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Si bien las investigaciones avanzaron, hasta la fecha no se ha podido identificar a las personas que provocaron la muerte de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas en el municipio de Montero, durante los conflictos registrados en el mes de octubre del año 2019. Esta situación, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), resulta en “impunidad y vulneración” del derecho a la justicia de los familiares de las víctimas.

Con relación al tercer fallecido en la capital montereña, Roberth Calizaya, el GIEI recomienda al Ministerio Público reactivar la investigación, debido a que perdió la vida a consecuencia de un impacto de bala durante un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas, realizado el 13 de noviembre de 2019 en Montero.

El documento, de 471 páginas, señala que el trabajo de investigación de las autoridades solamente se enfocó en buscar la existencia de un grupo civil armado que se habría organizado con ayuda del Estado, para moverse como una guerrilla. “Esta línea de investigación obstaculizó conocer detalladamente las circunstancias de los homicidios”, destaca el informe del GIEI.

Tampoco hubo la predisposición del Estado para prevenir los hechos ocurridos en el barrio Cofadena o esclarecer los enfrentamientos en el Puente de la Amistad, ambos eventos ocurridos el 30 de octubre de 2019.

Reacciones

En tanto, el director del Observatorio Político de Uagrm, Daniel Valverde, consideró importante que el informe haya tomado en cuenta lo ocurrido en Montero, debido a que este municipio fue parte de la “conflictividad” que ha tenido la crisis político electoral vivida en Bolivia el último trimestre del 2019.

“El Estado tiene que tomar nota de eso porque el hecho que contemple lo ocurrido en Montero lo vuelve más creíble y ajustado a quienes deben rendir responsabilidades a las instancias que correspondan”, dijo Valverde.

Por su parte, el abogado y exconcejal Otto Ritter dijo que el documento del GIEI hay que analizarlo en su conjunto, porque el mismo señala que no existe independencia ni credibilidad en el poder judicial ni en el Ministerio Público. “Además que se ha detectado la instrumentación de la justicia con fines políticos, lo cual es absolutamente cierto”.

A su vez, Olimpia Cuéllar, madre del hijo menor de Terrazas, dijo que el informe emite un juicio “tibio” con referencia a lo ocurrido en Montero, por eso pide a los organismos internacionales que no deben prestarse a ser “cómplices de este Gobierno”.

También denunció que, desde que se planteó la acusación por los hechos de Montero el 28 de septiembre del 2020, “el tribunal no nos ha ratificado con la radicatoria del juicio, por lo tanto, el mismo no se ha iniciado”.

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