafael Guzmán Escobar, y el entonces viceministro de Defensa, general José Luis Begazo Ampuero. Poco después la figura cambiaría radicalmente.

En noviembre de 2019, cuando Arturo Murillo y  Fernando López ya eran ministros cambiaron las reglas, se modificó la compra de Bs 2 millones y el ahora exministro de Defensa, firmó otro documento, el “Contrato Administrativo MD-DGA-UA J-EXT Nº 001 /2019 en fecha 19 de diciembre de 2019 con la empresa Bravo Tactical Solutions, para la provisión de agentes químicos de la empresa Cóndor (fabricante), no evidenciándose justificación al respecto”. El precio ya no era Bs 2 millones, sino se había incrementado y había cambiado de moneda, de bolivianos a dólares. 

De acuerdo con el Ministerio Público, entre octubre y diciembre de 2019 se cambiaron los requerimientos de este tipo de material y la cifra creció abismalmente por intervención directa de Arturo Murillo, actualmente detenido en una cárcel de Miami, acusado por los delitos de lavado de dinero en Estados Unidos y por sobornos.

Según el documento, el 10 de diciembre de 2019, nueve días antes de la suscripción del contrato entre las nuevas autoridades del Ministerio de Defensa y Bravo Tactical Solutions, la empresa Cóndor le hizo llegar la cotización del material, no al ministro de Defensa, Luis Fernando López, sino a su colega de Gobierno, Arturo Murillo.

La compra de los gases fue avalada con la firma de tres decretos: El 4090 del 3 de diciembre de 2019, que autorizó la adquisición de estos pertrechos; el decreto 4116 del 12 de diciembre de 2019, que autorizó la compra en el exterior y por invitación directa; finalmente, el decreto 4168 del 28 de febrero de 2020, que es el que autoriza el desembolso de Bs 40.068.000 para la compra del material.

Lo que significa que, mientras aceleraba la firma del decreto, Murillo ya recibía las cotizaciones de la empresa. El reporte de la Fiscalía refiere que al final todo el equipo fue fabricado y entregado por Cóndor SA, Industria Química y que esa empresa tiene representantes en Bolivia.

“El entonces Ministro de Defensa Luis Fernando López emite la Resolución Ministerial Nº 0689 de 18 de diciembre de 2019, que autorizaba el inicio de la contratación directa en el extranjero de agentes químicos para las FFAA”, señala el documento y precisa que solo se consideraba la oferta de la empresa Bravo Tactical Solutions, pese a que esta empresa no cumplía los requisitos para adjudicarse un contrato en Bolivia.

El Estado boliviano desembolsó la suma de Bs 39.317.998 que al cambio de la moneda estadounidense equivalen a $us 5.649.137. Los pertrechos que compraron alcanzaron la cifra de $us 3,3 millones, mientras que se presume que los $us 2,3 millones restantes fueron repartidos entre Murillo y sus socios.


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