20 de febrero de 2022, 4:00 AM
20 de febrero de 2022, 4:00 AM


Pocas personas han venido a Bolivia precedidas de tantos comentarios negativos como don Diego García-Sayán, enviado de NNUU a ver el tema del funcionamiento de eso que aún hoy insistimos en llamar “justicia” cuando es un hecho que en Bolivia estamos lejos de alcanzar la idea que nos hacemos de esa palabra; pero también se lo espera con esperanza de que sea aquello que el país necesita para mejorar en materia de administración de justicia.

Qué se sabe de él: el hombre fue parte de la Comisión de la Jurisdicción Especial para La Paz en Colombia, trabajo que dejó gusto a poco puesto que se privilegió a una parte: las FARC (que secuestraron y mataron a civiles que no estaban en guerra, además, se metieron en narcotráfico, como bien quedó registrado el testimonio de Rodrigo Londoño en el programa de CNN dirigido por Carmen Aristegui (https://www.youtube.com/watch?v=XXqfnrh3gIY). Esa comisión fue muy dura con “todos” los militares (en muchos casos correspondía) pero, lo peor es que dejó de lado a los ciudadanos afectados, que verdaderamente fueron las víctimas; no tuvieron las consideraciones y el trato que debían recibir.

Aunque muchos no lo sepan, don Diego García-Sayán, no es la primera vez que tiene representación institucional y sabe de asuntos involucrados con Bolivia, él fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2004 a 2009, reelegido el 2009 para el periodo 2010-2015, o sea, sabe de la masacre de Porvenir (¿avaló el informe Matarollo?) y de lo que sucedió en el hotel Las Américas; en las mencionadas ocasiones no sabemos que haya hecho algo en defensa real de los DDHH; claro, había que “salvar al Gobierno de Evo Morales y tras de ello fue.

El mismo señor en varias ocasiones evitó y “se inhibió” de pronunciarse sobre la situación de los DDHH en Venezuela; el mundo hablaba y él callaba.

Esos son los antecedentes que hacen que se desconfíe de su presencia en Bolivia, justo en este momento, cuando la administración de justicia, en todos los campos, ha tocado fondo porque, convengamos, no hay subsuelos; hay un solo fondo y ahí está en este momento la justicia. Para graficar, digamos que en el fondo de una especie de cámara séptica (pozo ciego) del Estado; ahí donde se van las peores inmundicias de nuestro país.

Pero, el profesor García-Sayán, además, ha sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y hoy es Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de NNUU.

El año 2006, García-Sayán fue Miembro del Comité designado por el Secretario General de la Organización de NNUU para Rediseñar el Sistema de Administración de Justicia de la ONU. Propuesta aprobada por Resolución de la Asamblea General el 2 de abril de 2007 (Res.: A/C.5/61/L.44).

O sea, sabe de DDHH y de la imprescindible necesidad de independencia que debe tener el Poder Judicial referente al poder político en los países (cualquier país; en el caso actual, el nuestro: Bolivia). Sabiendo de su oficio, lo interesante va a ser constatar que empata entre lo que sabe y la direccionalidad política que tiene.

En febrero de 2020, Gobierno de Jeanine Áñez, García-Sayán escribió: #Bolivia: Me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales”.

Citó a un exministro de Evo Morales, pero no viene al caso nombrarlo porque lo que importa es la generalidad y certeza de lo escrito: “Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso” (terminó el tuit).

Y es precisamente por lo reclamado en su tuit que estamos esperando mucho de él, para que se cumpla el debido proceso que se busca y pretende en el caso de Jeanine Añez y no lo está teniendo.

García-Sayán debe conversar con ella, no porque esté en huelga de hambre o “porque es mujer simplemente”; debe conversar con ella porque la expresidenta resume exactamente aquello en lo que el relator viene trabajando hace tantos años y reclamó en su tuit: la presión del poder político sobre el sistema de administración de justicia, de la Fiscalía y de la Policía investigadora. Esto va más allá de los DDHH, cuyo respeto y consideración no se discute pero que en el caso presente, no es lo que vino a ver García-Sayán; él vino a ver “el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política”, y el caso de Jeanine Áñez es la conjunción de ambas áreas: hay violación de DDHH y hay una clara y descarada intromisión política en el proceso que merece Caso de Corte y Debido proceso, que no lo tiene.

La misma situación debiera darse con los militares que habrían manifestado a la autoridad fiscal su intención de asumir una responsabilidad que no tienen, sometiéndose a un proceso abreviado que les permita ser liberados. En este caso, el Gobierno (poder político, acusador, vía de la Fiscalía), necesita una confesión autoinculpatoria porque no tiene cómo probar acusaciones y, así como se vio en la necesidad de inventarse un caso Terrorismo 2, porque el primero no lo pudo llevar a cabo, recurre a la presión de las familias de los 2 militares que se “sacrificaron” y recibieron 3 años de cárcel, por estar libres, eligiendo “el mal menor”, una sentencia corta y la vergüenza pública, pero… cada uno es dueño de su vida y, sabrán ellos qué irán a hacer con sus vidas en el futuro y de qué se disfrazan aunque en este país pasa todo y nada pasa, en una de esas terminan “jubilados y cómodos jugadores de cacho y churuca en el círculo de militares retirados”, donde todo es recuerdos de tiempos idos.

García-Sayán, hasta ahora, solo se ha encontrado con el poder político, con L.F. Camacho y el expresidente Mesa; no ha visto casos específicos; ha dejado que el Poder Ejecutivo le maneje la agenda y las víctimas de la mala administración de justicia ordinaria, cada vez más “ordinaria”, parecen no tener importancia aun cuando todos sabemos de las andanzas de jueces, fiscales y policías que hacen consorcios con bufetes de abogados corruptos; si no interviene en eso, ¿a qué vino entonces García-Sayán?

La respuesta la tiene él; NNUU debe estar atenta, no nos olvidemos que avaló la transición de Áñez y su Gobierno democrático; ese es el marco sobre el que debe trabajar el relator que, reitero, vino a ver temas judiciales y no a involucrarse en política.

Tags