Opinión

Garantías de los derechos de la naturaleza

23 de octubre de 2023, 4:00 AM
23 de octubre de 2023, 4:00 AM

Bolivia dio en 2010 un paso importante en la protección de la naturaleza: promulgó la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra. Pero, no implementó las garantías institucionales y jurisdiccionales para la defensa y protección, razón por la que esa norma sola, en la práctica, no es útil.

Los derechos de la naturaleza son distintos a los derechos ambientales. Estos últimos son parte de los derechos humanos; pretenden proteger al ser humano velando por su salud física y emocional, garantizándole un medioambiente sano (mirada antropocéntrica de la naturaleza). En cambio, concebir a la naturaleza (ecosistemas) como sujeto, en lugar de como recursos naturales (objeto o cosa) para ser usados o explotados, implica el reconocimiento de derechos propios.

Los derechos no se materializan sin garantías institucionales y jurisdiccionales para su defensa y protección. Si es la sociedad civil quien vulnera los derechos de la naturaleza, deben ser los órganos ejecutivos de los gobiernos quienes controlen, defiendan y protejan administrativamente los ecosistemas naturales. Para cumplir eficazmente esa función, es importante separar la organización gubernamental a cargo de la gestión pública en el tema (ministerio, secretaría o dirección), de la que esté a cargo del control regulatorio. Esta instancia debe ser necesariamente una institución descentralizada de carácter técnico. Para esto, el Ejecutivo central y los ejecutivos departamentales y municipales deben crear sus autoridades regulatorias. Esta forma separada es importante para reducir al mínimo la interferencia política en la función regulatoria.

Finalmente, es necesaria la existencia de una jurisdicción de justicia que proteja y tutele los derechos de la naturaleza. Siendo que el Tribunal Agroambiental, según la Constitución, debe atender también las “demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales” (art. 189.1), será necesaria la existencia ahí de una Sala Especializada en Derechos de la Naturaleza. Más adelante será primordial una reforma para crear un Tribunal de la Naturaleza que proteja de forma independiente los derechos de los ecosistemas frente a los derechos humanos ambientales, económicos y otros.

De la misma forma, será fundamental la existencia de un área especializada en derechos de la naturaleza en Fiscalía, que se ocupe de la defensa jurídica de los ecosistemas. Posteriormente, en esa reforma constitucional, será recomendable también crear una fiscalía adicional para cumplir esa función, ya que, según la Constitución, el Ministerio Público se hace cargo de la defensa de “los intereses generales de la sociedad” (art. 225.I), es decir, de la colectividad humana, no así de la naturaleza. Por último, se deberá contar con un Código de la Naturaleza que establezca los delitos contra la naturaleza (ecosistemas) y el aspecto procesal.

Potenciar esa complementación al diseño institucional del Estado se ve urgente debido al contexto de la crisis climática que atraviesan el país y el mundo, lo cual está repercutiendo no sólo sobre los ecosistemas naturales, sino también sobre la sociedad, por ejemplo, con las constantes emergencias por sequías y crisis por el agua. Una de las formas efectivas es usando los mecanismos de defensa y protección, y para esto son indispensables las garantías institucionales y jurisdiccionales, ya que, por la vía de la incidencia política, no se tendrá mucho éxito en esa misión, dados los intereses que se contraponen a los derechos de la naturaleza.



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