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26 de noviembre de 2023, 4:00 AM
26 de noviembre de 2023, 4:00 AM

Por Karen Longaric R., ex canciller de Bolivia

El año 2009 se aprobó la Constitución Política de Bolivia (CPE) siguiendo la línea doctrinal del constitucionalismo social de derecho, lo que significa que el Estado debe garantizar a las personas, de manera formal y material, el ejercicio pleno de un amplio catálogo de derechos humanos, proporcionando para ese efecto, todas las condiciones necesarias a través de políticas, planes y programas. 

En el marco de la nueva Constitución se destaca la incorporación y defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente. Además, se constitucionaliza la facultad de aplicar de manera preferente los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuando estos reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la propia Constitución.

A partir de un análisis de legislación comparada, se colige que la Constitución boliviana destaca entre las constituciones de otros países, por ser altamente protectora y garantizadora de los derechos humanos. La Constitución le asigna al Estado boliviano la obligación de garantizar a las personas el libre y eficaz ejercicio de sus derechos y le atribuye responsabilidad legal frente a potenciales vulneraciones.

Pero una cosa es la normativa constitucional y otra es la realidad de la justicia en Bolivia, una y otra contrastan radicalmente. Nunca mejor aplicado el aforismo “dime que presumes y te diré que careces”. No obstante, la regulación constitucional y los tratados que la vinculan, Bolivia sobresale en el continente por su débil institucionalidad democrática, la ostensible vulneración de los derechos humanos, el uso político de la justicia y la inseguridad jurídica.
El país está aquejado por feminicidios, vulneración de derechos de todo orden, persecución política-judicial, inseguridad jurídica, corrupción, daño al medio ambiente, acelerado deterioro del ecosistema y muchas otras ilegalidades que son parte de la cotidianidad.

Según índices elaborados por World Justice Project (WJP) sobre el Estado de Derecho en la región, Bolivia ocupa el puesto 29 (de 32 países AL y Caribe); en niveles de corrupción Bolivia ocupa el puesto 31, Respeto a los derechos fundamentales puesto 28, Cumplimiento de la normativa puesto 28, Justicia civil puesto 31 y Justicia penal puesto 31.

Cito algunos ejemplos que condicen con los índices de WJP: La CPE atribuye al estado la obligación de adoptar medidas de protección en favor de las mujeres contra la violencia física, sexual o sicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Pese a la certidumbre constitucional, los feminicidios se han normalizado en el país, tolerados por un aparato estatal ineficiente y socapados por una justicia pútrida. Según la oficina de ONU Mujeres en Bolivia, el informe de Naciones Unidas 2022, con datos de la CEPAL, señala que Bolivia tiene el índice más alto de feminicidios en Sudamérica y ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica y el Caribe.

Otro ejemplo revelador es la violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas; a la titulación colectiva de tierras y territorios; a ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas que les afecte y a participar de los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Nada de esto se cumple, muchos episodios luctuosos dan cuenta del trato ilegal y abusivo de los gobiernos del MAS hacia los pueblos indígenas, particularmente del oriente boliviano (violaciones en Chaparina, en el Tipnis, en marcha de indígenas del oriente 2021).

Otro tema que angustia a los bolivianos es la devastación del ecosistema. La CPE declara que el agua, los bosques y la biodiversidad son recursos naturales de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. La Constitución protege ampliamente los recursos hídricos, la biodiversidad, las áreas protegidas y los recursos forestales y le atribuye al estado su administración y la debida responsabilidad en función del interés colectivo. Sin embargo, el gobierno sumido en el contubernio político y la corruptela no hace nada para evitar el desastre ecológico que puede ocurrir en Bolivia por la quema de bosques, pérdida irreparable de flora y fauna, deforestación de áreas protegidas y contaminación de ríos. 

Nada de lo estatuido en la Constitución ha sido honrado por los gobiernos del MAS. Por el contrario, han gobernado a fuerza de violar leyes, corrompiendo la conciencia de los bolivianos y trastocando valores. Ningún sentimiento ni deber patriótico aflora en ellos. Nada los conmueve ni sensibiliza y tampoco nada los intimida. Si leyeran la Constitución, al menos los artículos que configuran sus obligaciones y responsabilidad como gobernantes, tal vez podrían cambiar de actitud. El artículo 124.I.inc.2 de la CPE establece: “comete delito de traición a la patria, la boliviana o el boliviano que viole el régimen constitucional de recursos naturales”.