GAFI sugiere órganos con independencia para combatir el lavado de dinero

Las normas planteadas por el Gobierno para enfrentar el lavado de dinero no han avanzado por la falta de confianza en el sistema judicial y la debilidad institucional, dos de los factores más importantes en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que el país debe cumplir para no volver a la temida “lista gris”.

Este grupo internacional, creado en 1989 por el G-8 con el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), debe evaluar próximamente al Estado boliviano sobre la base de esas recomendaciones vinculadas con medidas en favor “de la seguridad y la legalidad” del sistema financiero internacional. Desde 2001, por efecto del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, se incorpora en esa matriz medidas para perseguir el terrorismo y el financiamiento de este delito.

El presidente Luis Arce promulgó el 16 de agosto la Ley 1386 que dio vida a la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, un instrumento legal de siete artículos y un anexo de 53 páginas en el que se incluye un “plan de acción” que prevé ajustes normativos y precisiones en el Código Penal. Según las explicaciones de portavoces del Gobierno, este documento es la base de una política pública que, a su vez, tiene que ver con el cumplimiento de las solicitudes de GAFI y el control internacional para frenar el lavado de activos que provengan de actividades como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y la corrupción.

“Esta estrategia es la manera que tenemos para responder a nuestros compromisos con la comunidad internacional para evitar que estos delitos que se basan en el lavado de dinero tengan alguna repercusión en el país”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.

Sobre la ley pesa un descontento social expresado, especialmente, por un sector de los gremialistas que está en estado de alerta para que el Ejecutivo la elimine. Francisco Figueroa, líder de este bloque social, afirmó que la protesta es contra la que consideran “la ley madre”. Temen que a partir de esta norma se firmen decretos para perseguir “con mano dura” a la economía informal y se proceda a la confiscación de bienes a sola sospecha de ilícitos. El Gobierno negó que vaya a afectar a sectores vulnerables de la economía como los pequeños comerciantes, transportistas y cooperativistas.

Esa misma explicación fue expresada por el oficialismo ante una primera ola de protestas, pero por el rechazo al proyecto de ley 218 que planteaba varias medidas de control de los flujos financieros, mayores atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y “eficiencia” en la persecución penal del delito de lavado de dinero. Ante el creciente descontento, el presidente Arce optó por retirar la iniciativa legal.

Ante este escenario, el ministro Lima aseguró que el Gobierno cumplirá con GAFI sobre la base de un “disperso” marco legal. Aclaró que la fallida ley respondía apenas a una de las 40 recomendaciones de la entidad internacional que reúne a 70 países y “que es lo relacionado con el delito”.

De acuerdo con el “plan de acción” contenido en la Ley 1386, el país aplica medidas de combate contra la legitimación de ganancias ilícitas a partir de 13 leyes, siete decretos y una resolución administrativa vinculada con ASFI. El detalle de estas normas está inserto en un extenso anexo.

El jurista Ramiro Orías, oficial del Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso, explicó a EL DEBER que las recomendaciones del organismo son, en realidad, medidas internacionalmente estandarizadas vinculadas con la legislación y la cooperación, pero también con definiciones sobre la fortaleza institucional de los Estados parte.

En el sitio web de Gafilat, el grupo regional de la GAFI al cual pertenece Bolivia, se señala que estas condiciones estructurales pasan por “instituciones estables y con responsabilidad, integridad y transparencia; un fuerte imperio de la ley, y un sistema judicial competente, independiente y eficiente”. Además de otros factores que pueden influir en la efectividad del combate contra el lavado de dinero como “la madurez y la sofisticación del régimen de regulación y supervisión en el país y el impacto de las medidas en la lucha contra la corrupción”.

Este aspecto, de acuerdo con Orías, es fundamental para la revisión que ejecuten los evaluadores del GAFI cuando lleguen al país. “Lo primero que se hace es una revisión de las condiciones estructurales para ver si las leyes serán efectivas. Podemos tener una ley, pero sin independencia judicial; no hay entidades con autonomías, no hay capacidades de investigación, no hay una UIF con independencia operativa y hay vulneraciones al debido proceso”.

Independencia

La falta de independencia en el sistema de justicia, así como el abuso de la detención preventiva ha sido observado por organismos como la Unión Europea, Naciones Unidas y recientemente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En un informe sobre la crisis política de 2019, este ente colegiado señaló que asunto de la “independencia” no solo se circunscribe a esa etapa histórica, sino que “persiste en la actualidad”. Ese análisis “demostró falencias graves en las actividades del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa”, dice el documento.

Volviendo al escenario de GAFI, el ministro Lima explicó que el país será evaluado próximamente y admitió la existencia de cuatro recomendaciones sobre la que existe “demora”. “Son las referidas a la aplicación de los instrumentos legales por parte de fiscales y jueces; a disponer rápidamente de los bienes incautados y las que tienen que ver con el funcionamiento de la prevención” del lavado de activos, puntualizó para apuntar a la justicia como el núcleo de estos asuntos pendientes.

Afirmó que es el cumplimiento de la reforma judicial el desafío para superar esos atrasos. “Hay que lograr que la justicia logre sentencias, no que tramite casos que no lleguen a resultados. En las cárceles hay personas que están en la cadena más baja del crimen organizado, tenemos que apuntar a las cabezas”, remarcó.

El exministro de Economía Mario Guillen indicó que la evaluación del país será en 2022. En 1997 Bolivia se adhirió a la convención de Naciones Unidas para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y por ello fue creada la UIF. “Desde entonces y hasta 2006 no se hizo nada porque no hubo voluntad para la persecución de este delito. Esta inacción permitió que el país caiga en la lista de países observados por el GAFI en 2008”, recordó.

Bolivia salió de ese grupo de países observados en 2012. Lima aseguró que el cumplimiento de los estándares internacionales es dinámico y el país está obligado a actualizarlos permanente.

Orías dijo que en el caso de las dos iniciativas legales que están en el debate nacional, el Gobierno “no puso de manera precisa las salvaguardas constitucionales y que están entre los estándares de GAFI como el caso del secreto profesional”. Este aspecto, en el caso de los abogados, está incluido como garantía estructural.

“No se establecieron las salvaguardas del debido proceso y presunción de derechos o de inocencia. Además, hay elementos que no están en la GAFI y que exceden las recomendaciones, como los juicios en rebeldía”, dijo el experto, respecto al análisis del proyecto 218 y la Ley 1386, actualmente resistida.