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Entre las acciones inmediatas del Gobierno ante lo sucedido en Mocoví, que destapó una realidad de descontrol en las cárceles, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que se identificó a nueve presos “peligrosos” del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil en cárceles bolivianas, y anunció que se buscará su salida a su país porque son de “alta peligrosidad”, por lo que ordenó a sus colaboradores que se pongan en contacto con la Cancillería.

“La vida de los privados de libertad y de los policías está en riesgo teniendo a peligrosos reos capturados en Bolivia” y que forman parte del PCC. “Entre los presos de nacionalidad brasileña hay una pulseada tratando de mostrar su poder, pero nosotros les vamos a mostrar cuál es el poder de la Policía boliviana y de las autoridades del país”, apuntó.

Por otra parte, ayer posesionó a Javier Issa como nuevo viceministro de Régimen Interior y Policía en reemplazo de Daniel Humérez.

Las otras medidas señaladas por Murillo a EL DEBER tienen que ver con la continuación de proyectos que el anterior Gobierno llevaba a ‘paso lento’. Entre estas está la implementación de manillas electrónicas, en un proyecto de ley que estará listo en 45 días para poner en funcionamiento las primeras 500 manillas que ya se han adquirido y que empezarán a funcionar en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Así también, el ministro señaló que se evaluará el funcionamiento de la tecnología para la revisión de lo que ingresa a los penales, es decir, los escáneres que están instalados en Chonchocoro de La Paz, El Abra de Cochabamba (de donde habría ingresado y salido una granada de guerra) y en Palmasola de Santa Cruz.

Pese a esos dispositivos, en las requisas de la madrugada de ayer se encontró armas blancas, marihuana, celulares y otros objetos que están prohibidos.

Murillo acotó que se están evaluando los escáneres y que se habían detectado fallas en el de Chonchocoro de La Paz, pero debe aún confirmarse si la falencia es técnica u operativa. También se evaluarán los de El Abra y Palmasola.

Por lo demás apuntó otras medidas a largo plazo, con la revisión y continuación de proyectos como la construcción y ampliación de cárceles en ciudades del eje central. El director nacional de Régimen Penitenciario, coronel José García, explicó que se trabaja en estrategias para reducir la sobrepoblación carcelaria.

“Ninguna reinserción va a ser posible o positiva, por muchos esfuerzos personales que se hagan, si mantenemos la infraestructura actual”, remarcó García, quien no se animó a dar cifras exactas sobre este problema, pero estima que hay más de 18.000 privados de libertad en las cárceles de Bolivia, lo que significa un aproximado del 240% de hacinamiento.

García aseveró que el Gobierno transitorio tiene la intención de construir tres recintos penitenciarios en el eje del país. “Aquí pretendemos construir tres cárceles modelo, o complejos penitenciarios”, dijo.